HORAS IRREGULARES EN SECUNDARIA

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La investigadora por horas irregulares en Secundariallega a su tramo final. Hoy se reciben a los últimos invitados y la coalición analiza iniciar una denuncia penal por la presentación de presuntos “certificados falsos” firmados por la cúpula de Fenapes.

En total fueron citadas más de 80 personas, entre directores, subdirectores, exjerarcas del Consejo de Educación Secundaria, actuales integrantes del organismo y sindicalistas de Fenapes. Luego se inicia una etapa de elaboración de informes que seguramente se pongan a consideración en mayo y allí cada bancada, coalición y Frente Amplio, elaborarán sus propias conclusiones.

El presidente de la comisión y diputado nacionalista Alfonso Lereté dijo a El País que “se confirmó la presunta irregularidad por la que se formó la investigadora”. “Partíamos de la base de que no existía un convenio (que habilitara a profesores a faltar amparados por el artículo 70-10 del estatuto docente) y nadie trajo el documento, no existe”, subrayó.

Lereté consideró que si los certificados presentados por Fenapes son “apócrifos”, lo que se observa es que “se estaría configurando, y no lo podemos afirmar porque no somos jueces, un perjuicio económico para el Estado por parte de aquellos que faltaron, que además cobraron presentismo”.

Dadas estas primeras conclusiones, Lereté añadió que “está arriba de la mesa” la posibilidad de hacer una denuncia penal y la coalición de gobierno empezará a discutir este punto a partir de hoy.

El diputado denunciante Felipe Schipani (Partido Colorado) tendrá hoy su última tarea en la investigadora, ya que por ley no puede participar de la elaboración de los informes que se presentarán. En diálogo con El País, señaló que “quedó clara la connivencia entre las autoridades de Secundaria de la época (Celsa Puente, Javier Landoni, Isabel Jaureguy) y la cúpula de Fenapes”. “Avalaron el proceder y eso los coloca en una situación de ilegalidad. Hay hechos con relevancia penal porque en conocimiento de estas irregularidades y con informes de Jurídica que decían que no se podría hacer lo que se estaba haciendo miraron para el costado”, concluyó el legislador.

Además consideró que en lo que refiere a la cúpula de Fenapes “hay hechos de apariencia delictiva”. “Había una especie de organización para llevar adelante este fraude gigantesco”, opinó sobre la presentación de los certificados.

En la investigadora que se inició por la situación del profesor de historia de San José Marcel Slamovitz, que faltó 250 horas a clase entre 2016 y 2017, quedó claro que no era el único caso. “La investigadora comprobó que esto era una maniobra que excedía ampliamente a Slamovitz”, señaló Schipani. Según dijo, de la información brindada por los directores de liceos se desprende que los certificados se presentaron en 70 centros de todo el país y hay más de 130 dirigentes sindicales involucrados. En total, los integrantes de la comisión tienen en su poder más de 400 certificados.

Schipani señaló que se trató de una “maniobra generalizada que consistía en presentar los certificados ante las direcciones e inducirlos a error”. Lo cual, calificó de “conducta sumamente grave llevada a cabo durante años” e insistió que de esto estaban al tanto las anteriores autoridades. Además, aseguró que “hay miles de estudiantes que se quedaron sin clases porque no se dictaron miles y miles de horas”.

Fuentes de la coalición indicaron que “es casi un hecho” el envío a la Justicia de todo lo actuado por la investigadora al entender que pueden existir delitos por la presentación de los certificados (firmados por Fenapes) para justificar faltas docentes por un artículo del estatuto que no habilitaba a eso. Incluso se maneja que podría configurar fraude.

Consultado sobre la posibilidad de una denuncia penal, el diputado colorado Gustavo Zubía prefirió no adelantar los pasos a seguir. “Estamos en la etapa de presunción de irregularidades y presumiblemente pueden haber varias consecuencias”, dijo.

Desde el inicio que se conformó la comisión investigadora por las horas de Fenapes, el Frente Amplio salió a cuestionar la instancia pedida por Schipani. Luego también votó en contra de extender los plazos del trabajo legislativo, como lo solicitara el oficialismo hasta julio de este año.

En diciembre de 2021, el Frente Amplio anunció que se retiraría de la comisión investigadora por considerarla una “instancia improcedente” y haber estado el tema en la órbita de la actual dirección de Secundaria. “El plazo de la comisión investigadora ya fue suficiente, las pruebas aportadas y los testimonios brindados alcanzan para dar por cumplido su cometido”, señaló el Frente Amplio en un comunicado emitido en ese momento.

De todos modos y para sorpresa de los integrantes de la comisión, la delegación de la oposición (Lilián Galán, Enzo Malán y Federico Ruiz) se presentó este año nuevamente a la investigadora para votar autoridades y allí dejó en claro que no se retiraba totalmente, pero participaría cuando se estimara conveniente.

Zubía señaló a El País que el Frente Amplio sigue sin integrar la comisión, al no participar de la pasada reunión, lo que calificó de “una conducta errática”. “En la última sesión no estuvieron presentes y vendrán los informes en mayoría y minoría”, afirmó.

Fuentes del FA indicaron que no hay resolución sobre si presentar un informe en minoría y el tema será abordado en la próxima coordinación de bancada. No obstante, integrantes de la oposición remarcaron que la elaboración de conclusiones separadas a la de la coalición “es el escenario más probable”. El País quiso comunicarse por este tema con Galán, que oficia de vocera del FA en la investigadora, pero no tuvo respuesta de la diputada del Movimiento de Participación Popular.