Cuestión de oportunidad

Endurecen términos para que el Estado contrate con funcionarios

Proyecto de Rendición de Cuentas restringe aún más los vínculos con la Administración.

El Poder Ejecutivo busca aumentar las restricciones para que los funcionarios no puedan contratar con en el Estado. Foto: archivo El País.
Foto: archivo El País

Descontento con las irregularidades de funcionarios y jerarcas públicos que presentan a sus propias empresas como oferentes para contratar con la Administración y buscan enriquecerse a costa de esos negocios, el gobierno decidió endurecer los términos para contratar con el Estado.

Desde funcionarios de hospitales públicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que montan una empresa de ambulancias para venderle servicios al centro para el que trabajan, hasta directores que miran para un costado, no realizan los correspondientes llamados a licitación y al ver una oportunidad de negocio también forman su emprendimiento, se han conocido casos últimamente.

El artículo 18 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas, que será considerado la semana próxima por la Cámara de Diputados, amplía las restricciones de las formas de contratar con el Estado, modificando el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) que es el que regula los vínculos contractuales en el Estado. De aprobarse la modificación, no podrán contratar con el Estado aquellos funcionarios públicos "del órgano competente para contratar y gastar" que mantengan un "vínculo directo o indirecto de naturaleza laboral o contractual con el mismo, o desarrollar tareas de planificación, supervisión o control sobre el referido órgano".

El abogado en Derecho Administrativo, Diego Gamarra, señaló a El País que si bien el artículo es muy impreciso, sí es más estricto para aquellos funcionarios públicos que contratan con el Estado: "Se amplía la restricción, cuando no solo se refiere a vinculaciones de tipo laboral, sino que se agrega para el término de los contratos", explicó.

El actual artículo 46 del Tocaf apenas establece que no podrá contratar el "funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma". Pero la nueva modificación, es un poco más abarcativa. El funcionario público "no podrá desarrollar tareas de planificación, supervisión o control sobre el referido órgano", puntualiza el nuevo texto.

De todas maneras, para Gamarra, los cambios pueden plantearse perfectamente para aquellos escenarios en los que determinados organismos tengan control sobre otros, por ejemplo, para el caso de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre UTE u OSE. Por otro lado, el abogado señaló que el cambio también podría aplicarse para restringir a aquellos directores de hospitales que son contratados bajo el régimen de comisiones de apoyo (régimen privado) y no son precisamente funcionarios públicos. De todas maneras, el abogado indicó que es necesario estudiar la "naturaleza" de la comisión o asesoría.

Irregularidades.

La oposición política prepara con sus abogados la megadenuncia contra ASSE por una serie de irregularidades en la gestión del organismo. Entre las mismas están justamente las denuncias en el Hospital de Bella Unión, en Artigas, en el que tres funcionarios formaron una empresa de ambulancias para venderle el servicio al propio centro de salud para el que trabajaban.

La empresa de ambulancias contratada en 2013 por el centro de salud pertenece al director del hospital Pereira Rossell, Federico Eguren; el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Rodrigo Barcelona, y el del Hospital de Salto, Marcos García. El nuevo directorio de ASSE, presidido por Marcos Carámbula hizo que las tres direcciones fueran a concurso. El primero y el último fueron a su vez directores del Hospital de Bella Unión entre 2011 y 2014, si bien García cedió su parte de la empresa cuando asumió el cargo en 2013, año en que fue contratada la empresa. La contratación por parte del Hospital de Bella Unión de la empresa ya fue cuestionada de forma unánime por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

Pero en Soriano también se confirmó un escenario similar al ya conocido en el Hospital de Bella Unión, en Artigas. En este caso, la exdirectora del Hospital de Mercedes Patricia Laxaga admitió en abril ante la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento, que firmó facturas para pagarle a su propia empresa de traslados de ambulancia.

Anteriormente la exsubdirectora del Hospital, Cristina Escola, admitió en la comisión parlamentaria que "firmaba lo que me ponían ahí para firmar".

