Rendición de Cuentas

Feministas también avisan que a la ley de género le faltan fondos

Sin recursos para dar atención a las víctimas en todo el país las 24 horas.

Violencia: dicen que no corresponde al Ministerio del Interior determinar a quién custodiar. Foto: Nicolás Pereyra.
Dicen que no corresponde a Interior determinar a quién custodiar. Foto: Nicolás Pereyra.

El movimiento feminista se sumó a las advertencias en el sentido de que la ley de violencia de género aprobada en 2017 no está debidamente financiada y advirtió que no alcanza con escribir una norma para proteger a las mujeres.

La Intersocial Feminista estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, a la que señaló que se requieren US$ 10 millones para asegurar que haya servicios para atender a las víctimas durante las 24 horas del día durante todo el año y en todo el país, explicó a El País, Soledad González, integrante de este grupo. La activista explicó que actualmente el Instituto Nacional de las Mujeres solamente brinda servicios de atención a las víctimas de 9 a 18 horas en Montevideo, de lunes a viernes, y que en el interior del país esa atención solamente está disponible dos o tres veces por semana y no más allá de cuatro horas por día.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ya había dejado claro que requeriría US$ 10 millones para implementar la ley y el Poder Judicial unos US$ 30 millones. Hasta ahora lo presupuestado son solamente $ 80 millones que se destinarán a la compra de "tobilleras", a dar soluciones habitacionales a las víctimas y a campañas de bien público.

González consideró también que "es un problema grave institucional" que la Suprema Corte de Justicia haya dejado entrever que no aplicará la norma y cuestionó duramente el artículo 83 del proyecto de la Rendición de Cuentas porque, a su juicio, da la potestad al Ministerio del Interior de determinar a qué víctimas brindará custodia y a cuáles no. Este artículo establece que "solo podrá decretarse como medida de protección una custodia personal, siempre que la persona se encuentre comprendida en el sistema nacional de atención y protección integral a víctimas y testigos de delitos y previo informe del Ministerio del Interior favorable respecto a la efectividad y viabilidad de tal medida. "Asimismo, deberá contarse con el consentimiento expreso de la víctima o en su caso el denunciante que se encuentren dentro de un programa de protección del sistema referido. La permanencia del beneficiario en el sistema de protección estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que supone la medida de custodia personal; en caso de incumplimiento, la medida cesará en forma inmediata, lo cual será comunicado al juez competente", agrega.

González cree que esta disposición "es bastante grave porque ¿hay víctimas buenas y malas?, ¿algunas no merecen protección?, ¿se las cuidará según su comportamiento?".

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que comparte esta objeción porque el artículo supone "una invasión de la competencia judicial" porque la Policía "es auxiliar de la Justicia que si dispone que alguien debe tener custodia, debe tenerla".

González dijo también que con la asignación presupuestal prevista no habrá recursos para crear juzgados multimateria que "responden a una necesidad, porque hoy las causas pueden estar en tres juzgados con jueces que no están conectados entre sí".

Aun así, González consideró que hay partes de la ley que son valiosas, están vigentes y no cuestan dinero, como los cambios en el tratamiento judicial del abuso sexual que ya no será considerado un "atentado violento al pudor".

La norma requeriría la creación de 500 cargos

El diputado nacionalista Pablo Abdala había considerado que "tal como están las cosas, eso (la ley) es letra muerta" en tanto, Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia había señalado a El Observador que "es muy cara esta ley" y que "habría que darle un presupuesto enorme". "Por eso miro con mucha reserva que sea aplicable. Habrá que hacer lo mejor posible", opinó.

De todas formas, el Frente Amplio ya anunció que rechaza postergar la aplicación de la norma, como había sugerido Abdala. La activista Soledad González consideró que la ley puede llegar a ser "una cáscara vacía".

El Poder Judicial informó al Parlamento que para poner en funcionamiento la norma se deben crear más de 500 cargos para desempeñarse en 33 juzgados nuevos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)