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El delito de peligro va camino al archivo; la propuesta de Cabildo no conformó a los legisladores blancos

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Senado: por diferencias, el proyecto que crea el delito de peligro volvió a Comisión de Constitución. Foto: Leonardo Mainé
Sesion de la Camara de Senadores por discusion del proyecto de Resolucion por el que se aprueba los presupuestos del Senado y de la Comision Administrativa, y el proyecto de ley que autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos y una aeronave pertenecientes a la Fuerza Aerea de los Estados Unidos de America, a fin de realizar actividades de busqueda y rescate e intercambio de experiencias con la Fuerza Aerea Uruguaya, en el Palacio Legislativo en Montevideo, ND 20210210, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine/Archivo El Pais

DIFERENCIAS EN LA COALICIÓN

El proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal y crea el delito de peligro "tendrá un entierro de lujo", dijo a El País una fuente de la coalición.

El proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal y crea el delito de peligro para los que incumplan las medidas sanitarias va camino al fracaso. Esto se debe a dos cosas: a las diferencias que persisten en la interna de la coalición y a la posición contraria del presidente Luis Lacalle Pou.

“Tendrá un entierro de lujo”, dijo a El País una fuente legislativa de la coalición de gobierno, en referencia a la suerte del proyecto presentado en marzo del año pasado por los diputados nacionalistas Mario Colman y Javier Radiccioni.

El 2 de setiembre del 2020 fue aprobado en Diputados con todos los votos de la coalición y en Comisión de Constitución del Senado a mediados de este mes, con el apoyo de blancos, colorados y cabildantes.

La iniciativa sancionada establecía que: “el que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente (para evitar la propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa) pusiere en peligro la salud humana o animal será castigado con tres a 24 meses de prisión”.

Una vez aprobado en comisión, el proyecto pasó al Plenario de la Cámara de Senadores para ser considerado, pero en el medio Cabildo pidió más tiempo hasta que finalmente presentó una alternativa. En el texto, al que tuvo acceso El País, se suprime la expresión “autoridad competente” y se la cambia por disposiciones “establecidas por ley”. Esto implica que, por ejemplo, para que sea delito no usar tapaboca, debería haber una ley específica que lo diga y no bastaría con una resolución de gobierno.

En conferencia de prensa la semana pasada, el senador cabildante Guido Manini Ríos explicó que no apoyarían el proyecto porque no querían “dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son”.

Guido Manini Ríos ingresando a Torre Ejecutiva para mantener una reunión con otros líderes de la coalición y el presidente Luis Lacalle Pou. Foto: Marcelo Bonjour
Guido Manini Ríos ingresando a Torre Ejecutiva para mantener una reunión con otros líderes de la coalición y el presidente Luis Lacalle Pou. Foto: Marcelo Bonjour

La decisión tomó por sorpresa a los blancos, que ayer en una reunión de bancada no aceptaron los cambios propuestos y volverán a enviar el proyecto a comisión, según informó El Observador.

Consultado por El País, el senador nacionalista Jorge Gandini señaló que la propuesta de volver a comisión obedece a que “en un ámbito más reducido se puede trabajar en una eventual salida”. Explicó que no se respalda lo de Cabildo, porque “no hay una ley que diga que hay que usar tapaboca o que se debe subir al ómnibus de barbijo o que no se pueden hacer fiestas sin autorización”.

“Decidimos aprobar el proyecto en Comisión de Constitución cuando desde la Torre Ejecutiva, después de un Consejo de Ministros, se nos manifestó que avanzáramos”, señaló.

Gandini dijo que no se trata ahora de que el Partido Nacional “se echó para atrás”, sino que quiere votar el mismo texto aprobado en comisión porque le resulta “más sensato” que la alternativa planteada por Cabildo Abierto.

“El 224 está tan cerca de ser ley como de ir al archivo, que vaya a comisión es un paso atrás”, resumió Gandini sobre el trámite parlamentario.

Por su parte, Radiccioni dijo a El País que su propuesta “no es la verdad revelada”, pero mantiene la posición de que el delito de peligro “es mejor que no tener nada”, en alusión a lo que entiende como un “vacío legal” en la materia.

“Mi percepción es que como está hoy redactado no saldrá inmediatamente, va a quedar en el freezer. La verdad es que no está la aprobación; está más cerca el archivo”, admitió.

De todos modos, indicó que “la herramienta queda a disposición”, mientras no se vote negativo. Por lo que “queda abierta” la posibilidad de aprobar el delito de peligro, que según dijo no es el único de este tipo dentro del Código Penal (ya existen el de usura, estafa e incendio).

“Nosotros no estamos en contra de la libertad responsable y tampoco nos creemos los dueños de la verdad, pero sí estamos a favor de darle alguna herramienta al gobierno en medio de la pandemia”, afirmó el diputado Radiccioni sobre la iniciativa que ya lleva más de un año a estudio.

El FA plantea revisar código

El Frente Amplio se opone a la aprobación del delito de peligro y una de las principales críticas que realiza es que se contradice con la idea de “libertad responsable” que promueve el gobierno. El senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía planteó que se realizara una discusión de todo el Código Penal, la que quedó pendiente de la legislatura anterior.

Opinión de Lacalle Pou fue clave
Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa por la pandemia del coronavirus. Foto: Marcelo Bonjour

El presidente Luis Lacalle Pou planteó esta semana su posición contraria a la aprobación del proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal y crea el “delito de peligro”, para las personas que no acaten las medidas sanitarias.

“He sido bastante crítico de esa modificación”, expresó el mandatario, y agregó: “Yo tengo una visión personal crítica”. De todas maneras, indicó que no le corresponde al presidente de la República interferir en ese tipo de discusiones.

Según supo El País, Lacalle Pou está en contra de esta iniciativa porque la redacción dada al artículo era “demasiado laxa” y “abarcativa”. En ese marco, prefiere que las normas sean “de corto alcance, pero de cumplimiento cabal o rígido”.

Fuentes políticas indicaron a El País que la salida pública del presidente con este tema no apuntaba a que se congelara el proyecto, pero dieron como un hecho que los legisladores del Partido Nacional no impulsarán algo con lo que su principal líder no esté de acuerdo. El tema se había discutido antes en el Consejo de Ministros y Lacalle Pou ya había dado opinión negativa al respecto.

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