LA PERMEABILIDAD COMO DEBILIDAD ESTATAL

Ejército toma el control fronterizo

En caso de un incidente, una ley enviada al Parlamento plantea protección a los efectivos

Sobre fines de 2017, efectivos del Ejército patrullaron la frontera norte  con un total de 650 integrantes y 105 vehículos. Foto: R. Figueredo
Sobre fines de 2017, efectivos del Ejército patrullaron la frontera norte con un total de 650 integrantes y 105 vehículos. Foto: R. Figueredo

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para dar un marco jurídico de actuación y un respaldo legal a los militares en el control de la seguridad en la frontera, algo que había sido reclamado por la oposición en las últimas semanas.

En su última intervención de control de las fronteras, el Ejército desplegó a 650 efectivos, 105 vehículos y equipos, operó en puestos fijos las 24 horas del día en patrullas mecanizadas, fluviales e hipo móviles, y tuvo presencia permanente en la frontera recorriendo un total de 41.830 kilómetros en una franja de 20 kilómetros hacia el interior del territorio nacional, según informó la fuerza de tierra en su publicación oficial “La Fuerza de Todos”.

En la exposición de motivos del proyecto oficial señala que la ley se propone “complementar las capacidades del Estado en la zona fronteriza encomendando a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia con la finalidad de disuadir posibles actividades ilícitas y prevenir amenazas de cualquier naturaleza, a la paz y seguridad” del país.

El gobierno admite en el proyecto de ley “la permeabilidad de las fronteras”, lo cual reputa como “debilidad del Estado”, por “la falta de presencia en la zona generando oportunidades para los agentes de delitos transnacionales de diversa forma”.

El mensaje del Poder Ejecutivo también reconoce que la zona fronteriza es “geopolíticamente vulnerable” a diferentes intereses y objetivos “muchos de ellos opuestos a los nacionales”.

En el proyecto se encomienda a los militares la realización de tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia (la policía, la Dirección Nacional de Aduanas o el Ministerio de Ganadería, por ejemplo) en la zona fronteriza. El proyecto establece la misma en una franja de 20 kilómetros a contar desde los límites definidos en los tratados internacionales, quedando excluidos los centros poblados.

Entre las tareas de los militares en esa zona se encuentran el patrullaje, la identificación de personas y el control de vehículos, y la detención en caso de flagrante delito. En caso de detectar una presunta irregularidad, señala el proyecto de ley, su actuación se comunicará de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente.

El artículo 4º del proyecto señala que en los casos en que el personal militar “se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción”, es decir su armamento, “deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”.

Protección

Se establece además una protección para los efectivos que actúen, al señalarse que “los actos cumplidos en el marco de las tareas asignadas al personal militar estarán alcanzados por la presunción legal de configuración de la causal de justificación del artículo 28 del Código Penal”. En el capítulo del Código que habla de las circunstancias que eximen de pena al autor se determina que “está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la Justicia”.
Respecto a este tema, hay ya dos iniciativas radicadas en el Parlamento. Una presentada por el senador Pablo Mieres del Partido Independiente el 7 de febrero de 2018, que modifica el artículo 77 de la ley 17.243 que amplía a los funcionarios militares la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal.

La otra iniciativa presentada por el Partido Nacional, por intermedio de los diputados Jaime Trobo, Gonzalo Novales y Gustavo Penadés, desarrolla con más amplitud las características de la actuación del Ejército en particular, y de las FF.AA. en general, en la tarea de custodia y protección de las fronteras terrestres. Esta última ingresó el 26 de febrero pasado.

“Aspiramos a que el análisis que se realice en el Parlamento sea rápido, que se tengan en cuenta las iniciativas presentadas por la oposición además del texto que envió el Poder Ejecutivo. Desde ya, si existen dificultades como las que han hecho demorar la presentación de la iniciativa del Poder Ejecutivo, el Partido Nacional está dispuesto a impulsar la iniciativa que merece un rápido tratamiento”, sostuvo el diputado Trobo a El País.

“Analizaremos las diferencias y coincidencias de los proyectos, nos parece que podemos coincidir en bien del interés nacional y ofreciéndole a una institución tan importante como son las FF.AA. las garantías jurídicas para su actuación en la protección de las fronteras, especialmente en territorios tan vulnerables como lo son las terrestres, especialmente con el Brasil”, añadió.

La guardia impide fugas de cárceles

Una ley recientemente aprobada extendió hasta el año 2021 la facultad que le da el Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para el control perimetral de los establecimientos carcelarios. La actividad, que comenzó pensada como algo transitorio, se convirtió en permanente desde hace 20 años. En la última semana, la guardia perimetral militar impidió tres intentos de fuga de una decena de reclusos en distintos establecimientos carcelarios. Radio Monte Carlo informó ayer que en el más reciente caso tres reclusos pretendían fugarse del Instituto Nacional de Rehabilitación Nº 4 “Santiago Vázquez” (ex Comcar) en horas de la madrugada, pero fueron detectados por uno de los efectivos. No llegaron a alcanzar el perímetro militar, según explicó el vocero del Ejército Wilfredo Paiva. El vocero agregó que los reclusos fueron detenidos y el efectivo no debió utilizar las armas.

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