PARLAMENTO

"No hay mérito fáctico ni jurídico para considerar que la información revelada por el diario El Observador haya sido obtenida en el marco del funcionamiento de la Comisión Investigadora". A esa conclusión llegó  División Jurídica, área a cargo de la investigación administrativa que se inició para determinar si la filtración a la prensa de "información secreta" de la empresa Kirma, salió de la Cámara de Representantes.

En el escrito se asegura que la narración de los hechos ocurridos el 28 de octubre, día en que llegó el correo con la información reservada, hasta la publicación en el diario, fue coincidente entre todas las personas que fueron interrogadas en el marco de la investigación. "Ello concuerda también con lo constatado por la División de Informática en las computadoras correspondientes, en lo que fue posible", agregó.

La división también concluyó que de acuerdo a la prueba documental, "tanto el presidente de la comisión, secretaria y prosecretaria actuaron con los recaudos pertinentes y la debida diligencia". "La Secretaría puntualmente tomó todas las previsiones a su alcance para preservar la reserva y la documentación una vez impresa", aseguró. 

Lo mismo ocurrió, según indicó, con la comisión, que "también actuó de conformidad al marco normativo y de acuerdo a las circunstancias del caso". "En conclusión el suscrito entiende que corresponde proceder al archivo de las actuaciones, salvo mejor opinión", resumió el texto. 

El anuncio sobre que se iniciaría una investigación administrativa se realizó el 29 de octubre en conferencia de prensa. Esto ocurrió luego de que El Observador publicara una nota titulada "Respuestas reservadas: qué dijo Kirma ante la comisión investigadora", lo que dio cuenta de una filtración.

Según el relato  que hizo en ese momento el diputado Juan Martín Rodríguez, se trata de información proporcionada por la empresa Kirma a la comisión investigadora, que tenía "carácter confidencial" y por tanto no consentía "su divulgación pública".