RECURSOS

La bancada del Frente Amplio no comparte la idea de algunos diputados nacionalistas de posponer la vigencia de la ley de violencia basada en género, aprobada a fines de 2017.

El planteo hecho por los blancos se explica en que para implementar la mencionada iniciativa se necesitan $ 943 millones (unos US$ 30 millones) que hoy no están incluidos en la Rendición de Cuentas.

El diputado frenteamplista Jorge Pozzi adelantó que no está en el pensamiento de los oficialistas posponer la ley, y dijo que esta tarde comenzará en la bancada la discusión por los recursos.

Una posibilidad es que se busque reasignar recursos que ya están previstos en la Rendición de Cuentas.

La ley apunta a garantizar el derecho de las mujeres de todas las edades, incluidas las personas trans, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales o situación de discapacidad, a vivir sin soportar actos de violencia basada en género.

El diputado nacionalista Pablo Abdala impulsa la idea de postergar esta ley de violencia de género, o al menos el capítulo 5 que es el que regula los aspectos vinculados con los procesos judiciales, procesos de protección y medidas cautelares en beneficio de las mujeres que sufren ese tipo de violencia.

El Poder Judicial informó al Parlamento que para esa ley debe crear más de 500 cargos para trabajar en 33 juzgados nuevos que necesitan jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios administrativos.

La ley atiende la violencia física, sexual, sicológica, contras las mujeres. También aborda los prejuicios sobre la orientación sexual y y la situación económica y patrimonial y la violencia simbólica, obstétrica y laboral, el acoso sexual callejero, la violencia política y mediática además de la doméstica e institucional.