Dolor de cabeza para el oficialismo

Se iniciará diálogo entre sectores de cara al Plenario.

En un mes, el Frente Amplio tiene intenciones de poner punto final al caso del exvicepresidente Raúl Sendic. De acá al 15 de diciembre, fecha en que se celebraría el Plenario, se negociarán los votos para sancionar al líder de la Lista 711 que pretende continuar su campaña.

El primer paso lo dio el presidente de la coalición Javier Miranda, cuando encomendó al exmandatario José Mujica y al secretario general del Partido Comunista Juan Castillo hablar con Sendic. La reunión se hizo el lunes a primera hora de la mañana en la chacra de Rincón del Cerro. La misma, que ayer fue el escenario de otro encuentro entre Mujica, Miranda y Castillo.

El encuentro se hizo sobre las tres de la tarde y todos se retiraron sin hacer declaraciones acerca de los resultados obtenidos en la reunión con Sendic. Más tarde, a la hora 19, Miranda se encargó de dar una conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio, donde evitó dar cualquier detalle de lo conversado con el exvicepresidente.

Según supo El País, Sendic no tiene intenciones de bajarse de la campaña que está haciendo a pesar de las continuas presiones que viene recibiendo en la interna del oficialismo. Entre otros le pidieron que opte por dar un paso al costado la vicepresidenta Lucía Topolansky, el intendente de Montevideo y precandidato Daniel Martínez y la otra precandidata y ministra Carolina Cosse, que opinó debería tomarse "un período de reflexión". Ahora se negocian internamente acuerdos para alcanzar los cuatro quintos necesarios para una sanción, aunque no hay consenso sobre cuál debería ser. La misma puede ir desde una suspensión, hasta una inhabilitación para candidatearse a cualquier cargo.

Con la reunión con Sendic, el Frente inició un proceso de diálogo para alcanzar una fórmula de acuerdo de cara al Plenario posterior al Congreso. Se espera que en las próximas horas se realicen reuniones entre diferentes sectores para tratar de alcanzar un acuerdo, indicaron las fuentes. En los hechos es muy difícil alcanzar esta cantidad de votos exigida en el estatuto de la coalición.

En la reunión con Mujica y Castillo, Sendic dejó en claro que está dispuesto a que se hable con su sector, dijo estar disponible para hacer campaña y no afirmó ni desmintió si será candidato al Senado.

En conferencia de prensa, Miranda evitó dar detalles de lo conversado con Sendic y explicó que pidió a Mujica y Castillo que hicieran el contacto porque en determinados momentos "es mejor buscar interlocutores que faciliten los diálogos".

"No voy a manejar públicamente los contenidos (del encuentro) porque no corresponde cuando hay procesos de diálogo. Mantuvimos una reunión analizando la situación, desde luego son conversaciones políticas", explicó. Cauto para declarar, Miranda dijo que el Plenario que se convoca para analizar los casos de conducta todavía no fue aprobado, aunque probablemente se celebre el 15 de diciembre. Además del informe sobre Sendic hay otros 16 casos en carpeta, incluido el del secretario general de la OEA Luis Almagro y el del diputado "rebelde" Darío Pérez, que no votó algunos artículos del Presupuesto.

Miranda defendió ayer el trabajo del Tribunal de Conducta. "Es un órgano fundamental al que respaldo ampliamente por razones estatutarias y este es el camino que tiene que seguir", afirmó. En el caso de Sendic, el organismo concluyó que este incurrió en conductas "inaceptables" en el manejo de los dineros públicos.

Los votos de la bancada del Frente Amplio le devolvieron el alma al cuerpo al senador Leonardo De León (Lista 711, de Raúl Sendic), con la extinción del trámite de juicio político iniciado en el Parlamento por el diputado nacionalista Pablo Iturralde (Mejor País). La razón fue una serie de gastos efectuados con la tarjeta corporativa de ALUR cuando De León presidió la subsidiaria de Ancap que funciona en el ámbito del derecho privado, aunque con fondos públicos. En nombre de la comisión legislativa que estudió el pedido, donde el Frente Amplio ya había tenido mayoría para anular la gestión de Iturralde, el diputado Pablo González informó al plenario que no se dio la comisión de un delito grave o una violación de la Constitución. "La justicia falló archivando el caso porque no hubo delito ni violación constitucional", dijo González. Iturralde se basó en observaciones de la Jutep. González respondió que el organismo "dijo en la comisión que el marco legal existente no se ajusta a lo que analizan y que se debe modificar el marco penal". Iturralde sostuvo que en la sesión "se está juzgando la conducta de un gobernante que fue designado desde el Estado, que no es un privado, no es el de Fripur, lo designó el Estado, este avión lo pagó la gente y tiene derecho a saber lo que costó y lo que gastaron" en los viajes. El Tribunal de Ética del Frente Amplio estudió la situación del senador, pero su informe nunca se dio a conocer.