DEMANDA EN UTE

“La funcionaria demandante cobró horas extras”, señaló.

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, negó que en el ente existan empleados que vayan a trabajar, no realicen tareas y cobren el sueldo.

En 2018, la funcionaria del ente Myriam V. inició una demanda contra UTE porque sostiene que todos los días va a trabajar y no le dan tareas desde hace tres años. Ante el Juzgado de lo Contencioso de 1er Turno reclamó que UTE la indemnice por $ 4.000.000 (US$ 119.047 al tipo de cambio interbancario promedio del viernes 22) por daño moral, daños y perjuicios y le asigne un rol en la estructura funcional. Además, surge de ese expediente judicial que son 100 los funcionarios del ente que enfrentan el mismo problema que Myriam V. luego de la aplicación de una reestructura.

Según Casaravilla, "es falso" que la empleada demandante no tenga tareas. "En todo caso, puede haber algún funcionario que no esté muy de acuerdo con la tarea que le toca hacer. Pero, en el caso concreto, esta persona ha tenido asignación de tareas, las ha realizado, en algunos momentos incluso ha cobrado horas extras", afirmó.

Casaravilla dijo que presentar recursos y reclamar ante la Justicia es un derecho de cualquier funcionario y advirtió que el pleito será dilucidado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

"En UTE actuamos bien. No tengo ninguna duda que en la empresa estatal se instrumentará lo que se ha aplicado en todos los casos: buscar lo mejor para la empresa estatal y para los empleados", dijo. De todas formas, Casaravilla advirtió que hay que entender que el puesto está hecho para la función y no para el funcionario.

Puso como ejemplo el caso de que si la empresa no necesita más técnicos en tornillos y sí expertos en tuercas, es probable que durante un tiempo coexistan ambos especialistas. Pero, agregó, los primeros deberán adaptarse a los requerimientos del ente y trabajar con tuercas.

Insistió en el hecho de que cualquier empresa que se reforma debe contemplar la situación del funcionario que tiene derechos pero también las necesidades funcionales de la compañía. "Uno podría simplemente aplicar y decir este funcionario es excedentario. Lo ponemos en una lista y tal vez alguien lo pueda tomar en el Estado. En caso contrario, ve dónde lo reubica. En UTE no hacemos eso", agregó. Y recordó que la reestructura se aplicó a 6.700 de 6.800 funcionarios. "Tenemos 100 empleados que poseen una descripción de su puesto que no se adapta a las funciones que desempeña la empresa. Pero tienen tareas", dijo.