POLÉMICA POR TRIBUTO A LOS PÚBLICOS

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Con el centro del debate en los privados y las razones por las que no fueron incluidos en el “Impuesto Emergencia Sanitaria 2 - COVID-19”, el Parlamento aprobará mañana el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que grava los sueldos públicos altos. Lo hará con votos de la coalición y críticas del Frente Amplio.

En base al aumento exponencial de contagiadosy de internados en CTI, el Poder Ejecutivo justificó en la exposición del motivos del proyecto de ley el cobro del impuesto transitorio (por dos meses y se puede extender hasta cuatro) a funcionarios públicos, cargos políticos y jubilados que ganen más de $ 120.000 nominales.

La diferencia con el cobrado en 2020 pasa básicamente por la escala, la que será progresional, es decir similar al cálculo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. O sea que, si bien el número de personas que pagarán no sufriría variaciones, el monto será menor.

Por esto se espera una recaudación inferior a los US$ 30 millones (18 por activos y 12 por pasivos) recaudados el año pasado. Según fuentes del Partido Nacional será una tercera parte.

Si bien la sesión estaba prevista para hoy, pasará para mañana por pedido del FA.

El coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo a El País que “es justo que el impuesto solo grave a los públicos, porque estos tienen la estabilidad laboral que no poseen los privados”.

“El trabajador privado tiene riesgo inminente de despido o de reducción horaria, lo que implica un menor salario. Los privados y públicos no están en igualdad”, respondió así Goñi a los planteos sobre una posible inconstitucionalidad.

En la misma línea, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a El País que no comparte los reparos que se hacen a la constitucionalidad del proyecto, dado que hay “antecedentes claros” que lo avalan, en alusión a dos recursos presentados en el gobierno del expresidente Jorge Batlle por el cobro de un adicional al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). Explicó que, en 2005, la Suprema Corte estableció que “la certeza jurídica del funcionario público habilita al legislador a colocar más impuestos”. “La Constitución permite tratar desigual a los desiguales”, concluyó.

Consultado sobre el planteo de gravar a privados con el impuesto Covid -tal como fue solicitado por el Partido Colorado- Rodríguez dijo que esa posibilidad fue descartada por el presidente Luis Lacalle Pou. “Creemos que los privados son los que más han cargado con las consecuencias económicas de la pandemia, pero ningún funcionario público dejó de cobrar”, afirmó.

Pese a que una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado había aprobado extender el impuesto “COVID-19 2” -como le suelen llamar los legisladores- a los salarios más altos de la actividad privada, lo terminarán votando tal como está. El diputado colorado Ope Pasquet (Ciudadanos) dijo a El País que se toma la decisión de acompañar el proyecto “porque en una situación como la que se vive por la pandemia, la coalición tiene que estar unida”.

Pasquet aseguró que el tributo supone “un esfuerzo necesario para una contingencia imprevista”. “En campaña electoral dijimos que no íbamos a poner más impuestos, pero no sabíamos que tendríamos que enfrentar una pandemia”, subrayó el legislador.

“El nuevo diseño del impuesto Covid es mejor que el del año pasado porque contempla la realidad de las familias, como propusimos hace unos días”, dijo a El País el diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) en referencia a la aplicación mediante tasas progresivas que se incluyeron como forma de cálculo del tributo. Rodríguez además planteó la posibilidad de realizar deducciones (al pago de cuotas hipotecarias y centros educativos). Si bien eso no se incluyó, aseguró que la nueva forma de cálculo del impuesto a los públicos es “menos gravosa” para las primeras franjas.

Privados y capital. En el FA la mayoría de los sectores se inclina por votar el impuesto Covid, a pesar de cuestionarlo. Esto, porque entienden que será muy difícil explicar las razones del cambio de posición con respecto a 2020, cuando se apoyó la iniciativa.

Si bien se votará en general, se presentará un aditivo que apunta a gravar los salarios privados. En sala, la oposición insistirá en que el impuesto es “irrisorio”, ya que no resuelve la situación de los sectores más afectados por la pandemia.

Consultado por El País, el senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) opinó que el impuesto a públicos es “testimonial”, porque se estima recaudará US$ 13 millones. Además, destacó que es “profundamente injusto”, porque “solo grava a los públicos cuando en el sector privado hay salarios de decenas de miles de dólares y bonos”.

“Sigue estando ausente lo más importante que es el gasto para sostener a los sectores más afectados”, finalizó.