CAMPAÑA ELECTORAL

Tras quince años sin debates presidenciales, la noticia de que había acuerdo político para impulsar una ley volviéndolos obligatorios pudo verse con buenos ojos entre los once candidatos de los partidos. Pero, al revés, cuando se conocieron públicamente los detalles del proyecto, surgió una fuerte resistencia.

Los colorados de Ciudadanos hicieron punta y hubo alguna objeción de un sector blanco, mientras que el Frente Amplio -principal sostén de la iniciativa- espera la evolución de los acontecimientos. Buscando destrabar, el promotor de la idea original, Fernando Amado, bajó un cambio, hizo una nueva propuesta y ahora encontró el eco esperado.

El proyecto tal como está redactado hoy fija un régimen obligatorio de debates colocando a los once candidatos en dos grupos: en uno los representantes de los siete partidos que participaron en la elección de 2014, y en otro grupo los cuatro partidos nuevos.

De acuerdo con el esquema elaborado, en el grupo uno estarán los cuatro partidos con más votos en 2014: y según el plan para octubre debatirían primero Daniel Martínez (FA) con Luis Lacalle Pou (PN), y en segunda instancia Ernesto Talvi (PC) con Pablo Mieres (PI). Iba a haber un tercer debate entre Gonzalo Abella (Unidad Popular), César Vega (PERI) y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores).

El grupo dos reuniría a los partidos nuevos. Así, debatirían cara a cara Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) con Daniel Goldman (Partido Digital), y Gustavo Salle (Partido Verde Animalista) con Edgardo Novick (Partido de la Gente).

Esto desató airadas protestas de la gente de Talvi, al verlo programado para debatir con Mieres. A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial por el Partido Colorado señaló que el proyecto de ley de debates es “pésimo” y un “insulto a la inteligencia de los ciudadanos, que optarán por Netflix”.

Sumado a esto, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi (Espacio 40, el sector de Lacalle Pou) anunció que así no lo votaría porque se trata de coartar libertades al no permitir que cada quien elija a su oponente.

El diputado Amado, autor del proyecto original, vio las resistencias, levantó el teléfono y consultó con algunos miembros de la Comisión de Constitución de Diputados que tiene a estudio el proyecto y que lo votará el próximo martes 6 de agosto.

La propuesta fue concreta: eliminar los debates obligatorios para octubre y dejarlos solamente para el balotaje de noviembre.

Mientras, se seguirá trabajando para disponer la obligatoriedad en la primera vuelta de 2024, de modo que los once partidos que hoy pugnan por la Presidencia estén en igualdad de condiciones.

Eso terminará, además, con la espada de Damocles que se cernía sobre varias cabezas en caso de no querer debatir. La Corte ahora no cortará los recursos que paga por voto porque los obligados a debatir serán los dos que pasen a la segunda vuelta y, como se juegan la Presidencia, se supone que ninguno rehusará la confrontación con su adversario.

En el Partido Nacional, el sector Todos de Lacalle Pou considera que es “un buen comienzo establecer la obligatoriedad de los debates en general”, comentó a El País un dirigente del grupo, pronunciándose a favor del cambio sugerido por Amado en cuanto a que la obligatoriedad sea para los postulantes que pasen a la segunda vuelta. Y, en cuanto a la primera vuelta electoral, se apoya el mecanismo para que se aplique recién en la próxima elección.

En Alianza Nacional se fijó una posición similar. Esta nueva fórmula “puede ayudar a destrabar” la situación de empantanamiento planteada, y “lo fundamental es que haya un entendimiento entre todos los partidos”, dijo a El País el diputado Pablo Abdala, de la comisión que trabaja el tema.