Política

Hay discrepancias por cumplimiento de la regla del tres por dos.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) siguen distintos criterios sobre el compromiso del gobierno asumido en la Rendición de Cuentas pasada para la provisión de vacantes en el Estado.

Mientras el titular de OPP Álvaro García dijo en el Parlamento que en las empresas públicas se estaba cumpliendo con la disposición que por cada tres personas que se jubilaran se provean dos vacantes (conocida como 3 x 2), el director de la ONSC Alberto Scavarelli negó ayer que ello ocurra en el resto del Estado por dos motivos: no hay una norma legal que lo establezca y en algunos casos se resentirían servicios.

En 2017, cuando se discutió la Rendición de Cuentas, hubo una moción del Partido Nacional para establecer de forma legal el régimen del 3 x 2 que había comprometido el propio ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori. Pero la bancada del Frente Amplio la rechazó, recordó a El País el diputado Jorge Gandini.

"Es verdad lo que dice Scavarelli, no hay una norma que obligue a la administración central pero se supone que el Ejecutivo había dado esa orden", recordó el legislador nacionalista.

Estas informaciones provocaron en la comisión que estudia la Rendición de Cuentas la reacción del diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionando a Scavarelli por no hacer cumplir la disposición, mientras sí lo hace García. Scavarelli informó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados donde se discute la Rendición de Cuentas, que en toda la administración hay actualmente 271.970 personas trabajando en el Estado, aclarando que algunas tienen más de un vínculo, como por ejemplo si es empleado de un ministerio y a la vez docente público. En cuanto a las personas de derecho público no estatal hay 6.700 personas vinculadas, y en las sociedades donde el Estado es el accionista mayoritario son 1.628.

Hay 3.707 vínculos de funcionarios más en 2017 respecto de 2016, un 1,37%, que fundamentalmente están dedicados a salud y educación.

Asimismo informó que actualmente hay funcionarios en el Estado con 57 años de edad o más, y que si se aplicara la jubilación a los 60 años solo en la administración central saldrían unos 6.000 funcionarios.

Este año ha habido nuevos llamados para personas con discapacidad, dijo Scavarelli. Pero advirtió que la implementación de los llamados es "compleja".