MATICES POR LEY

Gobierno quiere que lleguen al 4% en empresas en 2022

El gobierno quiere tener para el 9 de abril la respuesta de las cámaras empresariales a su más reciente proyecto de empleo para personas discapacitadas pero en las gremiales se considera que el asunto no es sencillo y que la obligatoriedad de tener un 4% de esos trabajadores con esas características debería alcanzar a menos empresas de lo que pretende el gobierno.

El director de Trabajo, Jorge Mesa, dijo a El País que no se prorrogará el plazo para recibir las impresiones de las empresas porque ya se otorgó una postergación. El gobierno quiere que la norma quede aprobada este año. El Pit-Cnt viene presionando intensamente para que la norma sea votada.

En 2016 varios diputados (el comunista Gerardo Núñez fue el informante) presentaron un proyecto de ley denominado “Inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado”.

En su artículo 1 establecía que las empresas privadas, en cuyas planillas de trabajo se desempeñen 25 o más trabajadores, deberán emplear a personas con discapacidad, en un porcentaje mínimo del 4% de la totalidad de sus trabajadores en todo nuevo ingreso que se genere a partir de la aprobación de la ley.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes pero todavía no en el Senado. Sus impulsores han recolectado firmas para pedir su rápido tratamiento allí. En 2016 el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, les señaló a los legisladores que él no había sido consultado.

Hay reparos en las cámaras empresariales que entienden que el umbral mínimo de cantidad de empleados, por sobre el que se aplicaría la cuota, debería elevarse a 50, según supo El País. También entienden que el porcentaje debería ser más bajo y no superar el 3%, como el que se aplica en otros países en los que ya existe esta cuota, como Brasil y España. Las cámaras empresariales grandes entienden que el plazo que se les otorgó para analizar el proyecto es exiguo y van a tratar de plasmar una posición común en un documento.

Las gremiales ven sí con cierto alivio que el gobierno haya aceptado el camino de la gradualidad. El proyecto original suponía la aplicación inmediata de la cuota pero ahora el nuevo proyecto prevé llegar al 4% gradualmente en un plazo de cuatro años.

“No es fácil. El propio Estado no ha cumplido la cuota (que está establecida para el ámbito público también en un 4%). Es importante asegurarse que la persona que se vaya a tomar sea idónea”, dijo una fuente vinculada al sector privado.

Las empresas que no cumplan recibirán multas que serán volcadas a la Comisión Nacional de Inclusión Laboral.

La persona con discapacidad que se inserten en un empleo por aplicación de la ley, no podría ser despedida, salvo notoria mala conducta, causa grave o incompatibilidad del grado de discapacidad con el cargo o las tareas que realiza, y siempre que no existan otras tareas compatibles con su capacidad limitada.

El empleador, en caso de infringir la norma, deberá abonar 6 (seis) meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda.

La iniciativa propone también ampliar el Registro Nacional de Personas con Discapacidad creado en 1996.

En la reglamentación de la ley se establecerán los incentivos y beneficios para las empresas privadas que contraten personas con discapacidad.

La norma aumentaba los días de licencia de los padres de niños discapacitados. Se otorgarán diez días para controles médicos y 96 horas al año para ausentarse del trabajo por el mismo motivo.

En los pliegos de bases y condiciones que elabore el Estado se establecerán normas que permitan asegurar preferencias a empresas privadas que cumplan con la ley. Se crearía la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que funcionará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).