Elecciones 2019

Pretende limitar cantidad de debates entre candidatos.

La bancada del Frente Amplio está dispuesta a apoyar el proyecto de ley del diputado Fernando Amado para hacer obligatorios los debates presidenciales, siempre y cuando se establezca la cantidad de instancias de este tipo se deben realizar en la campaña electoral.

El proyecto de Amado está en el Parlamento desde noviembre de 2015, es decir justo hace tres años y señala la obligatoriedad de sostener debates entre los candidatos a la Presidencia de la República.

Amado comenzó su ronda de consultas personales con los precandidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Daniel Martínez (Frente Amplio) porque hoy lideran sus respectivas internas.

La iniciativa fue considerada ayer en la bancada del Frente Amplio, donde según supo El País hay disposición de aprobarla. Sin embargo, se pretende realizar algunos cambios que permitan de alguna forma regular las condiciones por las que se darán los debates entre candidatos.

También se pretende detallar la forma en que se instrumentarán los debates como forma de regular todo lo que sea el intercambio político entre los que se postulen a las elecciones nacionales. "El Frente Amplio está analizando la situación y lo ve con buenos ojos siempre y cuando el proyecto pueda recibir algunas modificaciones que permitan privilegiar lo que se quiere privilegiar, que el debate sea un instrumento y una herramienta para que la ciudadanía conozca la opinión, el programa y las ideas del partido", dijo a Telemundo el diputado Alejandro Sánchez.

La iniciativa de Amado establece que deberá haber al menos un debate entre candidatos, que será dentro de los plazos legales para hacer campaña, y que serán transmitidos en vivo por cadena nacional de radio y televisión en horario central.

De acuerdo al proyecto original presentado por el exdiputado colorado y ahora integrante del espacio socialdemócrata que lidera el senador Pablo Mieres, los debates "deberán observar los principios de trato equitativo e imparcial para y entre los participantes", añade el proyecto.

También se señala que los partidos políticos "que se nieguen a participar en los debates no percibirán la contribución del Estado para los gastos de la elección nacional" previstos en la ley 18.485, la cual es una de las principales fuentes de ingresos.