JUICIO POR DATOS PRIVADOS

La Inddhh emitió un dictamen favorable a él que será usado.

Gabriel Arrieta, el colono con el que el presidente Tabaré Vázquez mantuviera una acalorada discusión callejera, anunciará formalmente que iniciará un juicio por la difusión de datos privados sobre su persona que efectuó el gobierno a través de la página web de la Presidencia.

Arrieta junto a sus representantes legales Gustavo Sa- lle y Enrique Viana harán hoy el anuncio del comienzo del proceso judicial.

Pocas horas después de que Arrieta y Vázquez protagonizaran la discusión mencionada, la Presidencia de la República señaló que "el integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente".

Tras la movida del gobierno, Arrieta efectuó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) pidiéndole amparar sus derechos dado que se sintió objeto "de un ataque feroz y sistemático" de parte del gobierno que se extendió a las redes sociales.

"Siento que se me afecta como persona y también lo ha sido mi familia; temo que les pase algo sinceramente porque siempre hay algún loquito suelto", dijo Arrieta a El País.

La semana pasada la Inddhh se pronunció a favor de Arrieta. En su resolución la institución sostuvo que "Presidencia de la República difundió información de carácter público de forma no adecuada y (...) tal proceder podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información y el derecho a la protesta pacífica (...) Dicha conducta constituye un apartamiento por parte del Estado uruguayo de sus obligaciones de defensa, promoción y protección del derecho a la libertad de expresión", señaló el dictamen.

Además, la resolución indicó que "utilizar la página web de Presidencia para la difusión de datos de una persona que critica públicamente al Gobierno, no es el medio adecuado para defender la investidura o la persona del Presidente de la República (...) De convertirse esta práctica en habitual, resultaría una amenaza a la libertad de las personas a manifestar opiniones o informaciones contrarias al gobierno o a los actos de los gobernantes, limitando así la participación activa en el debate democrático", advirtió.