DEBATE DE LA LUC

La comisión especial de Diputados encargada del tratamiento de la Ley de Urgente Consideración (LUC) recibió ayer a una delegación del Congreso de Intendentes encabezada por su presidente, Christian Di Candia.

El intendente de Montevideo hizo énfasis en los artículos 475 y 476, que refieren a las áreas protegidas, y dijo que “nos parece fundamental la creación de un fondo para sumar recursos del gobierno nacional a las 17 áreas protegidas que ocupan cerca de 400 mil hectáreas en 11 departamentos del país. Es necesario estimular estas oportunidades de desarrollo de forma sustentable”.

“Las áreas protegidas significan oportunidades de desarrollo para los departamentos y especialmente para las poblaciones más cercanas a ellas. Pero también son importantes por responsabilidades que muchas veces son difíciles de atender, como la protección del ambiente y la biodiversidad”, agregó Di Candia.

El artículo 475 de la LUC incorpora el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas al Poder Ejecutivo. “Las áreas naturales protegidas y los monumentos históricos nacionales que actualmente se encuentran bajo custodia, responsabilidad, manejo y administración del Ministerio de Defensa Nacional permanecerán en su órbita, manteniéndose una relación de coordinación e interacción con el Ministerio de Ambiente”, señala. Y agrega que “la aplicación del régimen jurídico del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (...) se hará en acuerdo con los gobiernos departamentales competentes, en cumplimiento de las disposiciones, instrumentos y principios de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes”.

El intendente Di Candia también planteó preocupación por los artículos 310, 311 y 314 vinculados a los procedimientos de compras y licitaciones, que - sostuvo- “pueden afectar sensiblemente las acciones operativas de todos los gobiernos departamentales”.

Entre otras cosas, la LUC señala que salvo excepciones, las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, “de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y a lo previsto en la normativa vigente”.