CRÍTICAS

Un acuerdo que cerró el gobierno con la empresa de cable Multicanal S. A. -cuyos propietarios son los canales 4, 10 y 12- generó críticas de distintos actores del Frente Amplio, que cuestionaron la decisión y solicitaron información.

Según informó ayer La Diaria y confirmó El País, el acuerdo con la compañía implicó un pago de US$ 2,5 millones, porque la firma amenazaba con un juicio por perjuicios generados en los últimos años, en gobiernos del FA. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria señalaron que el acuerdo no fue extraordinario, y que sobre el final de la Presidencia de José Mujica (2015) se había llegado a uno similar con la empresa Cablevisión, por una cifra de aproximadamente el triple a la pactada en este caso.

El conflicto con Multicanal tiene su origen en 2011, cuando el entonces gobierno de Mujica exhortó a las empresas de televisión para abonados a que dejaran de operar en frecuencias de banda de 2.500 a 2.690 megahercios, porque era una banda de frecuencia que se buscaba reservar para la telefonía. Multicanal no lo hizo y, a partir de 2019 -cuando se subastó el usufructo de esta banda y la empezaron a usar Movistar y Antel- esta empresa empezó a sufrir, como consecuencia de esto, interferencias en la señal.

Pero además de este aspecto, según contaron a El País las fuentes ministeriales, en un juicio con el Estado la empresa iba a hacer pesar que contra la subasta de 2019 -que se realizó en diciembre de ese año, luego de las elecciones- presentó recursos suspensivos que ni siquiera fueron tramitados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

“Esto era un argumento que iban a usar” en el juzgado, señalaron.

De todas formas, el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos anunció en Twitter que presentó un “pedido de informes para conocer antecedentes y fundamentos” sobre esta resolución, y criticó que el acuerdo se llevara a cabo con informes técnicos de la Ursec que no avalaban el reclamo.

Por eso es que, en su solicitud de información, Olmos pidió conocer en detalle los documentos que tuvo en cuenta en Poder Ejecutivo, copia del contrato -aunque todavía no está firmado- y el “dictamen del Tribunal de Cuentas en relación al acuerdo transaccional alcanzado”.

Y en otro tuit, agregó: “Espero que el gobierno no vuelva a ceder ante las amenazas de juicio de una empresa, en este caso con informes jurídicos que lo respaldan”, aseveró al comparar esta situación con la empresa belga Katoen Natie, quien firmó un contrato con el Poder Ejecutivo para operar durante 50 años más en la terminal especializada del puerto de Montevideo, también en un contexto en el que amenazaba con un juicio al Estado, aunque en este caso era multimillonario.

Otro crítico con este acuerdo con Multicanal fue Gustavo Gómez, extitular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) quien también en la red social Twitter aseguró que el gobierno sentó un “pésimo antecedente que puede traer más juicios y reclamos de igual trato”.

En diálogo con La Diaria, el actual titular de Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, dijo que el Ejecutivo procuró dar solución a una “herencia del gobierno anterior”.