PODER JUDICIAL

Caso Pluna: Lorenzo no apelará resolución ante la Suprema Corte de Justicia

En cambio, el pasado viernes el expresidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia –condenado al igual que Lorenzo- había adelantado que sí apelaría la decisión y llevaría su caso hasta la SCJ.

Fernando Calloia y Fernando Lorenzo
Fernando Lorenzo junto a sus abogados, Amadeo Ottati y Mario Spangenberg. Foto: Archivo El País 

El exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo no apelará ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la decisión del Tribunal de Apelaciones que revocó su absolución y lo condenó por el delito de abuso de funciones por su rol en el otorgamiento del aval bancario a la aerolínea Cosmo para que participara de la subasta de los aviones de la extinta Pluna en 2012.

Así lo indicó a El País uno de los abogados de Lorenzo, Mario Spangerberg. “En el mismo sentido que en todas las ocasiones anteriores, no habremos de recurrir las resoluciones judiciales en el caso Pluna”, dijo el defensor.

En cambio, el pasado viernes el expresidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia –condenado al igual que Lorenzo- había adelantado que sí apelaría la decisión y llevaría su caso hasta la SCJ.

El fallo del Tribunal de Apelaciones, conocido el jueves 23 de mayo, sostuvo que, detrás del aval a Cosmo por parte del BROU por US$ 13,6 millones, hubo una “trama teñida de opacidad”, “accionar ilícito”, se trató de “favorecer” a la empresa que oficiaba de “fachada” para “disimular la identidad del real interesado (Juan Carlos López Mena)” y un “manejo arbitrario” y una “irregular operativa” en el otorgamiento del aval.

De esa manera, el Tribunal hizo lugar al pedido del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco y decidió revocar la absolución de Lorenzo y decretar su condena por abuso de funciones. En forma simultánea, confirmó la condena a Calloia.

La sentencia condenó a Lorenzo a sufrir una pena de 20 meses de prisión (es excarcelable, motivo por el cual el exministro no irá a prisión), inhabilitación especial por el término de dos años para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables ($ 1.165.140 al día de hoy).

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