PARLAMENTO

Los cinco partidos de la oposición coinciden con la cátedra en que el impuesto es inconstitucional.

La de esta madrugada fue una nueva derrota del gobierno a manos de uno de los suyos. Como lo había anunciado, el diputado de Liga Federal, Darío Pérez, no acompañó el proyecto del Poder Ejecutivo creando un impuesto a determinadas pasividades militares servidas por el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM). Y como el proyecto necesitaba un mínimo de 50 votos porque creaba un tributo, fracasó al tener solamente 49 del Frente Amplio.

Ninguno de los cinco partidos de la oposición apoyó el impuesto y ahora al Frente Amplio no le queda más que esperar a la siguiente legislatura, a partir de 2020, para impulsarlo y apostar ahora al otro proyecto que involucra a los militares, que establece una reforma integral del sistema de retiro de los uniformados.

Pérez volvió a dejar en minoría al FA, como lo hiciera en marzo de este mismo año cuando desoyó el mandato político y votó a favor del proyecto de Unidad Popular sobre la creación de un régimen de vivienda popular, iniciativa que hoy está a estudio del Senado.

En nombre del Partido Nacional, el diputado Gustavo Penadés afirmó que el informe del FA tiene "una enorme carga ideológica", que "se confunde el concepto de retiro con el de jubilación; es hablar de Caja Militar cuando se trata de un servicio dependiente del Poder Ejecutivo, que se trata de funcionarios públicos particularísimos y que desde 1918 el Estado transfiere dinero para estas pasividades.

"Hay desconocimiento y mala intención" en el informe del oficialismo, opinó. "Por eso es difícil poder ponernos de acuerdo", agregó. Penadés reconoció que "efectivamente hay un problema" con este sistema de retiros.

Agregó que después de catorce años de gobierno de un partido político con mayoría parlamentaria denunciar que se debe cortar la transferencia a este servicio, "es algo poco creíble. El legislador sostuvo que el Frente Amplio no quiso cambiar las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas para modificar la relación activo-pasivo, que es en buena parte responsable del déficit del servicio.

Afirmó también que se debería empezar la discusión por el papel de las Fuerzas Armadas "en lugar de empezar por el final y aplicar un impuesto por 18 meses que pretende recaudar US$ 75 millones para un déficit anual que es de US$ 447 millones".

"Hay una condición de animadversión con los militares que no han podido superar", acusó Penadés.

Además, dijo que el impuesto es inconstitucional según la opinión de las cátedras de derecho constitucional de la UdelaR y de la Universidad Católica porque se trata de una doble imposición sobre el mismo hecho generador. Los militares retirados ya pagan el IASS por sus remuneraciones.

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Su colega del Partido Colorado Conrado Rodríguez recordó que en la campaña electoral Tabaré Vázquez prometió que no habría más impuestos. "¿Y este proyecto qué es? ¿Qué es?", preguntó el legislador.

Rodríguez sostuvo que con este impuesto "se rebajan, lisa y llanamente, los retiros y pensiones militares, por más que se diga que es en forma temporal".

Del mismo modo, el diputado del Partido Independiente Iván Posada anunció el voto contrario de su bancada básicamente por el carácter inconstitucional del tributo.

También argumentó que pese al crecimiento de la economía en los gobiernos del FA igual hubo déficit. Cuando los ingresos públicos "crecieron en forma extraordinaria" (...) "a pesar de ello 2017 cerró con un déficit fiscal estructural del 4% del Producto", recordó.

Criticó la demora del Frente Amplio en reformar la carta orgánica de las entidades militares luego del tercer gobierno de la izquierda.

El oficialista Alfredo Asti descartó que haya un cuestionamiento al papel de las Fuerzas Armadas, y ratificó que lo antes posible se analizará el proyecto de reforma militar integral.

Luego, el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio coincidió en la inconstitucionalidad de este gravamen y anunció su rechazo al impuesto.

"Acá se habló de venganza (de la oposición) y de justicia (del FA). No se trata ni de una ni de la otra. No votamos este impuesto a los militares ni ningún otro impuesto", explicó Rubio.

El frentista Darío Pérez que votó en contra del impuesto, dijo que "como no voy a votar este proyecto capaz que algunos dicen que soy facho, y no lo soy". "Muchas de las jubilaciones de privilegio pertenecen a compañeros nuestros reparados en democracia", recordó.

El informe en mayoría a favor del impuesto fue presentado por la diputada frenteamplista Bettiana Díaz. En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y solamente 27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por cada activo. Según se explicó, se estima que no serían gravados aproximadamente el 80% de los pasivos militares, lo que implica que más de 40.000 beneficiarios no pagarán este tributo. Se prevé que más del 65% de los ingresos se obtendrían gravando aquellas prestaciones mayores a $ 108.330. Los militares deben aportar durante 36 años al Servicio un montepío que equivale al 13% de sus remuneraciones. El promedio de las jubilaciones es de $ 23.358, y el de las pensiones $ 15.370, a enero de 2016, cuando el proyecto se envió al Parlamento. Díaz explicó que en el proyecto se propone que el impuesto tenga un carácter transitorio y progresivo, de manera de concentrar la carga contributiva en aquellos beneficiarios que perciben más de $ 54.165 mensuales, incluida la cuotaparte correspondiente al aguinaldo. Además del impuesto, con el fin de atenuar el déficit del Servicio, el gobierno promueve una reforma que toma como modelo la reforma de la Caja Policial que aumentó la edad de retiro, favoreció al personal que realiza tareas ejecutivas y fijó aportes para partidas que estaban excluidas.