POLÉMICA POR ARTÍCULO

El Poder Ejecutivo introdujo en la Rendición de Cuentas un cambio en las competencias de las Fiscalías de Estupefacientes y este generó la oposición del Ministerio Público. En el artículo 241 del proyecto, el gobierno plantea que los delitos de lavado de activos que ocurran en el interior del país no sean investigados por los fiscales departamentales -quienes solo podrán solicitar “medidas urgentes e impostergables”-, sino por los fiscales especializados en droga, los que trabajan solo en la capital del país.

Eso, en los hechos, implicaría una nueva tarea para los fiscales que combaten el narcotráfico -que además indagan extorsión, secuestro, terrorismo, falsificación de marcas y lavado de dinero en Montevideo-, y una serie de dificultades logísticas generadas por la distancia entre los investigadores y el lugar de los hechos, según advirtió a El País el fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez.

“La Fiscalía General de la Nación ya tiene una posición clara al respecto, y es que no está de acuerdo”, sentenció el jerarca.

“Los fiscales del interior tienen competencia para actuar contra este tipo de delitos. De esta forma, se van a dificultar sobremanera las investigaciones porque es muy difícil hacerlas a distancia, y el cuerpo de fiscales de la República, así como el de los jueces del interior, están absolutamente capacitados para tratar el lavado de activos”, agregó.

Gómez remarcó que tampoco le parece apropiado que, en caso de aprobarse, fueran justamente los fiscales de Estupefacientes los encargados de asumir la nueva labor, porque la cantidad de trabajo que afrontan a diario ya es “muy importante.

En efecto, para atender esa problemática, el fiscal de Corte, Jorge Díaz -quien se encuentra en Portugal participando de un congreso- creó con recursos del organismo a mediados de abril una tercera fiscalía de Estupefacientes, para aliviar así el trabajo acumulado de la fiscal Mónica Ferrero, y permitirle que se concentrara en las causas de largo aliento.