Regulación por ley

Extreman el combate a la corrupción en todo el Estado

Iniciativa del FA legisla sobre regalos, colectas y alcanza a las paraestatales.

Por Arotxa
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De aprobarse una ley que impulsa como prioridad el Frente Amplio, según adelantó a El País la propia vicepresidenta Lucía Topolansky, en adelante cambiará el concepto de funcionario público: "El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario", será el nuevo rumbo si se aprueba la ley.

Así, la iniciativa que está en la comisión de Constitución y Legislación del Senado firmada por los dieciséis senadores del Frente Amplio impedirá algunas situaciones, varias de las cuales son cotidianas en los organismos estatales, incluyendo el Poder Legislativo y las empresas con paquete accionario público, pero que se rigen hoy por el derecho privado.

Por ejemplo no podrá haber colectas para hacerle un regalo al jefe el día de su cumpleaños, ni tampoco para celebrar el nacimiento del hijo de un compañero de la oficina o con motivo de su casamiento.

Algo no tan frecuente pero que no se podrá dar más es que haya jerarcas y parientes (familiares directos, esposos o concubinos) en la misma oficina.

Tampoco formar un comité político o actividades proselitistas en la oficina pública, algo que expresamente impide esta iniciativa. Se penaliza el mal uso de los recursos públicos por medio de viáticos para jerarcas o el uso de las tarjetas corporativas en beneficio propio, haciéndose obligatorio, incluso para los legisladores que están comprendidos en la norma, la rendición de cuentas.

Este proyecto llega al Parlamento sobre el final de la Legislatura, luego que se produjera una polémica pública tanto a nivel político como en la Justicia, con los casos de uso de tarjetas corporativas por parte del exvicepresidente Raúl Sendic y del senador frenteamplista Leonardo de León.

senado.  Hoy habrá uno de los últimos debates del año en el Parlamento y será por la Rendición de Cuentas correspondiente a 2017. Foto: Gerardo Pérez.
Foto: Gerardo Pérez.

La presidenta de la Asamblea general Lucía Topolansky, aseguró a El País que este proyecto es una de las prioridades de la bancada del Frente Amplio de cara al último tramo de la Legislatura, junto con el proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el financiamiento de los partidos políticos y sus respectivas campañas electorales. La idea de la conductora de la bancada frenteamplista es que el proyecto sobre ética en la función pública "sería muy importante que se aprobara porque ya queda para el futuro", dijo.

En el articulado se expresa que los funcionarios públicos deberán observar los principios de "respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder".

Y que cualquiera de esas conductas o "el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos", los hará pasibles de "responsabilidad administrativa, civil o penal, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes".

Corrupción.

Un artículo entiende que existe corrupción, entre otros casos, en "el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal".

Los funcionarios públicos que cumplen tareas en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente, establece. Dicha rotación deberá ser cada 30 meses continuos en el desempeño de esa función, pudiendo el jerarca prorrogar el cometido, en casos excepcionales fundados en la necesidad del servicio o en la falta de recursos humanos en el organismo, siempre que el resultado de la evaluación de desempeño en el período no arroje observaciones a la gestión.

Se impide a los funcionarios públicos "contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho organismo".

Regalos.

Una disposición impide a los empleados públicos recibir regalos, pero hace una salvedad y señala que hay "regalos permitidos" como en el caso de "las atenciones de entidad razonable recibidas en oportunidad de las fiestas tradicionales en las condiciones que los usos y costumbres admitan".

Asimismo, esta iniciativa alcanza a los representantes del Estado en las entidades que funcionan como persona pública estatal y no estatal. Entre otras obligaciones esos funcionarios deberán "rendir cuentas de su gestión cuando la persona pública correspondiente así lo requiera, estando obligado a hacerlo de forma documentada y comprobable, respecto de la versión, utilización o gestión de los fondos recibidos y administrados y respecto de la utilización de las tarjetas de crédito corporativas".

"Cumplir con estándares éticos" que señala ONU

Para el caso de los jerarcas de las empresas con participación pública que funcionan en el ámbito del derecho privado, la iniciativa señala que "no deben soslayar determinados estándares éticos republicanos como la probidad, integridad, transparencia, eficiencia y eficacia, y rendición de cuentas, entre otros". Este proyecto de ley "refuerza el deber de los funcionarios públicos de rendir cuentas respecto de los gastos en los que se incurriese en el uso de tarjetas corporativas".

La iniciativa "se orienta a cumplir los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Uruguay por la ley 18.056 de 2006.

La ley incluirá la penalización por enriquecimiento ilícito
Los políticos ya están por largar sus campañas para el 2019. Foto: Gerardo Pérez

En la reunión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado de ayer el oficialismo habló sobre la necesidad de incluir este proyecto como prioritario, a lo que se accedió. Además, se propuso incluir entre las normas la esencia del proyecto de ley presentado en su momento por el senador colorado Pedro Bordaberry que establece la figura del enriquecimiento ilícito, dijeron a El País participantes de la reunión. También el proyecto del senador Pablo Mieres del Partido Independiente relativo a los recursos con que cuentan los fiscales a raíz del mayor trabajo debido al CPP. En 2015, en cuanto asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, Bordaberry presentó un total de 45 proyectos de ley. Entre ellos el del delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la incompatibilidad de la actividad pública con la privada para diversos cargos de la administración y la prohibición de publicidad en aquellas actividades monopólicas.

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