LA ÚLTIMA BATALLA

Crisis argentina protagonista del debate por la Rendición

Es la última distribución de recursos hasta la ley de Presupuesto de 2020.

senado.  Hoy habrá uno de los últimos debates del año en el Parlamento y será por la Rendición de Cuentas correspondiente a 2017. Foto: Gerardo Pérez.
senado. Hoy habrá uno de los últimos debates del año en el Parlamento y será por la Rendición de Cuentas correspondiente a 2017. Foto: Gerardo Pérez.

El plenario del Senado discutirá hoy sobre el proyecto de Rendición de Cuentas 2017, donde el centro del debate estará puesto en las consecuencias de la crisis argentina. El elevado déficit fiscal, el desempleo, el aumento de los funcionarios públicos y del nivel de endeudamiento serán otros aspectos del análisis de esta Rendición, que es la última donde se distribuirán gastos hasta la próxima administración de gobierno.

El déficit fiscal está en 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en los doce meses cerrados a julio, mientras el crecimiento económico en el segundo trimestre se ubicó en el 2,5% del PIB, con un desempleo del 7,77% a julio, de a cuerdo con las cifras oficiales.

La Rendición de Cuentas que se votará esta semana en el Senado deberá volver a la Cámara de Representantes por algunos ajustes, con lo cual demorará unos días más en ser sancionada.

El Partido Nacional solicitó sin éxito que el equipo económico retornara a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda luego del estallido de la crisis en Argentina para buscar algunos instrumentos de ajuste a partir de esa situación, “dado que algunos de los supuestos ya no se están cumpliendo”, dijo a El País el senador Alvaro Delgado (sector Todos).

El legislador recordó que el equipo económico encabezado por el ministro Danilo Astori, cuando compareció en el Senado pronosticó un crecimiento de la economía del entorno al 3,3% para el año que viene, pero señaló que eso no se cumplirá. “Esta es una Rendición poco creativa sin instrumentos que puedan generar mecanismos de contingencia ante la amenaza del vecino país”, señaló.

Los números de la Rendición

Este proyecto de ley de Rendición de Cuentas habilita un aumento del gasto de $ 4.700 millones, lo que equivale a unos US$ 146 millones. De esos $ 1.700 millones responde a gastos ya comprometidos, a los que se agregan los otros $ 3.000 millones para educación, salud, vivienda y seguridad. Las cooperativas de vivienda, el acuerdo salarial con los judiciales, los pagos por disponibilidad de las obras por participación público-privada que comenzarán en 2020 y el pago por nocturnidad en el Ministerio del Interior, integran los ítem comprometidos. En el articulado hay un nuevo pedido para el aumento del tope de endeudamiento por US$ 200 millones para 2018 y 2019, siendo la cuarta instancia en que ello ocurre desde el año 2010.

Una de las innovaciones que contiene el proyecto de Rendición de Cuentas, por lo que deberá volver a Diputados es la asignación de $ 6,8 millones para la capacitación de funcionarios del Poder Judicial con vistas a la aplicación de la ley de violencia basada en género.

Esta ley se viene aplicando de forma “parcial” y en el interior del país algunos magistrados imparten justicia “por teléfono”. Son víctimas de un crecimiento exorbitante de las denuncias de violencia de género, que pasaron de 7.000 por año en 2005 a 39.000 en 2017, es decir casi un 600% más. Por eso, la presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Elena Martínez alertó en el Parlamento que podría haber un “colapso” en el sistema judicial por lo desbordados que están el personal y los juzgados, según dijeron a El País participantes de la reunión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se pide un total de $ 948 millones para implementar lo que resta del Código del Proceso Penal (CPP), incluyendo esta iniciativa. Pero apenas se pudo redistribuir una partida algo superior a $ 6 millones.

El Poder Judicial informó al Parlamento que para poner en marcha la ley deben crearse más de 500 cargos, para personas que trabajarían en 33 juzgados nuevos que precisan jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios administrativos y equipos técnicos para tomar decisiones en plazos acotados.

Una señal.

“Cuando recibimos al Poder Judicial fuimos muy críticos sobre la falta de recursos para implementar un programa vinculado a la aplicación de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Dijimos que era una oportunidad para empezar a pensar cómo distribuir recursos. Obviamente, la suma de aproximadamente $ 6,8 millones es muy poca -son alrededor de US$ 200.000-, pero valoramos la señal y el esfuerzo. En lugar de ver el vaso medio vacío voy a intentar verlo medio lleno. Creo que la sociedad estaba esperando una señal”, dijo Delgado en la comisión cuando se aprobó la redistribución de esos fondos.

“Después de escuchar el planteo de la Suprema Corte de Justicia sobre la implementación de esta ley y el programa del Poder Judicial, sabemos que esta partida es absolutamente insuficiente. Me parece que estamos avanzando dándole contenido a través de los recursos y por eso vamos a acompañar esta iniciativa”, adelantó.

El artículo de la Rendición destinado a atender el pedido del Poder Judicial señala que el dinero será “para atender los gastos de alojamiento, traslado y viáticos de los funcionarios judiciales que realicen la capacitación para la implantación en todo el país de la Ley n.º 19.580, de 22 de diciembre de 2017, de “Violencia hacia las mujeres basada en género”».

Delgado recordó que en la Rendición de Cuentas “no se le dan recursos a los organismos de contralor” y que después de mucho insistir se permitirá que la Junta Anticorrupción pueda llevar adelante algunas disposiciones sin costo.

“Los organismos de contralor y la Universidad son los grandes perjudicados de esta Rendición”, sostuvo el senador nacionalista, que agregó que “no le creemos al equipo económico porque las metas señaladas en cada Rendición de Cuentas no se han cumplido”.

Además el senador blanco dijo que en la Rendición de Cuentas se proveen todas las vacantes de funcionarios en el Estado, “y también se aumenta la plantilla en unos 5.000”, y que el ministro Astori no cumplió con el compromiso anunciado de proveer dos de cada tres vacantes.

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