ANTEPROYECTO DEL GOBIERNO ELECTO

COFE dice que la ley de urgencia abre la puerta “a la precarización”

COFE pretende tener la mayor información posible sobre el anteproyecto del gobierno electo “para que haya criterios garantistas para todas las partes” sobre los caminos a seguir.

El consejo directivo de COFE se reunió ayer durante unas cinco horas con sus asesores. Foto: @COFE_PITCNT
El consejo directivo de COFE se reunió ayer durante unas cinco horas con sus asesores. Foto: @COFE_PITCNT

Con algunas bolsas de bizcochos y mucho mate, el consejo directivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) analizó ayer por primera vez y durante cinco horas el capítulo de la ley de urgente consideración que incluye normas sobre reclutamiento y traslados de funcionarios públicos y la adecuación de la Administración Central.

Sobre una mesa blanca de plástico, de esas de jardín, estaban algunas hojas del anteproyecto que el presidente electo Luis Lacalle Pou negocia con sus socios de la coalición. El análisis, junto a sus asesores del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (Inesur) en un salón de paredes descascaradas en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), tuvo algunas consecuencias concretas.

La cúpula de la confederación que nuclea a los sindicatos de la Administración Central tiene temor y preocupación por cinco artículos -del 297 al 301- y entiende que permiten los traslados de funcionarios sin controles entre los entes y la Administración Central, además de posibles privatizaciones, reducciones de la plantilla de funcionarios, reestructuras y tercerizaciones, según dijo a El País el presidente del sindicato, Martín Pereira.

¿Se viene un conflicto? “Todo dependerá de la voluntad de negociación del gobierno. Si hay un recorte de funcionarios y reestructuras que atenten contra los trabajadores y el funcionamiento del Estado, habrá conflicto”, adelantó Pereira. “Si se llega a acuerdos, será menor la conflictividad”. El secretario general, Joselo López, agregó que primero agotaran las vías de negociación “hasta donde abra las puertas el gobierno” de Lacalle.

COFE pretende tener la mayor información posible “para que haya criterios garantistas para todas las partes” sobre los caminos a seguir. “Vemos cosas que no nos terminan de cerrar”, dijo López a El País. “No quiero caer en la tentación de decir que está todo mal ni que está todo bien. Pero sí hay derechos conquistados en riesgo”, afirmó, y sostuvo que se va en el camino opuesto “a un Estado que defienda el derecho de los más débiles y de la soberanía del país”.

Un tema “complicado”, a juicio del sindicato, es que el artículo 297 habla de ocupar un cargo por cada tres vacantes generadas, sin establecer excepciones para áreas esenciales como la salud, educación y seguridad. “Queda abierta la puerta para la tercerización y precarización laboral y es lo que no queremos”, indicó Pereira. López agregó que “eso generará lugares que queden prácticamente vacíos”. Puso el ejemplo del Ministerio de Ganadería, donde según COFE en el próximo período se jubilaría más del 40% de los funcionarios.

En la confederación recuerdan que el Partido Nacional planteaba en el programa eliminar el 21% de las vacantes, un porcentaje bastante menor del establecido en el borrador.

El artículo 299 dice que el Ejecutivo, previo informe de Servicio Civil y de la OPP, podrá disponer traslados de recursos humanos de los entes y los servicios descentralizados hacia la Administración Central y viceversa “por razones de servicio, y en base al principio constitucional de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.

Si bien se establece que se deberá respetar el nivel del cargo y asignar tareas “que se relacionen con su especialidad”, Pereira indicó que están “preocupados” y que no les queda claro cuáles son los mecanismos, condiciones ni criterios a aplicar. “Tenemos temores de que se trasladen funcionarios sin su consentimiento”, indicó el presidente del sindicato. También temen posibles “cuestión sancionatorias”. En COFE tampoco convence el artículo 301 que faculta al Ejecutivo a aprobar reestructuras organizativas en la Administración Central: se podrán “crear, suprimir, transformar y fusionar unidades”. Los sindicalistas dicen que todo eso debe ser discutido a través de la ley de negociación colectiva.

El PIT-cnt analiza el texto en dos reuniones

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt discutirá hoy desde las 10 de la mañana sobre el contenido de la ley de urgente consideración, en base a algunos informes técnicos y las posiciones de los miembros de la central. De tarde habrá una reunión más grande donde participarán delegados de todos los sindicatos, plenarios y comisiones de trabajo, según adelantó a El País el presidente de la central, Fernando Pereira.

En tanto, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunirá el próximo lunes con el futuro ministro de Trabajo Pablo Mieres y con el subsecretario Mario Arizti. Un día después, convocarán a una reunión informativa a todos los sindicatos de la Administración Central. Allí los trabajadores podrán evacuar dudas y realizar las consultas necesarias. Aunque falta más de un mes para que el gobierno de Lacalle Pou asuma, la posibilidad de un conflicto está en pie, admiten los sindicalistas.

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