Interna oficialista

En el oficialismo también le piden un “gesto político” al legislador de la 711.

Era esperable, pero no por eso deja de ser un golpe para el Frente Amplio, el lapidario fallo del Tribunal de Conducta Política contra el senador Leonardo De León. La mayoría de los sectores coinciden en la necesidad de sancionarlo y hasta le piden un "gesto político", como antes lo hicieron con el exvicepresidente Raúl Sendic.

Las conclusiones del organismo —que consideró que De León incurrió en "múltiples actos indebidos en perjuicio del patrimonio público"— estuvieron ayer sobre la mesa en el Secretariado Ejecutivo. La Lista 711 argumentó que no fue conveniente la divulgación del informe un día después del Congreso del pasado fin de semana. Varios sectores coincidieron en que hay que evitar enfrentamientos públicos y comenzar a negociar una salida de cara al Plenario del 15 de diciembre, donde se tratará el informe sobre De León y otros 16 casos, entre los que se encuentra el del exvicepresidente y líder de la Lista 711 Raúl Sendic.

Por lo que ahora en la interna oficialista negocian para acordar una sanción tanto a Sendic como a De León. Según supo El País se analiza la posibilidad de inhabilitar a De León a que integre la Lista 711 para el 2019. Por lo que la sanción sería muy similar a la que se le pretende aplicar al exvicepresidente para que no encabece la hoja de votación al Senado.

El contenido del informe era previsible, pero no por eso complica menos al oficialismo. "Era posible imaginar un informe de estas características. Porque esto es un golpe importante para la imagen del Frente Amplio, para la imagen de nuestro gobierno, debe estar en la inteligencia colectiva encontrar la mejor salida posible", dijo a El País el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela. En su opinión "es absolutamente fundamental" que la ética en el manejo de los dineros públicos sea una guía, así como "cuidar al compañero". "Me opongo a cualquier tipo de linchamiento, debemos ajustarnos al debido proceso y el Tribunal es una garantía", afirmó. A eso agregó: "No podemos terminar este año y comenzar el año electoral con esta carga de resoluciones que debimos haberlas encarado en su momento. Ahora estamos en condiciones para definir estos temas".

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que "fue un mazazo" el documento que condena el comportamiento de De León con las tarjetas corporativas de ALUR. Si bien no quiso hablar de los contenidos, opinó que desde su punto de vista este no era el momento oportuno para divulgar el documento.

Por su parte, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi señaló que si bien era esperada la resolución del Tribunal de Conducta, "es un pronunciamiento que es inapelable, que no deja lugar a dudas o a dos interpretaciones porque se expidió con claridad y coherencia. Además se le da la oportunidad a De León de presentar sus descargos y él no lo hace". Para Pozzi, "no queda mucho más por hacer" y el Plenario del Frente debe adoptar una medida.

"El Plenario estudiará una serie de posibilidades que hay. Pero hoy está todo muy verde. Nosotros lo que esperamos tanto del senador De León como de Sendic es un gesto que ayude a destrabar una situación muy delicada", finalizó.

Por su parte, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) prefirieron no opinar acerca del informe del Tribunal y aseguraron que optaron por no hacer declaraciones hasta el sábado 15, cuando se celebre el Plenario.

La Lista de Sendic salió ayer públicamente a defender al senador De León, quien pidió licencia en el Senado por "motivos personales". El que asumió como suplente fue el diputado Saúl Aristimuño, (Lista 711) quien advirtió que se puede dar una "fractura" del Frente Amplio si el Plenario sanciona a Sendic y De León.

"Estamos en esta batalla fratricida, que algunos venimos advirtiendo hace mucho tiempo que corremos el riesgo de una fractura. Si seguimos así vamos rumbo al precipicio y estamos hipotecando la chance de ganar el cuarto gobierno", agregó en rueda de prensa. Además enfatizó que "se corre el riesgo de proscribir a un compañero, algo que solo los milicos lo hicieron en la dictadura".

En declaraciones a radio Uruguay, Aristimuño opinó que el Tribunal de Conducta es un "supremo tribunal divino por encima de la Justicia". Y agregó: "Hemos escuchado palabras de éticos y ultraéticos pidiendo sanciones. Si se investiga a esos, se van a encontrar con muchas sorpresas", acotó.

El País trató de comunicarse ayer con el senador De León para conocer su posición sobre el dictamen del Tribunal de Conducta, pero no contestó las llamadas.

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) , Ricardo Gil Iribarne, dijo que los gastos de Leonardo De León (Lista 711) con las tarjetas corporativas de ALUR son "corrupción" desde el "plano conceptual" que establece la ley, pero no configuran un delito porque los cargos en ALUR no son públicos.

En declaraciones al programa Todo Pasa de Océano, Gil Iribarne dijo que vio con "satisfacción" el informe del Tribunal de Ética del Frente Amplio que condena la conducta de De León en el uso de las tarjetas corporativas, y lo calificó de "serio" y "fundado".

Diputado Iturralde pide por escrito reabrir el caso judicial

Luego de que el Frente Amplio rechazara apoyar un juicio político contra el senador Leonardo De León (Lista 711) y tras conocerse el informe del Tribunal de Conducta que condena al expresidente de ALUR, el diputado nacionalista Pablo Iturralde pedirá reabrir el caso a nivel judicial.

En un dictamen que generó polémica, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió este año el archivo de la causa contra De León por entender que no se aplica el derecho público, sino el privado, al tratarse de una empresa que funciona bajo esa órbita.

De todos modos, en el fallo señalaba que el expresidente de ALUR hizo un "uso discrecional de tarjetas corporativas" de la empresa en el país y en el exterior, "por sumas significativas y sin rendir cuentas". Por lo que concluyó que incurrió en conductas contrarias "al principio de probidad" y honradez. El criterio aplicado por Pacheco para pedir el archivo del caso no es compartido por Iturralde, quien decidió esta vez apelar a la figura del fiscal de Corte Jorge Díaz. "Voy a pedir reabrir el caso y voy a convocar al directorio de Ancap al Parlamento, a que explique por qué no denunció los hechos de apariencia delictiva por el uso de las tarjetas corporativas", dijo Iturralde.

El diputado sostuvo que el informe del Frente Amplio afirma que los viáticos se emplean para pagar la comida y el hospedaje, pero al mismo tiempo se usa la tarjeta. "Cobró dos veces por la misma cosa y eso es peculado", advirtió. Desde su punto de vista, De León era un funcionario público.