REDACCIÓN ALTERNATIVA

Estudian cambiar artículo de la Rendición que sanciona a intendencias por asentamientos

“Tal vez si yo estuviera del lado de ustedes tampoco lo votaría, pero sí creo que es importante plantear el tema y mejorarlo”, dijo en el Parlamento el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch.

El gobierno entregó en el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Foto: Estefanía Leal
El gobierno entregó en el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Foto: Estefanía Leal

La coalición de gobierno trabaja en una redacción alternativa al artículo de la Rendición de Cuentas que establece que los costos implicados en la relocalización de asentamientos deberán ser solventados por las intendencias, cuando se compruebe que los gobiernos departamentales hayan sido omisos en el control para evitar la formación de ocupaciones irregulares, como mandata la ley.

El artículo —que define que el resarcimiento se hará por medio del descuento de las partidas presupuestales que el Poder Ejecutivo envía a las intendencias— generó críticas inmediatas por parte de los intendentes, e incluso fue cuestionado por el diputado nacionalista Rodrigo Blas en la sesión de este miércoles de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la cámara de representantes.

Al ámbito comparecieron, entre otros, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el subsecretario Tabaré Hackenbruch, quien se mostró pesimista respecto al futuro de la disposición en el proyecto del gobierno. Sin embargo, valoró que el tema suscitara la discusión parlamentaria para comenzar a buscar soluciones al problema.

“No sabemos si este artículo saldrá —tengo cierta visión de futuro y estoy convencido de que va a ser muy difícil—, pero sí queremos plantear este tema”, dijo el número dos del MVOT, después de escuchar los cuestionamientos de Blas. Luego admitió que no tenía “ninguna duda” de que el artículo “es muy mejorable” y hasta deslizó que si él estuviera ocupando la banca de un diputado no acompañaría la iniciativa. “Tal vez si yo estuviera del lado de ustedes tampoco lo votaría, pero sí creo que es importante plantear el tema y mejorarlo, y para eso, precisamente, está el trabajo del Poder Legislativo”, insistió.

Los comentarios de Blas apuntaron a que la propuesta era en el fondo “un saludo a la bandera” en cuanto al objetivo que persigue —prevenir la formación de nuevos asentamientos— y que además tenía como consecuencia la vulneración de “las autonomías departamentales” al limitarles “su derecho a la participación en los impuestos nacionales, establecidas por la Constitución”. Dijo también que el artículo contenía “un error en el concepto” y que le faltaba más definición: “¿Cuál es el procedimiento por el cual te voy responder que te voy a castigar? ¿Cuándo me quejo? ¿Cuándo te contesto? ¿Cómo te contesto? ¿Cómo me aplicás lo que me vas a descontar?”, se preguntó.

Sus palabras generaron dos respuestas distintas por parte de la cúpula de Vivienda. La ministra dijo que “es verdad” que la iniciativa podía ser un “saludo a la bandera”, pero que precisamente “el problema es que hay muchas intendencias que ni siquiera toman en cuenta ese saludo a la bandera”.

Hackembruch, sin embargo, no coincidió con esa observación. “No diría que este artículo es un saludo a la bandera porque, si lo fuera, no se estaría discutiendo hoy aquí ni los intendentes estarían preocupados. Y creíamos que era importante ponerlo sobre la mesa”, dijo el jerarca.

La nueva redacción.

El diputado Blas señaló a El País que en la nueva redacción a estudio se está buscando incorporar “algún elemento que facilite la posibilidad de accionar contra los asentamientos”. Se busca dotar a las intendencias de “armas jurídicas para combatir efectivamente la formación de nuevos asentamientos”.

En definitiva, agregó Blas, el nuevo texto nuclea algunos de los aspectos incluidos en dos proyectos de ley a discusión el Parlamento, que buscan eliminar las ocupaciones ilegales. Uno fue presentado por el propio Blas y busca, entre otras cosas, otorgar a las intendencias la “legitimación activa” para solicitar la “inmediata detención de las obras, la demolición de las existentes y la desocupación” cuando se constaten situaciones ilícitas.

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