TRAS DECISIÓN DE PETROBRAS

El Poder Ejecutivo asumirá el control transitorio de la concesión de gas natural que hoy gestiona Petrobras, hasta que sea adjudicada a una empresa privada, sin embargo, aún con el interés ya de, al menos, dos firmas internacionales, en el sector privado, e incluso en la interna del movimiento sindical, se ha instalado un manto de dudas sobre el futuro del servicio.

Luego del anuncio del presidente Tabaré Vázquez sobre el acuerdo alcanzado con el presidente de la multinacional brasileña Roberto Castello Branco en Santa Fe (Argentina), en Uruguay, dos firmas siguen adelante con el proceso para intentar -al menos- estudiar la viabilidad del proyecto.

Según informaron tres fuentes privadas a El País, hoy son dos las empresas interesadas en quedarse eventualmente con la concesión del servicio que es brindado por MontevideoGas y Conecta que opera en el interior del país.

Es más, una de ellas, una empresa de extrazona -ubicada fuera del bloque del Mercosur- inició un estudio de mercado en los últimos días para identificar cuántos usuarios utilizan el servicio, informó una fuente de la industria a El País que prefirió no identificar a la multinacional.

Actualmente, MontevideoGas brinda el servicio a 38.000 usuarios mientras que Conecta lo hace a 5.000, según los datos cerrados a mayo con los que cuenta el sindicato del gas.

La apuesta del gobierno y de Petrobras es primero cerrar cuanto antes esta etapa. Es que el gobierno y la brasileña acordaron “tomar las medidas administrativas necesarias para poner fin a las concesiones vigentes antes del 30 de setiembre de 2019”, de acuerdo a lo que informó Petrobras ayer en un comunicado. En el acuerdo, ambas partes resolvieron “disponer lo necesario para dejar sin efecto las disputas o litigios pendientes, sin reclamos de especie alguna, referidos a los mencionados litigios o disputas, o a cualquier otra razón”.

Ayer, el ministro de Trabajo Ernesto Murro dijo en Telemundo que “es una muy buena cosa que se dejen de lado los juicios, que eso es muy importante, los bienes de la empresa quedan en Uruguay, eso es muy importante, y va haber un período de transición donde se hará cargo el Estado seguramente en forma indirecta a través de una empresa privada de capital estatal”, apuntó el secretario de Estado.

Sin embargo, en el propio sindicato del gas no hay certezas sobre la cantidad y calidad de los bienes que quedarían en poder del Estado uruguayo. Según dirigentes del sindicato, la empresa traspasaría la flota (aproximadamente 20 vehículos), el “recambio de las cañerías” de gas natural y el Banco de Calibración de Medidores.

En el sindicato del gas no descartan que Ancap o UTE asuman la administración de la concesión del gas natural de forma transitoria. Ancap está a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo acerca de cuál será el ente que asumirá, a través de una empresa pública de derecho privado de MontevideoGas y Conecta, pero la posibilidad de que sea la petrolera estatal ya está sobre la mesa y se empiezan a analizar los números de la operación de ambas compañías.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, dijo en el programa “En Perspectiva” de Radiomundo que se buscarán “los mecanismos jurídicos para que el Estado tome el control transitorio, pero en ese proceso decidimos suspender los despidos”. El secretario de Estado indicó que el déficit actual de MontevideoGas y Conecta es de US$ 3 millones al año, pero que “la ecuación cambia”, aclaró. También consideró que la intención es “unificar ambas compañías lo cual haría una reducción de recursos”.

En el Pit-Cnt si bien festejaron ayer la “resolución del conflicto” tras el anuncio del presidente Vázquez, hubo quienes pusieron algún reparo a la decisión.

Un integrante del Secretariado Ejecutivo de la central obrera señaló a El País que no cree en la administración transitoria del gobierno. “¿Quién va a agarrar esto? Esto va en camino de ser Pluna”, señaló en la previa a la Mesa Representativa del Pit-Cnt que tuvo lugar ayer. Con él coincidió el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara que manifestó a El País que la medida supone “un paso atrás para la competitividad”. Aclaró que “necesitamos achicar al Estado y lo que se quiere es que no se genere déficit, que se genere riqueza pero no en base a tarifas que te cobran”.

¿Cómo se hará cargo el gobierno de la compañía? El ministro Ernesto Murro habló de una empresa privada de capital estatal.

Pero el diputado del Frente Amplio Luis Puig, exdirigente del sindicato del gas y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, plantea que un empleado participe de la nueva dirección.

De hecho, considera que la mejor solución a su juicio sería apelar a la ley 14.142, aprobada en dictadura el 3 de julio de 1973 y aún vigente. Esa ley declara de utilidad pública la expropiación de esa empresa por parte del Estado y crea una comisión interventora integrada por dos miembros designados por el Poder Ejecutivo y uno de los trabajadores.

“Ahí hay un mecanismo jurídico claro. Así trabajó durante años, y la empresa funcionaba bien”, indicó Puig a El País. “El Estado está perfectamente facultado para gestionar la compañía del gas, sobre la base de que no se está planteando que los trabajadores sean funcionarios públicos”, indicó el diputado oficialista, quien de todos modos propone que haya un delegado de los trabajadores en la intervención de la empresa.

El conflicto entre el sindicato del gas y la empresa se arrastra desde hace meses. En abril, los trabajadores resolvieron activar el control obrero de la planta de procesamiento, pese a una orden judicial que lo prohibía.
Posteriormente, la empresa informó su intención de dejar la concesión del gas natural del país y con ello anunció el despido y sanción de trabajadores que habían participado del control obrero. Durante el proceso, el propio presidente Vázquez intermedió, se desarrolló un paro parcial y otro de 24 horas; también se realizaron manifestaciones públicas y una huelga de hambre.