PARLAMENTO

Diputado blanco presentó proyecto de ley para que sindicatos tengan personería jurídica

El objetivo es que sean "contemplados correctamente como sujeto de derecho" y puedan darles así "un mayor reconocimiento y legitimidad", explicó Javier Radiccioni.

Acto del Pit-Cnt. Foto: Leonardo Mainé
Pit-Cnt. Foto: archivo El País/Leonardo Mainé.

El diputado nacionalista Javier Radiccioni presentó un proyecto de ley para que los sindicatos puedan contar con personería jurídica. El objetivo, expuso el legislador, es que sean "contemplados correctamente como sujeto de derecho" y puedan darles así "un mayor reconocimiento y legitimidad".

Además, detalló que busca "arrojar mayor transparencia para los afiliados al sindicato y seguridad".

"Es más difícil de determinar el origen de los fondos y su legitimidad en la cuenta de terceros que no son el sindicato. Esto último en atención a casos de lavado de activos que se han comprobado en nuestro territorio, si bien no por sindicalistas uruguayos, debemos dar todas las garantías para que este tipo de casos no sucedan en nuestro país", agregó.

En el proyecto se establece que todos los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical "pudiendo afiliarse o desafiliarse al sindicato por medio del envío de correo electrónico al mismo sindicato y con copa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), o cualquier otro medio que el ministerio estime valido".

De esa forma, el MTSS tendrá la facultad de "controlar que las altas y bajas sean efectivas" y que en caso de realizarse descuentos que no correspondan "impondrá multas de 100 veces lo recaudado de manera ilegítima". Esta multa representará en 50% al trabajador perjudicado si este reclamó ante el MTSS.

Asimismo, el MTSS tendrá un registro con los nombres de los trabajadores afiliados a cada sindicato para establecer "cuál es el más representativo y quiénes lo integran".

Los sindicatos que quieran retener una cuota social, tendrán que tener la personería jurídica vigente en el Ministerio de Educación y Cutura (MEC). Tendrán un año de plazo para regularizar este situación desde el momento en que se apruebe la ley.

La norma regirá tanto para los trabajadores públicos como privados.

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