PROYECTO DE LEY

Cabildo propone "internación involuntaria" de adictos que hayan cometido delitos primarios

Se trata de una iniciativa que presentará el diputado Martín Sodano y que difiere de la propuesta de las diputadas Nibia Reisch y Silvana Pérez Bonavita que apelan a que la internación sea voluntaria.

El proyecto aplica para mayores de edad que presenten un “consumo problemático” de sustancias psicoactivas. Foto: AFP
El proyecto aplica para mayores de edad que presenten un “consumo problemático” de sustancias psicoactivas. Foto: AFP

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En el Parlamento descansan al menos diez proyectos de ley presentados por legisladores que, en diferentes períodos, han propuesto -con diferentes estrategias- la internación de adictos a las drogas. La más reciente fue la iniciativa de las diputadas Nibia Reisch (Partido Colorado) y de Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), la cual establece que toda persona adicta pueda solicitar su internación.

Sin embargo, la de Pérez Bonavita no es la única propuesta de Cabildo Abierto en este sentido. El diputado Martín Sodano trabaja en un nuevo proyecto, que según un borrador al que accedió El País, establece la “internación compulsiva”, es decir involuntaria, de adictos. Algo que tiempo atrás había sido sugerido por el expresidente frenteamplista, José Mujica.

De acuerdo a un borrador de la iniciativa a la que accedió El País, la cual tiene 18 artículos, el diputado del partido liderado por Guido Manini Ríos propondrá esta “internación involuntaria” para mayores de edad que presenten un “consumo problemático” de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales.

El plan de Sodano, es que esto se lleve a la práctica “únicamente” en aquellos casos en los que las personas “presenten conductas de riesgo contra terceros o si mismos o hayan cometido delitos primarios”.

Desde Cabildo Abierto explicaron a El País que la propuesta del diputado, a diferencia de la de Reisch y Pérez Bonavita, “es más intensa” en definir bajo qué circunstancias se podrá solicitar la internación, dado que “cuando (los adictos) están conscientes, niegan el problema”.

Sodano, que se excusó de hablar sobre el tema con El País por motivos de agenda, señaló que respondería a las consultas solo cuando “termine de pulir” el borrador o ya cuando presente el texto en el Parlamento. Sin embargo, en su partido, expresaron que “las líneas generales (del plan) ya están establecidas”.

Afinan los detalles.

El borrador del articulado añade que la petición para la internación solo podrá hacerla el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior, familiares del involucrado, su núcleo afectivo, asociaciones de consumidores problemáticos de drogas, o “cualquier interesado (empleador, vecino, personal docente o no docente del instituto educativo al que pertenece, etc.)”.

Por otro lado, el texto subraya que la petición “contará con la firma letrada obligatoria y será acompañada de un certificado médico que acredite el consumo problemático de drogas, el cual no podrá ser extendido por pariente del solicitante o del presunto consumidor problemático de droga dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Luego, un juez competente en la materia solicitará la comparecencia de la persona, que deberá efectivizarse en un plazo de 24 horas “mediante el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario”.

Adictos a la pasta base consumiendo en la calle. Foto: Archivo El País
Adictos a la pasta base consumiendo en la calle. Foto: Archivo El País

De acuerdo al artículo 7 del borrador al que accedió El País, “el juez podrá dictar de inmediato orden de asistencia médica provisoria adecuada a la circunstancia del caso, que podrá llegar hasta la internación provisional y en un plazo de 24 horas el sujeto será sometido a un examen toxicológico y multidisciplinario (psicólogos, asistentes sociales, médicos psiquiatras, etc.)”.

En todos los casos, la sede judicial deberá dictar sentencia en un plazo no mayor al de 48 horas y en caso de hacer lugar a la petición, se “ordenarán las medidas de asistencia que podrán extenderse hasta la internación y que serán cumplidas en un establecimiento sanitario especializado”, dice el texto.

Matices entre proyectos.

Mientras tanto, Reisch y Pérez Bonavita esperan que Diputados discuta este año su proyecto de ley, el que ya fue elevado y aprobado el año pasado en la Comisión de Salud por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. El mismo, que ya había sido presentado en la anterior legislatura por Reisch, sufrió algunas modificaciones, contó a El País Pérez Bonavita que preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Entre ellas, se “mejora la decisión clínica del tratamiento sobre la cantidad de meses” que una persona debe permanecer internada: “Ahora queda supeditada al profesional tratante”, explicó.

Para la presentación de la iniciativa, las legisladoras trabajaron de cerca con varios colectivos, entre ellos con la agrupación social Madres del Cerro, que representan a progenitoras de adictos. Pérez Bonavita señaló que “las familias pedían el proyecto a gritos” y que se trata de una “buena herramienta” dado que “la persona en estado lúcido podrá definir” si quiere o no internarse.

En el mismo sentido fue Reisch que contó a El País que las familias les cuentan que “cuando (los adictos) están bien, te dicen ‘por favor ayudame a salir de esto’, y cuando están en crisis, se niegan”.

Es que a diferencia del proyecto que se propone presentar Cabildo Abierto, con esta iniciativa toda persona mayor de edad “psíquicamente apta, que padezca de una adicción a cualquier tipo de drogas, en uso de su plena capacidad en forma voluntaria, consciente, libre, podrá expresar su voluntad de ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación, y reinserción social”.

Buscan que el MSP sea fiscalizador

La iniciativa de Cabildo Abierto propone que sea el Ministerio de Salud Pública (MSP) el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. En este sentido, tendrá como cometidos “controlar la aplicación de las disposiciones de protección a los consumidores problemáticos de drogas y a su núcleo, para lo cual contará con facultades inspectivas y de requerimiento de información de todos los locales sanitarios del país”. La propuesta también señala que todo adicto tendrá derecho a la salud y a la integridad física y moral, el acceso a un tratamiento que no discrimine y el derecho a organizarse en núcleos que los represente.

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