ENFOQUES DIFERENTES EN LA COALICIÓN

Es “difícil” que Cabildo Abierto apoye nueva ley de combustibles

El gobierno prevé el cese del contrato con Cousa, donde trabajan 400 personas, y también cerrar la planta de ALUR en Capurro.

Alcoholes del Uruguay (ALUR). Foto: alur.com.uy
Alcoholes del Uruguay (ALUR). Foto: alur.com.uy

El Ministerio de Industria, Energía y Minería prepara por estas horas un proyecto de ley para dejar de mezclar biodiésel en el gasoil y bajar así el costo de producción y el precio del combustible. La coalición está alineada en el objetivo, pero hay dudas de varios socios por el eventual desmantelamiento del sistema de elaboración de biodiésel.

El diputado Álvaro Perrone, uno de los coordinadores de la bancada de Cabildo Abierto durante el 2020, dijo a El País que hoy ve “difícil” un apoyo del partido a una iniciativa que podría generar pérdida de puestos de trabajo y golpear a la industria nacional”. De todas maneras, aclaró que antes de tomar una posición estudiarán el proyecto que presente el Ministerio de Industria.

El 2 de febrero, el ministro de Industria, Omar Paganini, el subsecretario Walter Verri, y el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, presentaron a la Asamblea General el plan del gobierno para bajar el costo de producción y el precio de los combustibles en tres años. Una de las medidas más importantes previstas es la eliminación de la mezcla de biodiésel 5% en el gasoil, exigida por una ley de 2007.

Una comisión de expertos en el mercado de combustibles había informado que las exigencias de uso de materia prima nacional implicaron “un sobrecosto en la producción de biocombustibles” en 2019 en la planta de Capurro (donde se mezcla el biodiésel en el gasoil) de US$ 23. En esa planta trabajan 40 funcionarios de Alcoholes del Uruguay (ALUR), quienes, según el plan del Ministerio de Industria, serán redistribuidos en la empresa. Ancap tiene el 90,79% de ALUR y el restante 9,21% está en manos de Pdvsa (Petróleos de Venezuela SA).

La eliminación del biodiésel también impacta en la planta de Paso de la Arena de la Compañía Oleaginosa Uruguaya SA (Cousa), donde trabajan más de 400 personas y se hace la molienda y la extracción de aceites con los que se produce el biodiésel.

Además de cerrar la planta de ALUR en Capurro, el gobierno prevé rescindir el contrato con Cousa, vigente hasta 2026, y compensar en su proyecto de ley la eliminación de biodiésel con un impuesto a las emisiones de CO2, vinculado al IVA y el IMESI con que se grava los combustibles.

Conflicto

Tras conocer el plan del gobierno, el gremio de base de la planta de Capurro se declaró en conflicto. Los trabajadores, que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ), conversaron el jueves con el senador Guido Manini Ríos, tienen previstos otros encuentros con dirigentes políticos y una reunión con el ministro de Industria el 23 de febrero.

“En esa reunión sabremos qué definió el gobierno y luego analizaremos en asamblea qué pasos seguir”, dijo Nicolás Lema, trabajador de la planta de Capurro de ALUR, quien se resiste al cierre de la fábrica previsto por el gobierno.

Por su parte, Manini pidió a un grupo de legisladores cabildantes que se encarguen de estudiar en profundidad el tema. En ese marco, hubo encuentros con la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), gremial que se resiste a otros cambios previstos en el plan del gobierno para el sector de los combustibles. A su vez, el diputado Perrone visitará esta semana la planta de Cousa, donde se hace la molienda y extracción de aceites para producir biodiésel.

A estas dudas de Cabildo sobre el rumbo elegido por el Ministerio de Industria para los biocombustibles se agregan otras de dirigentes colorados. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky, del MPP, manifestó su preocupación por la posible “pérdida de puestos de trabajo y de experiencia acumulada” en la producción de biocombustibles.

Los expertos estiman que la mezcla de biodiésel incide $ 1,8 en el precio del litro de gasoil, cuyo precio máximo de venta es $ 40,4. La reducción de este costo le abre al menos dos frentes al gobierno: uno dentro de la coalición y otro sindical.

ADEMÁS

El ministro de Industria citado por etiquetado

La reunión del 23 de febrero entre el ministro de Industria, Omar Paganini, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química será clave para saber cómo seguirá el conflicto entre ALUR y los 40 funcionarios de la plata de Capurro, donde se produce biodiésel. Al día siguiente, el 24 de febrero, Paganini está citado a la comisión de Salud de Diputados para explicar los cambios recientes en el etiquetado frontal de alimentos. Para el mismo día fue invitado el ministro de Salud, Daniel Salinas.

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