Campaña Sucia

Es una compañía mexicana. ¿Por qué querría una consultora de México estudiar el proceso electoral uruguayo?

Los uruguayos prefieren a Juan Sartori antes que Luis Lacalle Pou o Jorge Larrañaga. No solo eso, el empresario es el único que pueda ganarle en un mano a mano al frenteamplista Daniel Martínez. Dicho en cifras, el exintendente de Montevideo alcanzaría un 45% de apoyo si se enfrentara al líder de Alianza Nacional o de Todos, pero no llegaría al 40% si su contrincante fuese Sartori.

Hasta ahí todo parece el resultado de una investigación de opinión pública, basada en un método científico, y que tiene como titular a la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica. De hecho, en el informe de diez páginas figura una ficha técnica, como en cualquier encuesta. Pero la primera sospecha surge al conducirse al sitio web de la empresa responsable. Es una compañía mexicana. ¿Por qué querría una consultora de México estudiar el proceso electoral uruguayo?

Puede que la respuesta sea sencilla: el mundo se globalizó y así como algunos precandidatos contratan asesores internacionales, no sería de extrañar que pidiesen la medición a una empresa del extranjero.

Pero así como se globaliza lo mejor, también lo peor. Gabinete de Comunicación Estratégica fue investigada en México por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿El motivo? Según consigna el semanario Proceso, de México, la empresa es señalada de participar en la “campaña negra” desatada contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la unidad de investigación mexicana, Santiago Nieto, había dado a conocer en marzo un supuesto esquema de triangulación de pagos para financiar el documental “El populismo en América Latina”, parte de la campaña “sucia” contra líderes de izquierda. Lo había hecho a través de una empresa fachada, donde están registrados como accionistas Ariel Berrueto Pruneda y Federico Berrueto, este último director de Gabinete de Comunicación Estratégica.

Federico Berrueto había confirmado los pagos, pero dijo a la prensa mexicana que “los servicios brindados entre dos empresas particulares fueron de comunicación y nada tienen que ver con política o procesos electorales”.