DIÁLOGO EN EL PARLAMENTO 

Coalición y FA apuran negociación por cargos en la Justicia y organismos de contralor 

A medida que se acercan los plazos legales hay más nombres en danza, porque en los últimos días surgieron figuras también para la Fiscalía como Mirta Morales y Mónica Ferrero. 

Cámara de Senadores. Foto: Leonardo Mainé
Cámara de Senadores. Foto: Leonardo Mainé

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Cuando este 27 de octubre el ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis Tosi cumpla 70 años, el sistema político tendrá la última chance en lo que queda de este período legislativo para acordar un nombre que cuente con el respaldo de la coalición de gobierno y la oposición para ocupar la vacante que se está por producir. Y a esta última oportunidad se agrega otra en el otro organismo que compone el sistema judicial -la Fiscalía General de la Nación-, ya que el cargo del fiscal de Corte deberá renovarse en abril próximo, tras cumplirse 10 años del mandato de Jorge Díaz.

Por eso es que por estos días comenzaron a intensificarse las conversaciones tanto entre el Frente Amplio y la coalición gobernante, como entre los propios partidos socios del oficialismo, para empezar a delinear los principales candidatos a ocupar esos cargos. “Las negociaciones se están acelerando estos días porque empieza a venir la definición final producto de esta última oportunidad”, señalaron a El País las fuentes parlamentarias.

La voluntad de los legisladores es terminar con una costumbre de los últimos años que ha llevado a que las vacantes de estos organismos -que necesitan venia del Parlamento y, por tanto, de acuerdos políticos- se ocupen siguiendo el criterio de antigüedad.

El 24 de agosto pasado, durante la última sesión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado, el senador frenteamplista Charles Carrera lo sintetizó con claridad: “Tenemos que hacer un gran esfuerzo desde el sistema político para ponernos de acuerdo en los próximos nombramientos”. Agregó que esto implicaba un “desafío muy grande” dadas las negociaciones infructuosas que hubo hasta el momento y porque “la antigüedad, como dijo algún legislador (...), no asegura que los cargos sean ocupados por los más capacitados”.

Había sido Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, quien había opinado “que sería bueno que, tanto la coalición de gobierno, como la coalición opositora, conversaran francamente sobre el tema”. Algunos nombres ya trascendieron públicamente. Uno de ellos fue el del propio Díaz -juez penal de carrera- pero ya fue descartado. Se lo había analizado como opción para ocupar la vacante en la Suprema Corte. Si bien contaba con el beneplácito del FA y cierta aceptación entre los blancos, quedó de lado debido a la oposición pública de Cabildo, expresada en la voz de su líder, Guido Manini Ríos, que dijo en julio que su colectividad “nunca apoyará” ese nombre.

Pero han surgido otros. El de Graciela Gatti, por ejemplo, ministra del Tribunal de Apelaciones y presidenta del gremio de jueces, para hacerse cargo de la Fiscalía, una posibilidad que originalmente estaba concebida en caso de que lo de Díaz pudiera acordarse en paralelo, pero que igualmente no se descarta. Y el de Enrique Rodríguez, hoy fiscal de Delitos Económicos, también para hacerse cargo del Ministerio Público.

Ambos nombres fueron propuestos por el Partido Nacional. En filas frenteamplistas el primero cuenta con más respaldo que el segundo, a quien se lo percibe de “notoria filiación” nacionalista.

Morales y Ferrero

Y a medida que se acercan los plazos legales hay más nombres en danza, porque en los últimos días surgieron figuras también para la Fiscalía. En todos los casos se trata de funcionarios de carrera dentro de la institución. Así, en diálogo entre senadores del oficialismo y de la oposición aparecieron como candidatas las fiscales Mirta Morales y Mónica Ferrero.

Morales, fiscal de Homicidio y expresidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, fue planteada desde el Frente Amplio ya que se la considera “una fiscal muy eficiente”, pero desde la coalición todavía no hubo una respuesta formal.

Mientras que el de Ferrero -histórica fiscal especializada en narcotráfico y a cargo de algunas las causas más relevantes en la materia de los últimos años- fue una propuesta trasladada por los blancos, confiaron fuentes al tanto de las conversaciones, pero su nombre no convence aún a la oposición.

Se sigue, de todos modos, en una etapa preliminar, por lo que surgirán más candidatos.

Los organismos que reúnen más acuerdo

Otros organismos, cuya integración debe ser renovada mediante acuerdo político, son la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Pero en estos casos las negociaciones están bastante acordadas.

La nueva integración de la Corte Electoral, de hecho, será votada una vez que termine de contarse las cerca de 800.000 firmas presentadas contra la ley de urgente consideración para habilitar un referéndum. En esta institución, entonces, entre noviembre y diciembre -cuando se estima que termine el proceso de validación de las rúbricas presentadas contra la LUC- ingresará Sandra Chá -por Cabildo Abierto- en lugar del colorado Juan Máspoli, y Darío Castiglioni -por el Partido Nacional- en lugar de Ana Lía Piñeyrúa. Los otros siete cargos no serán renovados porque hay acuerdo político, entre oficialismo y oposición, para que continúen en funciones.

Respecto al Tribunal de Cuentas también hay consenso para que la actual presidenta, Susana Díaz, se mantenga. Se negocia para designar a los demás integrantes del organismo.

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