BIEN PÚBLICO

Canales presentaron recurso contra campaña emitida por el gobierno; esta fue la resolución

Las empresas Saeta Canal 10 y Montecarlo TV interpusieron recurso de revocación por emisión de la campaña de bien público relativa al acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales.

Televisión. En 2018, los canales captarán el 37% de la inversión, lo que implica que mantiene su liderazgo como principal soporte para los anunciantes.
Foto: archivo El País.

El presidente Tabaré Vázquez confirmó la resolución dictada por el Poder Ejecutivo el 25 de mayo de 2018 que permitió a la Presidencia de la República emitir por los canales privados de televisión su campaña de bien público. 

La resolución llega luego de que Montecarlo TV S.A y la Sociedad Anónima Emisoras de Televisión y Anexo (Saeta Canal 10) emitieran un recurso de revocación en contra de la transmisión de la campaña. 

Las dos empresas habían indicado, al presentar el recurso de revocación, que la campaña de bien público conlleva un "abuso y desviación de poder" y que "carece de motivación".

Montecarlo TV por su parte señaló además que "le infringe un perjuicio económico a la vez que atenta contra la continuidad de la emisión" y que "no se le confirió vista previa". Saeta Canal 10 expresó también que hay una "violación de la Constitución".

En la resolución se indica además que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual confirmó que la emisión de los spots tiene respaldo legal en el artículo 95 de la Ley N° 19.307 sancionado el 29 de diciembre de 2014.

Además se indicó que la Suprema Corte de Justicia también expresó que no existe una violación de la Constitución en base al mismo artículo. 

La Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería entendió asimismo que la campaña fue ajustada a derecho y por tanto sugirió no hacer lugar el recurso interpuesto. 

La campaña fue emitida entre el 29 de mayo de 2018 hasta el 11 de junio del mismo año, relativa al acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. 

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