DE RR.PP. A PRESIDENTE

El jueves de la semana pasada, Fernando Cristino sorprendió a todos y se presentó en la Torre Ejecutiva con la intención de solicitar una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou. El relacionista público no logró su cometido, pero sí le dejó una carta al mandatario.

A través de su programa de radio, Cristino dijo que le habló "de corazón" y leyó "textual" la carta que le presentó al Jefe de Estado.

"Querido presidente, le escribo esta carta como un ciudadano que quiere dialogar para poder terminar con un asunto que es de público conocimiento y quiero darle punto final", dice el comienzo de la misiva.

"En estos momentos que el país vive de pandemia y tenemos que estar más unidos que nunca, quiero que mi tema personal con la vicepresidenta Beatriz Argimón se termine de una vez por todas para poder concentrarme al 100% en mi lucha por trabajar por nuestros queridos extranjeros y ciudadanos que visitan nuestro país, más precisamente en Punta del Este, Maldonado. Departamento al cual que quiero tanto y paso gran parte de mi vida para cumplir mis sueños ayudando a mucha gente dándole trabajo",  agrega.

Cristino indicó que "simplemente" pide "una charla de persona a persona y como cualquier ciudadano que quiere trabajar por su país como usted me entenderá y que también trabajó para estar donde está".

La carta finaliza con: "Espero pronto su respuesta", dijo Cristino.

Cristino volvió a la arena pública en junio una vez que grabó y luego difundió una conversación con la vicepresidenta, donde la jerarca menciona la eventualidad de escuchas telefónicas. El caso tuvo derivaciones políticas y judiciales. Cristino, incluso, amplió una denuncia por amenazas.

La semana pasada, Argimón volvió a referirse a este tema y remarcó: "Nunca hablé de escuchas ilegales". "En un régimen democrático como el nuestro no tienen lugar salvo que la Justicia lo establezca", agregó.

"Para mí es un episodio más que terminado", dijo Argimón.

Además, en dicho audio, Cristino le reclamó que se hicieran gestiones para cobrar US$ 5.000 que le adeuda la Intendencia de Maldonado. Ante esto la Junta Departamental de Maldonado, a pedido de dos ediles del Frente Amplio, creó una comisión investigadora.