PROGRAMA DE GOBIERNO OFICIALISTA

La moción presentada por comités de base se analizará en el Plenario de programa. 

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Derogar o revisar las exoneraciones impositivas del Estado a la educación privada. Rechazar las pruebas PISA y revisar la repetición como política educativa son algunos de los planteos que se pretenden incluir en el programa del Frente Amplio.

Todo está sobre la mesa y deberá ser el Plenario, máximo órgano de la coalición, el que defina el próximo sábado 16 si se incluyen estas propuestas que no llegaron a ser aprobadas en el Congreso del mes de diciembre por falta de tiempo. Antes de la instancia, referentes de los sectores y cabezas de listas se reúnen para negociar el contenido final del documento programático. Es justamente en el eje educativo donde se centran las mayores diferencias internas.

Como primera definición, la izquierda apunta a “fortalecer y defender la educación pública estatal, construyéndola nuevamente como la opción más valiosa, democrática, laica, inclusiva, justa e igualitaria en el ejercicio de todos los derechos”, señala el texto borrador al que accedió El País. A su vez, en el documento a consideración se resaltan como valores fundamentales de la enseñanza: la universalidad, integralidad, laicidad, gratuidad y obligatoriedad de los cursos hasta sexto año de liceo.

No solo se busca priorizar la educación pública dentro del programa del FA, sino que se propone la revisión de la creciente inversión estatal en formas de gestión privada, aunque no se nombra directamente a liceos como el Impulso o Jubilar. Este agregado obtuvo en la comisión interna, que funcionó durante el Congreso, un apoyo del 20% de los presentes.

Asimismo, otra propuesta (formulada por varios comités de base) dispone la necesidad de “iniciar un proceso de derogación del marco legal” que establece la renuncia fiscal a través de devoluciones impositivas a los privados que realizan donaciones, algo que se había querido incluir antes en varias oportunidades en la Rendición de Cuentas y no se logró. Esta moción -que será considerada en el Plenario- obtuvo “aprobación mayoritaria” en la comisión.

Desde el comité del Parque Posadas se pidió desarrollar y fortalecer la educación pública estatal mediante la adopción de “rigurosos controles de modalidades provenientes del espectro privado a fin de defender la universalidad de la educación y desterrar selecciones excluyentes”.

En lo que refiere al sistema público, el Frente Amplio se compromete a “mantener y profundizar” los principios de la autonomía y cogobierno. Se pretende que funcione con independencia de los poderes político partidarios. Esto se resume en un concepto que se repite varias veces: “educación emancipadora, autónoma y cogobernada”.

Como principio general se afirma que la resolución de los problemas de la educación no descansa centralmente en la ampliación de márgenes de autonomía de los centros educativos, como se reclama por parte de la oposición y se aplica por medio de planes como el Pro-Mejora, que quedó en el olvido. La autonomía de la que habla la izquierda es la que hace referencia a la mayor independencia profesional de los educadores.

Además, el Frente se propone una “educación inclusiva” que integre a personas en situación de discapacidad, estudiantes lesbianas, bisexuales, transexuales y gais (LGBT), inmigrantes, afrodescendientes y población cuyos derechos sean vulnerados.

“Se deben tener siempre presente los diferentes tiempos y modalidades en los aprendizajes de los estudiantes, sea cual sea su edad. Desde esta perspectiva y en esta práctica educativa, hablar de repetición carece de sentido”, señala el documento. No sin antes reconocer que en la educación media básica hay “un alto grado de repetición”, ya que un estudiante de cada cuatro debe volver a cursar. Ante esta panorama se coloca sobre la mesa la revisión de los planes, programas y del régimen de evaluación y también de pasaje de grado.

El comité “El Hervidero”, de Minas, plantea ir más allá y rechazar las pruebas PISA. Esta moción fue tratada en la comisión de educación del Congreso y cuenta con los votos suficientes para ser considerada en el Plenario.

De cara a un eventual cuarto gobierno, se pretende un mayor impulso a la educación media tecnológica y a la educación media profesional. Uno de los objetivos pasa por la elaboración de un Plan Nacional de Educación que oficie como hoja de ruta. Para llevarlo adelante se señala como elemental continuar incrementando la inversión en educación pública estatal, partiendo del 6% del PIB más el 1% para investigación. Esta meta ya había sido incluida en el programa anterior, pero nunca se cumplió.

Asimismo, se incluyó dentro del documento un párrafo que busca jerarquizar las resoluciones que se adoptan en el Congreso de la Educación que fue creado en 2009 y se reúne cada dos años. En concreto se reclama que las directivas sean “respetadas y vinculantes” para la elaboración de las políticas de gobierno.