Al ser consultada si lo hacía "sin leer", la exjerarca de ASSE indicó: "Y no, a veces no se puede leer (...) hay cosas que no entiendo, se firman las cosas porque se firman", agregó. El caso junto al de las irregularidades constatadas por el propio organismo en el Hospital de Rivera se encuentran en la megadenuncia. Allí, el entonces director comunista Andrés Toriani pagaba salarios a más de 60 médicos con rubros que no estaban destinados para ello.

Fijan condiciones para ordenar custodia personal

El proyecto de Rendición de Cuentas determina que para habilitar una custodia personal se deberá contar con el consentimiento expreso de la víctima o en su caso el denunciante que se encuentren dentro de un programa de protección del sistema referido.

Añade que la permanencia del beneficiario en el sistema de protección estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que supone esa medida y, en caso de incumplimiento, esta cesará en forma inmediata, lo cual será comunicado al juez.

La disposición propuesta estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días y entrará en vigencia a partir de la promulgación de la Rendición de Cuentas.

A su vez, se crea la Dirección Nacional de Investigaciones, Programa 460, Prevención y Represión del Delito, la que comprenderá a la Dirección General de Información e Inteligencia, a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y a la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. La unidad ejecutora tendrá jurisdicción nacional y dependerá del director de la Policía Nacional.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de Interior, establecerá los montos de los créditos presupuestales necesarios para gastos de funcionamiento e inversiones, los que se transferirán desde la Secretaría del Ministerio.

Opinan los actores políticos.

Martín Lema - Diputado del Partido Nacional
Martín Lema. Foto: Archivo El País
Conducta y norma

"Si bien vamos a estudiar estos artículos, en casos como los de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en todas las oportunidades que nos consultan hemos dicho de adecuar la conducta a la norma y no la norma a la irregularidad".

Daniel Radío - Diputado del Partido Independiente
Daniel Radío, diputado del Partido Independiente. Foto: archivo El País.
Cuestión de forma

"No son artículos para la Rendición de Cuentas, me parece que deberían ser cosas para reflexionar. Deberían entrar por otros carriles, pero bueno, siempre pasa lo mismo. Se utiliza la Rendición para meter otras cosas que no tienen nada que ver".

Ope Pasquet - Diputado del Partido Colorado
Ope Pasquet: diputado del Partido Colorado. Foto: archivo El País.
Iniciativa positiva

"Lo que se hace es extender el radio de la incompatibilidad. El hecho de que esté en una Rendición no condiciona nada. Me parece que está bien, es lo que tradicionalmente se ha hecho. Son situaciones a las que hay que responder".

Apoyo con condiciones. 
MPP quiere más plata para gasto social
Lucía Topolansky. Foto: Fernando Ponzetto

El Movimiento de Participación Popular (MPP) pretende mantener una reunión con el presidente Tabaré Vázquez para intentar mejorar la asignación de recursos en la Rendición de Cuentas destinados al área social y para la implementación de la ley de violencia de género.

La diputada por el MPP y actual presidenta de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, Lilian Galán, dijo al programa Puntos de vista de radio Uruguay que mañana se comenzará a tratar el proyecto de ley para definir el funcionamiento de consulta, recepción de delegaciones y análisis de cada fuerza política hacia sus internas.

El martes 10 el equipo económico, encabezado por el ministro Danilo Astori, se hará presente para contestar preguntas de los legisladores y defender el proyecto.

La legisladora confirmó que su sector solicitó una reunión al presidente Tabaré Vázquez para plantear sus prioridades y propuestas que tengan en cuenta el incremento del gasto social: educación, salud y la implementación real de la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género.

"La entrevista la pedimos hace una semana, ya que estuvimos estudiando y viendo qué propuestas podíamos hacer, teniendo el eje central de incrementar el gasto en educación y salud", señaló y remarcó: "el gasto público social no admite demoras".

Además, indicó que aunque no estuvieran los recursos solicitados para el funcionamiento de la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género, se podría poner en marcha aun sin ese presupuesto extra, ya que a juicio de la bancada bicameral femenina, existe un freno desde el Poder Judicial, por lo que solicitaron una reunión con la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Por su parte, la vicepresidenta Lucía Topolansky confía en que el oficialismo apruebe el proyecto, pero pretenderá mejorarlo.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)