JUBILACIÓN PARCIAL

Debate sobre reforma legal para los jubilados: trabajar después de retirarse

La necesidad de reformar el régimen de la seguridad social es un asunto que parece concitar apoyo mayoritario a nivel político y está entre las prioridades del futuro gobierno. 

El aumento de la edad para jubilarse es uno de los temas de debate de la campaña. Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

En el imaginario colectivo la jubilación es ese momento casi traumático donde una persona, de un día para el otro, termina en forma abrupta su vida laboral, debe realizar un cambio radical en su estilo de vida y ve reducidos sus ingresos, salvo que encuentre “una changa” o un complemento laboral si es que la ley se lo permite. Porque, a diferencia de los que muchos piensan, en Uruguay es posible jubilarse y trabajar al mismo tiempo en forma legal, pero hay limitaciones que impiden que lo habitual en el sector privado sea la compatibilidad, producto de un régimen arcaico que el presidente electo Luis Lacalle Pou quiere reformar.

Por eso, Lacalle incluyó en el borrador del proyecto de urgente consideración, hoy a estudio de sus socios de la coalición, un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a modificar la ley que establece que es incompatible ser activo y pasivo cuando eso sucede en una misma caja dentro del BPS (o sea, Industria y Comercio, Civil, Servicio doméstico o Rural).

La idea es establecer un nuevo régimen donde el “cúmulo” -esto es, la acumulación entre la jubilación y el ingreso por actividad remunerada- sea posible para todo activo, independientemente de a qué sector esté afiliado. El espíritu de la reforma es que el retiro sea gradual.

Hoy, por ejemplo, un empleado público se jubila y puede trabajar en el sector privado, ya sea como chofer de Uber o empleado de un supermercado, por ejemplo. Y alguien que aporta a la Caja de Profesionales Universitarios o a la Caja Notarial y además tiene un trabajo dependiente por el que aporta al BPS, puede retirarse de una de sus dos actividades y mantener la otra. En cambio, un empleado privado que se retira por Industria y Comercio ve muy limitadas sus posibilidades: difícilmente alguien con más de 60 años de edad pueda alcanzar un empleo público. Menos aún en el sector rural, bancario, policía, militar o doméstico.

Así, el tema del trabajo después de jubilarse se instalará en el debate, pero no es tan claro que la reforma se vaya a aplicar ni bien asuma el nuevo gobierno y se apruebe la ley de urgente consideración, debido a que eso depende de un posterior decreto del Poder Ejecutivo. Además, está planteada una reforma global de la seguridad social a partir de un informe que realizará una comisión de expertos, que tiene dos años para expedirse.

Dos mundos. 

El abogado Rodolfo Saldain, especialista en seguridad social que redactó el artículo de la ley e integrará la comisión de expertos, dijo a El País que “hoy existe una discriminación muy fuerte contra los trabajadores privados”, quienes quedan “con las manos cortadas” y “no pueden hacer nada” una vez que se jubilan.

Si se mira la composición de las jubilaciones, “la mitad de los pasivos puede trabajar”, cuando a nivel internacional es “excepcional” la incompatibilidad. “Pero el trabajador privado no puede en Uruguay y es raro que este tema no haya tomado más fuerza a lo largo de tantas décadas”, indicó Saldain.

En 2012, durante el gobierno de José Mujica, se aprobó la ley 19.006, que establecía la compatibilidad entre actividad remunerada y jubilación por Industria y Comercio, pero fijó condiciones muy específicas, lo que hizo que en la práctica se pudiera aplicar muy poco. Entre otras condiciones, la ley dice que la compatibilidad requerirá autorización del Poder Ejecutivo en cada caso, para aquellos sectores de actividad en los que “exista escasez de oferta de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales”. También estará condicionada a que no se reporte la caída del Producto Bruto Interno desestacionalizado en dos trimestres consecutivos “y será de carácter precario y revocable”. Saldain indicó que son “absolutamente excepcionales” los casos en los que se ha aplicado esa ley. “Está escrito como con culpa, como si esto fuera a generar un problema en el empleo”, opinó el experto.

¿Por qué no se puede trabajar en la misma caja por la que se jubila?

