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En 2018 Bonomi detectó “irregularidades” al jefe de Cerro Largo, pero luego le envió una placa de reconocimiento

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José Adán Olivera en su despacho de la Jefatura de Cerro Largo. Foto: Archivo El País
Jose Adan Olivera, jefe de Policia de Cerro Largo, destituido esta semana, foto Nestor Araujo, corresponsal Cerro Largo, Archivo El Pais, 20180302
Nestor Araujo/Archivo El Pais

CRUCE DE DECLARACIONES

La renuncia de José Adán Olivera, en el marco de una investigación por corrupción, desató una polémica política.

La renuncia del jefe de Policía de Cerro Largo José Adán Olivera, en el marco de una investigación por contrabando y otros delitos que involucran a un cabo de su confianza, desató un cruce de declaraciones entre las autoridades anteriores y las actuales.

El senador y exministro del Interior Eduardo Bonomi recordó ayer que cuando dirigía la cartera de seguridad había “cesado” a Olivera y consideró que la decisión de contratarlo de vuelta fue de tipo político-partidaria. Dijo, además, que no le sorprendieron los hechos de corrupción que se dieron a conocer en Cerro Largo.

“Habíamos cesado a ese jefe de Policía y a varios que lo acompañaban”, recordó el senador en una entrevista con Telemundo. “Entendíamos que había irregularidades y pusimos al que estaba de jefe en Rivera, el comisario Wilfredo Rodríguez. Comprobamos que muchas de las cosas que estaban pasando dejaron de suceder cuando asumió Rodríguez”.

En tanto, el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendió la gestión de Olivera, pese a su renuncia. Indicó que bajo su mando la jefatura de Cerro Largo tuvo los “mejores resultados en todo el país en cuanto al combate del delito”. “Ha tenido operativos importantes y ha bajado el hurto, la rapiña, el homicidio y el abigeato. No hay ningún reproche; por el contrario, es de las jefaturas que ha tenido mejores resultados”, sentenció.

“Había hechos que se producían en Aceguá y en Río Branco que nos parecía que no eran claros”, señaló Bonomi a El País. El senador explicó que, si bien Cerro Largo solía ser una zona de decomiso, en determinado momento (bajo el mando de Olivera) se empezó a ver que el contrabando y la droga “ya no se detenía en Cerro Largo, y sí se lo encontraba después en Treinta y Tres o Lavalleja”.

Esto le generó “pérdida de confianza” en Olivera, según dijo, y por eso y decidió removerlo. “Casualmente con Wilfredo (Rodríguez) se vuelve a detener el contrabando y pasaje de drogas”, apuntó el exministro.

Desde el entorno de Olivera, en tanto, dijeron a El País que no hubo una explicación sobre su cese en 2018. Además, revelaron que incluso ese año, poco tiempo después de su relevo, le entregaron una placa que decía: “En reconocimiento al comisario mayor (R) José Olivera por su desempeño al frente de la Jefatura de Policía de Cerro Largo”. El País pudo verificar la existencia de la placa, que lleva la fecha 3 de abril.

Placa de reconocimiento a Olivera cuando era jefe de Policía de Cerro Largo. Foto: El País
Placa de reconocimiento a Olivera cuando era jefe de Policía de Cerro Largo. Foto: El País

Bonomi, consultado respecto a por qué le daría una placa luego de cesarlo, respondió: “Después de cesarlo no. Pudo haber sido antes, pero después no. Porque él cuando empieza tiene una buena gestión pero después queda de lado. Que yo recuerde... puedo estar equivocado”. Y repitió: “Me da la impresión de que fue antes pero, insisto, me puedo equivocar.

El exministro habló de presuntas irregularidades en la gestión de Olivera, pero consultado sobre si hubo una investigación interna para esclarecer y determinar responsabilidades admitió que no. “No hubo; lo que hubo fue la situación creada. No teníamos elementos suficientemente fuertes como para decir ‘acá hay delito’”.

También apuntó que Olivera fue el primer jefe de Policía que recuerda que “armó un escándalo político” tras su cese.

Filtración.

Este miércoles, a pedido de la fiscal de 2° Turno de Cerro Largo Leticia Siqueira, la Justicia imputó a dos funcionarios públicos por contrabando, hurto y utilización indebida de información privilegiada.

Uno de los implicados es un funcionario de OSE; el otro es un cabo policial de extrema confianza de Olivera. Esta situación se comenzó a investigar luego de que el propietario de una mueblería de Punta del Este, que tiene un campo en Melo con eucaliptos y roble, advirtiera que estaba siendo víctima de hurto. Ante esto el cabo le ofreció cuidar el terreno. Sin embargo, montó un aserradero y venía la leña propiedad de la persona.

El policía también fue imputado por contrabando de materiales desde Brasil que fueron utilizados para la remodelación del estadio municipal Ubilla. En tanto, ambos funcionarios fueron imputados por prometerle a una persona que estaba siendo investigada que le iban a avisar cuando la Policía fuera a allanar su vivienda.

En el marco de esta investigación, que ya tiene a los dos funcionarios en prisión preventiva a la espera de un juicio oral, la fiscal Siqueira encontró más elementos de apariencia delictiva. Por esta razón decidió denunciar penalmente el hecho. Fuentes allegadas al caso indicaron a El País que estos hechos hallados por Siqueira consistirían en la filtración de información reservada.

Los informantes agregaron que el ahora exjefe de Policía departamental habría advertido al cabo de su confianza que estaba siendo investigado, lo cual de comprobarse configuraría un delito.

La fiscal presentó una denuncia penal por filtración de información reservada. La denuncia es sobre los hechos y no sobre una persona puntual. Pero, según supo El País, los hechos involucrarían al exjefe Olivera. Ahora la investigación seguirá en otro departamento.

Investigarán nueva denuncia

La fiscal Leticia Siqueira, al entender que había hechos de apariencia delictiva y que apuntan a filtración de información reservada, radicó una denuncia que caerá en órbita de la Fiscalía de Treinta y Tres. Esta designación, explicaron fuentes del Ministerio Público, se debe a que la funcionaria pública que detectó el hecho delictivo no puede ser “testigo y denunciante” a la vez. Ante esto, entonces, la Fiscalía General de la Nación designa a otro fiscal para que indague sobre el delito que se denunció.

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