Diversidad

El FA estudia un cambio drástico a la ley "trans"

No habrá hormonización ni cambio de sexo para los niños.

Marcha por la Diversidad. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

La bancada del Frente Amplio estudia la posibilidad de modificar un aspecto sustancial del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre los derechos de las personas transgénero.

La modificación que se planteó ayer en la reunión de la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado por parte de legisladores del oficialismo tiene que ver con no permitir los tratamientos hormonales o la operación de cambio de sexo para los menores de edad sin el consentimiento de los padres o una autorización legal, cosa que la iniciativa del gobierno que está a estudio del Senado efectivamente permite.

Los senadores del Frente Amplio tratarán en estos días de preparar una redacción que determine entre qué edad y los 18 años se podrá acceder a esos procedimientos con autorización parental o legal.

En el caso de los niños se mantendrá la legislación como hasta ahora, es decir que no se permitirá una hormonización o cambio de sexo a un niño aunque lo consientan los padres. Para los adolescentes, siempre hablando de menores de 18 años, la redacción busca precisar que podrán practicarse el tratamiento con hormonas o el cambio de sexo con el permiso de los padres o la intervención judicial.

La bancada del Frente Amplio convocó al ministro de Salud Pública Jorge Basso para que brinde su opinión sobre la modificación propuesta.

Los senadores de los partidos de la oposición, mientras tanto, esperan a conocer la propuesta definitiva antes de decidir si apoyarán el proyecto.

Cambio.

El actual proyecto del gobierno señala al respecto que "todas las personas mayores de 18 años de edad podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa".

Pero en cuanto a los menores de 18 años de edad señala que "deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de estos de la realización del trámite, y en todo caso prestando su anuencia expresa al mismo".

Y añade que "en caso de no obtener la anuencia de sus representantes legales, la persona solicitante podrá recurrir a la vía establecida en el artículo 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso, donde se deberá tener en cuenta el interés superior del menor y lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño, y será de aplicación lo establecido en el artículo 8 de la ley 17.823, de fecha 7 de setiembre de 2004".

Esta situación de los menores es, básicamente, la que los miembros de la bancada del Frente Amplio pretenden modificar.

Ciencias sociales.

Asimismo, en su sesión del 27 de setiembre, el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales resolvió pronunciarse favorablemente sobre la aprobación de la ley integral para personas trans, "manteniendo los conceptos rectores del proyecto originario emanado del Consejo Nacional de la Diversidad Sexual y remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento".

La resolución, publicada en el sitio web de la Facultad de Ciencias Sociales de UdelaR, se adoptó en el marco de la "discusión parlamentaria y el debate público en torno al mencionado proyecto de ley" y se informa que se basa en los fines de la Universidad de la República como la defensa de los principios de justicia, libertad y bienestar social, entre otros. Además, se hace referencia a la participación de la Udelar en el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, donde fue elaborada la propuesta de ley.

En el texto aprobado se hace especial referencia a la "situación de precariedad que viven muchas personas trans en Uruguay, basada en la discriminación y exclusión por identidad de género, cuestión incompatible con la justicia, la libertad y los derechos humanos". Según expresa el Consejo, la situación de las personas trans está "estructuralmente marcada por la falta de derechos y oportunidades de acceso al sistema educativo, el mercado de trabajo, la salud y el espacio público".

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