“Acá hay un mito de la incompatibilidad. Eso no es así en Uruguay”, dijo a El País el futuro subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, sobre la posibilidad de trabajar una vez que llegó la jubilación. “Pero ahora lo que hacemos es facultar al Ejecutivo a una compatibilidad total”, agregó. ¿Por qué existe en Uruguay la prohibición de trabajar en la misma caja que uno se jubila? “Es una norma que responde a una estructura orgánica que dejó de existir en 1979, desde cuando tiene un fondo único”, respondió el especialista en seguridad social Rodolfo Saldain. Antes de eso, “cada caja tenía su propio fondo y entonces tenía una lógica importante: quien se jubilaba por la entonces caja de Industria no volvía a trabajar en Industria y Comercio. Desde que desapareció la pluralidad de fondos, y hay un fondo único, eso dejó de tener sentido. Hace más de 40 años que no tiene lógica”, agregó el experto. Otro especialista, Álvaro Forteza, coincidió en que “es anacrónico que uno no pueda trabajar en la caja por la que se jubila” y sí en otra. “Las cajas son esas cosas que no deberían ni existir”, afirmó.

En tanto, la ley de urgencia también crea una comisión de expertos para analizar una reforma a fondo de la seguridad social, que debe elaborar un informe preliminar en diciembre de 2020 y un informe final a diciembre de 2021. El expresidente colorado Julio María Sanguinetti opinó que el plazo es demasiado extenso. Arizti dijo a El País que en el gobierno electo consideran que es “un plazo razonable”, pero “absolutamente revisable”.

Reparos. 

Aunque es unánime el apoyo al espíritu de esta reforma, hay voces críticas. El economista y experto en seguridad social Álvaro Forteza, asesor del Partido Independiente, está de acuerdo en que la limitación es “anacrónica” y “absurda”, ya que la longevidad aumenta “y no es natural que la gente se retire a edades tempranas”. Pero dijo a El País que deben pensarse bien los mecanismos a aplicar: “Tengo dudas de que sea oportuno ponerlo en esta ley, porque allí está la propuesta de cómo hacer una reforma de fondo”. Y, según Forteza, definirlo antes de tener el diseño global “es poner la carreta delante de los bueyes”.

El experto cree que, en el fondo, la idea de Lacalle es dejar clara la preocupación del gobierno y poco más. Forteza teme que se genere un gasto y, por cómo está diseñado el sistema actual, “hay riesgo” de que eso suceda, porque no hay cálculos atrás. Si hay una caída en la edad de retiro, “complicaría más la situación y el país no está para encarar eso”.

Algo similar opina el doctor en economía Gonzalo Zunino, investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y asesor del frenteamplista Daniel Martínez en la campaña electoral pasada, quien admitió que “es una idea interesante” que el retiro sea gradual y se compatibilicen las intenciones de muchos trabajadores de mantener “alguna actividad laboral”. Al mismo tiempo, se habilita a percibir una pasividad “que amortigua el descenso de los ingresos asociado a la menor actividad laboral”.

Pero Zunino advirtió que, en la medida en que se crea una comisión de expertos para reformar el sistema y asegurar su sostenibilidad financiera, parecería lógico que una medida como esta se analizara en esa comisión con una mirada global “y no como una iniciativa aislada cuyos efectos financieros pueden estar no debidamente evaluados”.

Esta flexibilidad asociada al retiro gradual permitiría en principio mantener activas a las personas durante un mayor período, lo que podría ser deseable para las finanzas del sistema, indicó Zunino. No obstante, “esto no es para nada claro, y requiere de una calibración precisa para estimar el impacto de este tipo de medidas sobre la decisión de adelantar el retiro y el rendimiento jubilatorio obtenido por los individuos”.

Y, también en la misma línea, el economista del Instituto Cuesta Duarte Hugo Bai dijo a El País que el tema es relevante y debe ser discutido, pero es “un muy mal mecanismo” promover una reforma tan grande “en un solo artículo, bastante confuso, donde además se faculta al Ejecutivo”.

Para Bai, es un típico tema para dar una amplia discusión en seguridad social, donde además se cuide que no se afecte el empleo juvenil. El tiempo dirá si el gobierno de Lacalle acelera o no un cambio relevante para miles de uruguayos.

Un cambio para evitar el “impacto financiero”

El artículo 358 de la ley de urgencia dice que la reglamentación podrá establecer una reducción de la asignación para quienes tengan menos de 65 años, de modo de que se incentive un retiro tardío. Esa baja sería como máximo de 50 pesos de asignación de jubilación por cada 100 pesos de ingreso por actividad. Ese es un cambio relevante “porque esto puede tener un impacto financiero”, dijo a El País el abogado Rodolfo Saldain, uno de los redactadores del mencionado artículo.

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