Rendición de Cuentas

Sin recursos será difícil que tenga impacto, advirtió el ministro de la SCJ.

En medio del debate entre legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio sobre la pretensión de los blancos de postergar la entrada en vigencia de la ley de violencia basada en género aprobada en 2017, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, dijo que para su correcta implementación son necesarios fondos presupuestales "para que tenga impacto en la realidad".

En el marco del acto de conmemoración del 188º aniversario de la Jura de la Constitución, en el Palacio Legislativo, Chediak señaló que "se nos hace enormemente complejo funcionar, mantener el funcionamiento, y no le digo nada de crear nuevas sedes a los efectos de, por ejemplo, implementar la ley de violencia contra la mujer basada en género". El ministro explicó a la prensa que espera que "se haga una implementación decente de la ley de violencia basada en género a los efectos de que tenga impacto con la realidad, de que no sea un cumplimiento formal de la ley sino que efectivamente dé los resultados deseados y para eso lamentablemente necesitamos fondos presupuestales".

Se requieren $ 940 millones para poner en marcha los mecanismos previstos en la referida ley y no hay nada planillado en el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento. Pero se deberá esperar al menos dos años para su instrumentación ya que durante el próximo bienio no se podrán introducir nuevos gastos en el Presupuesto.

Este lunes el diputado nacionalista Pablo Abdala, que impulsa la postergación de la ley de violencia de género, o al menos el capítulo 5 que es el que regula los aspectos vinculados con los procesos judiciales, procesos de protección y medidas cautelares en beneficio de las mujeres que sufren ese tipo de violencia, señaló a El País que "tal como están planteadas las cosas, eso es letra muerta".

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. El diputado del Frente Amplio, Jorge Pozzi adelantó que no está en el pensamiento de los oficialistas posponer la ley. La normativa apunta a garantizar el derecho de las mujeres de todas las edades, incluidas las personas trans, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales o en situación de discapacidad, a vivir sin soportar actos de violencia basada en género.

Chediak dijo ayer que "si se pudiera llegar al menos parcialmente a alguna cifra menor a la que nosotros hemos pedido, como siempre estaremos dispuestos con los legisladores y el Poder Ejecutivo a discutir las cifras, del mismo modo que hicimos en relación al Código del Proceso Penal (CPP) vigente". La ley crea organismos para la atención de género, fija medidas de protección para las denunciantes y reforma el Código creando el delito de "abuso sexual", que es el abuso especialmente agravado. A su vez, también deroga un artículo que permite que los jueces eximan de culpa a un homicida que mata a su pareja al encontrarla siéndole infiel. El Poder Judicial informó al Parlamento que para poner en marcha la ley deben crearse más de 500 cargos, que serían para trabajar en 33 juzgados nuevos que precisan jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios administrativos. Además entiende que hay que reforzar el Instituto Técnico Forense (ITF). Por su parte, la Fiscalía de Corte solicita para poder hacer frente a la demanda que le genera el nuevo CPP, la suma de $ 440 millones.