BAJO INVESTIGACIÓN

Diputado colorado presentó el caso Toma ante Jutep

El legislador señaló que hubo cinco contratos entre 2010 y 2014 en los que Toma asesoraba a la CND mientras también ocupaba su puesto como fiscal de gobierno.

Miguel Ángel Toma. Foto: Leonardo Mainé
Miguel Ángel Toma. Foto: Leonardo Mainé

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani remitió a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) el resultado de una auditoría de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que da cuenta que el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, fue abogado del organismo durante cuatro años mientras se desempeñaba como fiscal de gobierno.

En su escrito, el legislador señaló que hubo cinco contratos entre 2010 y 2014 en los que Toma asesoraba a la CND mientras también ocupaba su puesto como fiscal de gobierno. Schipani indicó en base a una investigación de Telemundo (Canal 12) que el primer contrato de Toma es del 20 de diciembre de 2010 cuando el exjerarca fue asesor legal del directorio de la CND y de la Agencia para el Desarrollo. Se trataba de un contrato por seis meses por U$S 1.000 mensuales más IVA.

Posteriormente, se firmó una extensión del contrato por seis meses más por el mismo monto. Dos años después, rubricó un nuevo contrato por cuatro meses por igual cifra que finalmente fue renovado y cuyo monto se elevó a U$S 3.000 mensuales más IVA. Finalmente, el diputado colorado advirtió que el 3 de junio de 2013 se rubricó otro acuerdo por $100.000 mensuales más IVA. La semana pasada Telemundo informó que Toma también es asesor jurídico de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer. Según recoge el representante nacional, Toma ingresó en 1991 al organismo y se mantiene en el cargo.

“Toma percibió tres salarios devengados con fondos públicos, siendo fiscal, asesor jurídico de la CND, y abogado de la Comisión Honoraria de Lucha Contra en Cáncer”, señaló en su escrito el legislador. Si bien el artículo 32 de la ley 11.923 que prohíbe la acumulación de remuneraciones públicas, no abarca a las personas públicas no estatales, este caso “es jurídicamente discutible”, indicó. Y añadió a El País que “resulta llamativo que una persona haya acumulado tantos trabajos retribuidos con fondos públicos”. “A priori hay una situación vidriosa que debe ser clarificada”, remató.

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