DIPLOMACIA

La embajada de Ecuador en Uruguay solicitó al Juzgado Penal de Ciudad de la Costa colaboración en investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional. Según el expediente, la Justicia ecuatoriana investiga presuntos delitos de cohecho (coimas) por parte de las constructoras Odebrecht, OAS y otras.

Ayer estaba fijada una audiencia en Ciudad de la Costa para sustanciar el pedido de la Embajada de Ecuador que consiste en tomar declaraciones de personas, recabar información o incautar documentos.

En 2017, el Procurador de Ecuador dijo que las coimas entregadas por Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de obras estatales en el país superan los US$ 50 millones, una cifra mayor a la que admite la constructora brasileña.

Odebrecht ha aceptado que repartió 33,5 millones de dólares en sobornos en el caso de Ecuador, donde las investigaciones han tocado a altas esferas del poder.

Pero el procurador general Diego García dijo que “es probable que la cifra sea superior; nuestro cálculo de la (nueva información) que hemos visto, nos permite pensar que supera los US$ 50 millones en coimas”. Esas aseveraciones ocurren después de que el vicepresidente Jorge Glas fuese detenido preventivamente en relación con el escándalo de los sobornos, que también salpica a políticos y funcionarios de países de América Latina.

En febrero de 2019, el exgerente del área internacional de contabilidad clandestina de la brasileña OAS, Alexandre Portela Barbosa, declaró que la empresa utilizó contratos ficticios en siete países para generar recursos ilegales, que luego fueron usados para pagar sobornos. Se utilizaron para este fin ilícito las oficinas de OAS en Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Británicas.

Los contratos fraudulentos firmados por estos brazos de la empresa -entre 2010 y 2014- suman US$ 120 millones, informó el diario El Comercio.

Barbosa en su delación contó que visitó el proyecto multipropósito Baba (obra de infraestructura que controla inundaciones del río Chaume y genera electricidad), junto con otro ejecutivo, porque la obra presentaba “un margen de lucro significativo”, que facilitaría el desvío de recursos.