Modifican pliego a último momento

El director blanco de ANP se opuso y dice que el ente se perjudica económicamente.

El gobierno está acelerando todos los pasos para que pueda comenzar el complejo proceso de inversión necesario para que se construya la segunda planta de UPM en el centro del país, en las cercanías de Centenario, Durazno. Obviamente, quiere poder mostrar en el año electoral que empezó a andar la mayor inversión privada en la historia del país que espera que genere 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Por eso accedió el mes pasado a modificar a último momento el pliego de condiciones para conceder una terminal para el acopio y el embarque de celulosa en el puerto de Montevideo lo que provocó el rechazo del representante opositor en el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, que representa en el órgano al sector del senador blanco Luis Lacalle Pou. Tras varias postergaciones, está previsto que la apertura de las ofertas se realice el próximo 9 de enero y se espera que la única empresa que se presente sea UPM que es la única que hasta el 20 del mes pasado había adquirido el pliego correspondiente.

Originalmente, el pliego establecía que el concesionario se obligaba a captar y atender una demanda mínima de 1,8 millones de toneladas al año durante la ejecución del contrato y en función de ello pagar un canon. Sin embargo, los dos directores oficialistas de la ANP, Alberto Díaz (presidente) y Juan Domínguez (vicepresidente) votaron en una sesión especial algunos cambios. Uno de ellos establece que desde que el puerto (la terminal) esté operativo o desde los 36 meses a partir de la firma del contrato hasta el final del quinto año el concesionario deberá abonar la tarifa por el volumen real de lo movilizado (que puede llegar a ser inferior a los 1,8 millones de toneladas al año originalmente previstos).

Curbelo dijo a El País que este cambio supone que la ANP podría perder ingresos que tenía previstos por al menos US$ 6 millones durante un período que puede ser de tres años en un momento en que debe afrontar importantes inversiones como el nuevo viaducto de ingreso al puerto de Montevideo. "De aprobarse las modificaciones solicitadas, se perjudica directamente a la ANP al eliminarse el mínimo de toneladas según lo establecía el pliego y se coloca en una situación de desigualdad jurídica y financiera a otros operadores con áreas concesionadas. (...) Cualquier modificación a la baja de este mínimo compromete seriamente los intereses y objetivos del proyecto, al menos, en lo que a la ANP concierne, teniendo una importante disminución en los ingresos proyectados", explicó Curbelo en su fundamentación de voto.

Otro aspecto que cuestionó Curbelo es que para el comienzo de las obras baste con la aprobación parcial de los distintos paquetes de documentación que presente el concesionario. "La autorización para el comienzo de la ejecución contractual debe ser una vez que se apruebe la globalidad o totalidad de los paquetes. (...) De cambiarse las condiciones, la ANP se encontrará ante un proceso de contratación y de ejecución contractual con falta de certeza jurídica y administrativa respecto a la validez de la documentación total contenida en los paquetes respectivos y el riesgo de falencias administrativas en los contenidos documentales puede provocar vicios de juridicidad en el marco del contrato", escribió Curbelo. Según, el director blanco los técnicos de la ANP se oponían a los cambios adoptados.

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El presidente de la ANP, Alberto Díaz, rebatió los argumentos de Curbelo y dijo que "no hay nada extraño" y los cambios son "razonables".Es habitual que se hagan cambios a los pliegos, tras recibir preguntas y planteos de los interesados que se incluyen en "comunicados". "Casi todos los pliegos se ajustan", dijo. Díaz suspendió su licencia para participar de la sesión del directorio que aprobó cinco cambios en los pliegos. Díaz entendió que si los cambios se votaban el 2 de enero era demasiado "encima" de la fecha del 9, cuando se abrirán la o las ofertas pese a que legalmente la administración podía introducir modificaciones hasta el martes pasado. De todas formas, Díaz cree que el cambio en cuanto a la carga exigida no perjudicará a la ANP. "Antes de lo que otros piensan se va a producir la cantidad necesaria de celulosa. No se perjudica a nadie", aseguró. Según Díaz, debe tomarse en cuenta "a quienes están interesados formalmente que son los que compraron el pliego y el que presentó la iniciativa", en este caso, UPM. Para el funcionario no es un problema el comienzo de las obras con la aprobación parcial de los distintos paquetes de documentación "si se demuestra que no hay riesgo para las distintas etapas".

El pliego establece que las obras deberán estar terminadas en un plazo de 4 años. Se ubicarán inmediatamente al sur de la terminal de granos de la empresa Obrinel, explicó Díaz. Esto obligará al traslado más al norte de la zona para amarre de buques pesqueros y del dique Tsakos que ha sido objeto de varias postergaciones.

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Las exportaciones totales de productos forestales cerraron un muy buen 2018, año en que superaron a la carne bovina como principal rubro exportador. Según el informe del cierre del año del instituto Uruguay XXI, se vendieron US$1.660 millones de pulpa de celulosa lo que implicó un incremento de 25% respecto a 2017. Este incremento se explicó por un aumento en el precio promedio de exportación de 30%, ya que el volumen vendido cayó 5%. China, Países Bajos e Italia fueron los principales destinos. La nueva planta tendría una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales ampliables hasta en un 11%.

El gobierno ha calculado que cuando esté funcionado a pleno la nueva planta de UPM en Durazno, generaría una recaudación para el fisco de US$120 millones anuales. La producción máxima se alcanzaría a partir del séptimo año de operación.

Las ventas al mundo de celulosa uruguaya se han realizado a precios promedio de entre US$500 y US$600 la tonelada durante los últimos seis años, según surge de la información de Uruguay XXI. El gobierno calcula que de mantenerse aproximadamente los precios actuales de la celulosa se incrementarían las exportaciones de bienes en alrededor de US$1.155 millones.

La inversión en el puerto de Montevideo, en la nueva terminal, estará a cargo del concesionario y rondará los US$250 millones. La Ley de Puertos de 1992 obliga a llamar a licitación para adjudicar espacios portuarios pero es prácticamente un hecho que solamente se presentará UPM a la convocatoria.

El gobierno se apresta a adjudicar formalmente a un consorcio de cuatro empresas la construcción de vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo por el que circulará el denominado u201ctren de UPMu201d que traería al puerto capitalino la celulosa desde la nueva planta de Durazno. Las obras deberían comenzar en enero y tendrían una duración de 36 meses. Han recibido algunas objeciones ambientales.