La interna blanca y la seguridad

Lacalle Pou: si se votaran en octubre “se pueden usar o no”.

Desde el 23 de mayo de 2018 cuando el precandidato presidencial Jorge Larrañaga lanzó su campaña de recolección de firmas para plebiscitar cambios en la Constitución que le dieran al próximo gobierno herramientas para mejorar el combate a la delincuencia, el senador blanco tuvo dos cosas claras: que su colega y líder del otro bloque Luis Lacalle Pou no lo apoyaba en la empresa, y que si volvía a ganar el Frente Amplio en las elecciones de este año el esfuerzo se iría todo por la borda.

Ocho meses más tarde, Larrañaga consiguió las firmas necesarias para someter su propuesta a consideración ciudadana en octubre próximo, y además las encuestas afirman que una coalición opositora de cuatro o cinco partidos puede ganarle al Frente Amplio el gobierno. Quien sigue en una posición irreductible en cuanto a alguna de las propuestas es Lacalle Pou.

El precandidato del bloque Todos abrió este comienzo de año posibles dudas respecto a si, en caso de ganar el gobierno, aplicaría las reformas que eventualmente se incorporaran a la Constitución, según se vio desde el sector Alianza Nacional, el grupo de Larrañaga.

En este grupo se indicó que las normas incorporadas a la carta tiene una jerarquía superior a cualquier ley y que en consecuencia deben ser aplicadas.

"Ustedes conocen nuestra posición. Se llegó a las firmas, hubo un esfuerzo grande que hay que reconocerle a Jorge Larrañaga. Esto genera una posibilidad de que el gobierno que viene tenga otras herramientas", comentó Lacalle Pou en Paysandú al miércoles 2.

"Desde mi punto de vista, quien quiera ejercer legítimamente la autoridad hoy, quien se haga cargo y quien le mande el mensaje a la delincuencia de que se terminó el recreo, con las herramientas que hoy se tienen, no hay excusas para nadie para no asegurarle la paz a los uruguayos", agregó, para añadir: "Si eventualmente la ciudadanía opta en octubre para más herramientas, son herramientas que se pueden tener para utilizar o para no utilizar".

Carlos Moreira, intendente de Colonia y uno de los más cercanos dirigentes de Larrañaga, afirmó a El País que la Constitución "es la norma imperativa superior", y que "si además la ciudadanía por voto directo dice que esos instrumentos hay que usarlos, ningún gobierno puede optar por no hacerlo".

"Si hay que usar esos cuatro instrumentos, hay que hacerlo o hacerlo", insistió Moreira.

En tanto, el diputado aliancista suplente Marcelo Bacigalupi preguntó en su cuenta de Twitter: "¿Cómo que no se puede utilizar? No se puede utilizar el instrumento de la interpelación? Todo está en la Carta. Nuestra reforma también. Es preceptiva".

De otras fuentes aliancistas se reconoció el matiz que interpuso Lacalle Pou pero se relativizaron sus comentarios.

Más allá de lo político, cuando en Alianza se decidió presentar la reforma se definió que el diseño del proyecto permite su aplicación inmediata, dado que tiene un conjunto de disposiciones especiales y transitorias que le dan un estatuto jurídico a todas las normas modificadas asegurando su ejecutabilidad.

"No hay que esperar nada. Se proclama el resultado por parte de la Corte Electoral y se puede empezar a aplicar", dijeron los informantes del sector nacionalista.

El senador Larrañaga quiere por un lado levantar la prohibición de realizar allanamientos nocturnos en hogares. La Constitución en su artículo 11 lo prohibe. "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley", dice.

Otro de los cambios de Larrañaga refiere al cumplimiento efectivo de las penas por parte de los condenados por delitos graves, que no podrán recibir el beneficio de la libertad anticipada.

La tercera iniciativa propone la creación de una nueva pena: la "reclusión permanente revisable" para delitos especialmente graves, como violación o abuso sexual seguido de muerte, sicariato y homicidios múltiples.

Finalmente, Larrañaga propone la creación de la Guardia Nacional, que como segunda fuerza tendría la misión de colaborar en la seguridad pública, integrada por dos mil efectivos de las Fuerzas Armadas. En este caso el artículo 85 numeral 8 de la Constitución comete su formación a la Asamblea General por mayoría absoluta.