LA MARCHA DE LA PANDEMIA

Con el inicio de las clases se dispararon los casos de coronavirusen escuelas y liceos. Por eso, la intención del gobierno es blindar los centros educativos, de modo de evitar que la enfermedad se propague entre docentes y alumnos, y que no se pierdan más días de clase.

El arribo al país de la vacuna contra el COVID-19 supuso una luz de esperanza en este camino. Sin embargo, al no ser obligatoria, en el Poder Ejecutivo buscan alternativas para que aquellos docentes que optaron por no inmunizarse no contagien a los demás.

En ese marco fue que el presidente Luis Lacalle Pou anunció este martes, tras la sesión del Consejo de Ministros, que el ministro Daniel Salinas había propuesto en la reunión que todos aquellos docentes que decidieran no darse la vacuna, se realizaran cada semana un test de antígenos (un análisis rápido a través de un hisopado).

El anuncio sorprendió en los sindicatos de maestros y profesores, que entienden que antes de solucionar este tema el gobierno debería dar respuesta a “asuntos más urgentes”.

El dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), Javier Iglesias, dijo a El País que el gobierno “sigue ofreciendo una solución para algo que escapa a la realidad”. Consideró que las autoridades tienen “un divorcio en general, y en particular en la enseñanza, muy grande de la realidad, porque por más que les hagas hisopados a los profesores, tenés liceos con estudiantes”. Y se preguntó: “¿A los gurises también les van a hacer (hisopados)?”.

De todas maneras, ni ADES ni la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) tienen todavía una posición formal sobre la iniciativa.

Por su parte, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, consideró: “Ni siquiera es viable, no es ni siquiera posible de instrumentar” la idea de Salinas en los centros educativos por la cantidad de testeos que implicaría.

“El gobierno no obliga ni siquiera a que los niños asistan a la escuela, ¿va a obligar a hacerse un hisopado?”, cuestionó. De todas maneras, Pereira entiende que por ahora es solo una idea de las autoridades y que no cree que se “imponga” porque “el gobierno tiene la línea de la libertad”.

Tanto Iglesias como Pereira están a favor de la vacunación. Él no ha podido concretarlo por dificultades con la agenda, pero ella sí y ya se dio la primera dosis.

Ambos coincidieron en que por más que se planteen test para docentes, la propuesta “no resolverá los problemas estructurales que hay” y “los liceos seguirán siendo focos, como está pasando hoy”. El País intentó también tener la respuesta de dirigentes de la UTU para este artículo, pero eso no fue posible.

Para el gobierno, la situación sanitaria de los centros educativos es una prioridad. Y así lo dejó en evidencia el propio Lacalle cuando esta semana, tras la sesión del gabinete, remarcó que se espera que más docentes se acerquen a los centros vacunatorios.

“Esperemos que esto aumente”, comentó tras confirmar que apenas 61% de los docentes se había vacunado en la primera etapa de la campaña. Antes de anunciar la propuesta de Salinas, el primer mandatario reafirmó que la estudiaría: “No la den como un hecho, pero nos pareció algo muy pertinente”.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a su propuesta e insistió en que está a estudio. Aun así, Salinas planteó en diálogo con El País que aquellos docentes que han preferido no vacunarse tienen derecho, pues nadie los obliga, pero “no tienen derecho a infectar a niños y a sus familias”, porque “con su actitud ponen en riesgo la salud general”.

En algunos países los docentes no pueden impartir clase si no se vacunan. El ministro mencionó como ejemplo de ello a Israel. Allí, en determinadas ciudades, como Tel Aviv, las autoridades exigen a los docentes la presentación del “pasaporte verde” (certificado de vacunación) o un resultado de hisopado negativo realizado 72 horas antes de dar la clase.

Uruguay no irá por ese camino, pero Salinas sí señaló que es “atendible” considerar “las condiciones de trabajo” y es por eso que el gobierno analiza la posibilidad de descartar la presencia del virus en los docentes mediante testeos rápidos. Para ello, apuntó que “es necesario ver los extremos legales”. Puso como ejemplo que “un cirujano no puede operar si no se cepilla las uñas y lava las manos”.

Pero en los sindicatos docentes prefieren poner el foco en los problemas que consideran urgentes, como las dificultades que tuvieron muchos de ellos para agendarse, los problemas de aprendizaje por la no presencialidad y el número de casos de COVID-19 que hay en las aulas.

Muestra de ello es el caso del propio Iglesias, que contó a El País que dos de los tres centros educativos en los que trabaja tienen “una cantidad de casos”, lo que generó que entrara en cuarentena a la espera de un hisopado. A su juicio, las autoridades no previeron que con la vuelta a clases podría haber un aumento de los casos.

“Acá hay una campaña de mentirle a la población. Acá hay una política de presencialidad a bajo costo porque hubo un recorte presupuestal bestial y están mintiendo”, criticó Iglesias. Y añadió: “Le están diciendo a la gente que hay presencialidad que no hay. No es cierto. Además, no hubo recursos”. El sindicalista también remarcó que la matrícula actual implica “superpoblación” en los liceos.

Las cifras del COVID-19 en Uruguay

Uruguay se mantiene en la zona roja de riesgo, de acuerdo al criterio diseñado por el Global Health Institute de la Universidad de Harvard, con 38.51 casos promedio cada 100.000 personas en una semana (por encima de 25 se ingresa en la zona roja). El país entró el lunes 8 de marzo por segunda vez a la zona de máximo riesgo. Rivera, Río Negro, Tacuarembó, Artigas, Montevideo, Cerro Largo, San José, Salto, Florida, Paysandú, Treinta y Tres y Durazno se encuentran bajo esta categoría. Flores es el único departamento en la zona amarilla. Ninguno está en la zona verde, de menor riesgo. Por otro lado, la ocupación de camas de CTI pasó ayer al 20,7%, por lo que el sistema de salud está a poco de ingresar en fase naranja (21-35%), de acuerdo a la referencia del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

*Aclaración: en una primera versión web de esta nota se afirmaba que los gremios no compartían la propuesta del gobierno. En realidad los dirigentes que dieron su opinión lo hicieron a título personal, ya que los sindicatos aún no lo han analizado institucionalmente. A nuestros lectores y los involucrados las disculpas del caso.