Varios buscan referéndum

Cuatro campañas incomodan al gobierno

Sector de Larrañaga y el sindicato de OSE son muy optimistas con sus recolecciones de firmas.

Hay recolección de firmas contra la bancarización, impuestos a jubilaciones y la "ley de riego". Foto: Archivo
Hay recolección de firmas contra la bancarización, impuestos a jubilaciones y la "ley de riego". Foto: Archivo

Hay cuatro campañas de recolección de firmas para reformar la Constitución, tres de las cuales apuntan directamente contra legislación impulsada por el gobierno y sus impulsores son optimistas de que conseguirán su objetivo.

Por un lado, el sindicato de OSE es la punta de lanza de la movida contra la "ley de riego" cuya aprobación logró el gobierno el año pasado para impulsar el potencial productivo de varios sectores agrícolas facilitando la llegada de más capital privado a los emprendimientos de particulares que apuntan a incrementar la disponibilidad de agua.

Hugo Prieto, vicepresidente del gremio, dijo a El País que hasta el momento han logrado obtener unas 350.000 de las rúbricas necesarias para se realice un referéndum sobre la continuidad de la ley. Según el sindicalista, sobre fines de agosto los impulsores contarán con la cantidad de firmas requeridas. El plazo de que disponen vence el 27 de octubre de este año, cuando se cumplirá un año del día en que fue aprobada la ley.

"Hemos escuchado que en el gobierno estaban dispuestos a negociar, pero si no la derogan no hay negociación posible porque si nos descansamos en la negociación, se nos pasa el plazo legal", señaló. Según Prieto, la ley viola el artículo 47 de la Constitución que establece que "las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico". "Nos preocupa que se creen megaembalses que puedan afectar la calidad de los ríos y arroyos de los que toma agua OSE. Se perjudica incluso a los productores más pequeños", sostuvo.

También hay optimismo, aunque por ahora no hay cifras, en el sector blanco Alianza Nacional que quiere incorporar disposiciones transitorias que permitan la creación de una Guardia Nacional, con 2.000 efectivos, el cumplimiento efectivo de las penas y la creación del instituto de la prisión permanente revisable. A su vez, este sector propone dejar sin efecto la prohibición total de los allanamientos nocturnos en hogares que hoy está vigente. El diputado de este sector, Pablo Abdala, dijo a El País que "somos muy optimistas", que creen que llegarán a las firmas que necesitan (unas 240.000) antes de fin de año y que en un mes se dará un primer balance de la cantidad de rúbricas obtenidas. "El objetivo se mantiene incólumne. No se quiere prolongar esto sin necesidad", señaló.

"Hay una situación de fractura social y de marginalidad", alertó Larrañaga. Foto: Marcelo Bonjour
Foto: Marcelo Bonjour

Otro movimiento busca dejar sin efecto la denominada "ley de bancarización". Tomás Casas, presidente del Centro Comercial de Lavalleja, dijo que se ha logrado el 25% del padrón electoral en Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Maldonado, Rocha, y las ciudades de Chuy y Pando. Esto seguramente tenga que ver con que son los centros comerciales del este del país los que están detrás del esfuerzo ya que la Confederación Empresarial del Uruguay, que tiene la representación de todos los centros comerciales e industriales del país, decidió no adherir. Casas explicó que este movimiento también apunta a que quede "claramente establecido que el dinero (físico) no pierde su poder cancelatorio", o sea que no puede ser rechazado como medio de pago. Casas dijo que no se oponen a la bancarización, sino a que esta sea obligatoria y se proponen llegar antes de noviembre a unas 300.000 rúbricas para que luego del inevitable descarte de algunas, cuenten con las 250.000 válidas que necesitan. Casas aseguró que el esfuerzo es acompañado por el movimiento "Un Solo Uruguay", la Asociación de Escribanos, la Asociación de Colonos, algunos integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, asociaciones agropecuarias del este, gremiales hoteleras e inmobiliarias y jubilados.

De todas formas, uno de los impulsores de esta iniciativa, Nicolás Álvarez, advirtió en Twitter que hay cierto rezago en la campaña. "Hoy se cumple 1 año del inicio de recolección de firmas contra la Bancarización Obligatoria. Sólo 29.000 ciudadanos firmaron. Precisamos 300.000 y nos quedan sólo 10 meses. Ustedes deciden: eligen la Libertad, o ser Esclavos de los Bancos", escribió el viernes.

Esta campaña propone agregar al artículo 52 de la Constitución lo siguiente: "Está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera cualquiera sea su monto. Le está prohibido al Estado establecer ventajas o perjuicios en función de que la persona física o jurídica opte o no por operar con dinero en efectivo". También propone una disposición especial que establecería en la Constitución que "las instituciones bancarias y/o de intermediación financiera y/o emisoras de dinero electrónico no tendrán derecho a reclamo sobre daños, perjuicios y/o lucro cesante alegando motivo en la presente reforma".

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Recolección de firmas. Foto: Archivo El País
La bancarización y la seguridad

El sitio www.noalabancarizacionobligatoria.com señala que "la Ley 19.210 de Inclusión financiera, impone el movimiento de todo dinero a través de los bancos y OBLIGA, a todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay, a permitir que los bancos tomen el control (supervisión) total de la intimidad económica individual, con el pretexto o la excusa de combatir la inseguridad pública". "Los lineamientos de la ley involucran quitar el dinero en efectivo de las calles, lo cual produce un corrimiento del delito y transformación de delitos como la rapiña y el hurto, en otros más graves como el secuestro y la extorsión. Por lo tanto, es una ley que, por su naturaleza, aumenta el riesgo de vida de todos los habitantes de la República", agrega.

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BPS: cada año es mayor la contribución que debe hacer Rentas Generales para que el BPS cumpla con los pagos de jubilaciones. Foto: Fernando Ponzetto
Firmas contra gravar jubilación

La modificación que se plantea agregar en un inciso al artículo 67 de la Constitución señala: "Las pasividades, las pensiones, y en general, todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el Banco de Previsión Social o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza". Las prestaciones tampoco podrán ser "objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud o las que consienta su titular", agrega la propuesta. "Los partidos políticos no se expresaron, pero muchos dirigentes juntan firmas", señala Sergio d´Oliveira. Los puntos de recolección están en el sitio modeco67.uy.

Cuestionado impuesto que recauda mucho
Jubilados: para apoyar la pasividad a veces se sacan rentas vitalicias en el BSE. Foto: archivo El País

El 3 de julio del año pasado un grupo de jubilados lanzó una campaña para que en el artículo 67 se determine que las jubilaciones no podrán ser gravadas con impuestos ni nacionales ni locales. El movimiento distribuyó 50.000 papeletas que pueden recibir nueve firmas cada una, y es optimista respecto a que se obtendrán las 260.000 exigidas para que se pueda votar en referéndum esa disposición. Sergio dOliveira, uno de los portavoces del grupo, dijo a El País que cuentan con 150 puntos de distribución de papeletas en todo el país para lograr las voluntades exigidas antes del plazo máximo de que disponen que es abril del próximo año.

El Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS), grava a las jubilaciones que superan las 8 Bases de Prestaciones y Contribuciones (unos $ 26.784), con tres alícuotas diferentes de 10, 24 y 30%. Este tributo recaudó en 2016 US$ 195 millones, por lo que su eliminación tendría consecuencias fiscales importantes. El IASS fue creado luego de que la Suprema Corte de Justicia considerara inconstitucional el IRPF a las pasividades durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

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