REUNIÓN DE BANCADA

"Recién ahora vamos a empezar a trabajar con normalidad”, dijo, casi suspirando, uno de los senadores del Partido Nacional que participaron ayer de una extensa reunión -de cerca de ocho horas- para definir sus prioridades legislativas para este año, el tercero de este mandato.

Es que en el sistema político, y especialmente en el partido de gobierno, saben desde hace tiempo que la agenda parlamentaria del oficialismo no ha avanzado a la velocidad esperada, primero por las obligaciones que impuso en su momento la emergencia sanitaria, y luego por la campaña en defensa de la LUC, que recién culminó el 27 de marzo.

“La voluntad política es que este año el Parlamento sea activo y dinámico en producción legislativa”, dijo a El País en ese sentido el senador Carlos Camy, coordinador de la bancada nacionalista.

Por eso se entiende que este 2022 tiene que ser el año de mayor actividad legislativa, algo que además es una pretensión del propio presidente Luis Lacalle Pou, que se reunió este martes con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el senador Gustavo Penadés para transmitir esta inquietud.

“Para el presidente, todos los temas que tienen que ver con reformas estructurales son prioritarios porque están asociados a compromisos electorales”, señaló al respecto Penadés, al ser consultado en rueda de prensa antes de una reunión de bancada ayer. Dentro de esas reformas, citó Penadés, la de la educación se encuentra en un primer plano.

Según contaron a El País participantes del encuentro -que se hizo en la sede de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes-, la instancia fue “productiva” porque se repasaron los más de 120 proyectos que tiene el Senado en trámite, pero sobre todo porque sirvió para confeccionar una “lista” de alrededor de 25 iniciativas -acerca de los más variados asuntos- a ser priorizadas por esta bancada.

Muchos son proyectos que fueron presentados por los blancos o por el gobierno, pero que aún se discuten en el Parlamento; otros pertenecen a socios de la coalición oficialista, y en algunos casos son planes en los que aún no hay acuerdo para que salgan adelante, pero que han trascendido como discusión pública.

En la lista está la reforma de la actual ley de medios, asunto trancado en al Cámara de Diputados por diferencias con Cabildo Abierto, y el proyecto que este partido presentó para otorgar prisión domiciliaria a las personas mayores de 65 años, tema que ha generado polémica en la sociedad porque favorecería a imputados por delitos cometidos durante la dictadura militar. Sobre esto último, los blancos están trabajando en una propuesta “alternativa”, que planteará elevar la edad mínima para acceder este beneficio a los 70 años, y que queden excluidos del cambio de régimen de reclusión todos aquellos procesados por delitos de lesa humanidad.

Los nacionalistas también dialogaron sobre el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, trancado en este caso no por diferencias con Cabildo -que comparte y participa en la redacción de esta ley- sino porque aún no tiene el apoyo del sector Ciudadanos del Partido Colorado, disconforme con varios de sus aspectos.

También se encuentra el proyecto que busca regularizar las apuestas online, la situación de los deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, y el que creará la personería jurídica para los sindicatos, lo cual fue aprobado en Diputados y espera su tratamiento en el Senado. En este último caso, contaron las fuentes, se asumió el compromiso de que el proyecto sea ley “antes de que termine mayo”.

Los blancos también quieren acelerar la discusión en los dos proyectos que plantean la internación de los adictos que viven en la calle -uno de los cuales fue una iniciativa presentada por el ministro Martín Lema-, e instalar el debate en el Parlamento sobre el futuro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque hay malestar -es sabido- con algunas pronunciamientos de este organismo, que ha sido crítico con el gobierno, en particular a la hora de cuestionar algunos operativos policiales. “Quizás revisemos sus competencias, porque tienen algunos aspectos que han sido declarados inconstitucionales”, dijo un legislador blanco.

En paralelo a la agenda parlamentaria, la coyuntura económica también se llevó buena parte de la reunión, en particular por el interés de varios legisladores de generar encuentros con ministros para seguir proponiendo soluciones al alza inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Uno de los planteos, puso de ejemplo un senador, tiene que ver con “evitar que los vendedores y comerciantes suban el precio de algunos productos que no se vieron afectados por la inflación”, por lo que se propondrá hacer un “seguimiento cercano” de esos casos y bloquear los intentos de “especulación”.

Por otro lado, en el oficialismo son conscientes de que hay órganos de contralor cuya integración no fue aún renovada. El caso sobresaliente, y que ha generado intenso malestar entre los cabildantes, es el de la Corte Electoral. Los liderados por Guido Manini Ríos reclaman el lugar que les corresponde por la votación lograda en 2019 -incluso tienen designada a Sandra Chá desde hace meses para asumir como ministra-, para lo cual deberá salir el ministro que ocupa el cargo por el Partido Colorado, algo que no cae en gracia dentro de esta colectividad.

Para resolver este tema, tanto oficialismo como oposición tiene que acordar votar la nueva integración, algo que se ha dilatado por distintos motivos, como la espera a que el organismo procesara las firmas para convocar el referéndum en contra de la LUC, y luego que tuviera lugar la consulta popular.

Ahora ya no hay más “excusas” para seguir posponiendo la votación de la nueva integración de la Corte -entienden los cabildantes-, y los blancos se comprometieron ayer a “establecer los contactos” políticos para resolver cuanto antes esta situación.