PROYECTO DE LEY

Cabildo Abierto propone que delincuentes adictos cumplan penas en centro de rehabilitación

La idea se plasmó en un proyecto de ley que será presentado en algunos días por el diputado Martín Sodano, coordinador de la bancada cabildante en la cámara.

Penal de Libertad. Foto: Darwin Borrelli
Penal de Libertad. Foto: Darwin Borrelli

Hasta ahora si alguien cometía un delito relacionado al uso problemático de drogas podía tener dos opciones: gozar de libertad a prueba o ir a la cárcel, según lo que determinara la Justicia. Cabildo Abierto plantea una nueva alternativa: que el delincuente primario pueda ser internado en un centro de rehabilitación.

El partido del senador Guido Manini Ríos quiere que la rehabilitación sea considerada una “pena sustitutiva” en situaciones de delitos menores, en caso de que estos sean cometidos por personas con problemas de consumo. La idea se plasmó en un proyecto de ley que será presentado en algunos días por el diputado Martín Sodano, coordinador de la bancada cabildante en la cámara.

Sodano cuestiona el sistema actual que, por ejemplo, otorga la llamada “libertad a prueba”, por la cual el que delinque y es adicto debe presentarse una vez por semana en Narcóticos Anónimos. Según el legislador, aunque esto sea así “no hay un real seguimiento de la persona”.

La otra alternativa, la de ir preso, tampoco lo conforma. “Si una alguien con consumo de drogas va tres meses a la cárcel se potencia, porque vive en la ley del más fuerte sin ningún tipo de amparo”, afirmó. Según el legislador, dentro de los propios establecimientos funcionan las “bocas de drogas”.

“¿Dónde está la erre del Instituto Nacional de Rehabilitación? Hay que sacársela”, afirmó en tono crítico. “Esto no es de ahora, y tampoco es culpa del Frente Amplio. Desde que inventamos las cárceles en Uruguay fracasamos”, opinó.

En el proyecto de Sodano se establece que el delincuente podrá optar entre ir a prisión o una medida sustitutiva que se deberá cumplir en un centro de rehabilitación. Para el diputado esto no implica una internación compulsiva, “porque la persona podrá elegir”.

De acuerdo al proyecto, al que tuvo acceso El País, los primarios (imputados por haber cometido un delito con consumo problemático de drogas) deberán permanecer en el centro de rehabilitación el tiempo que dure la pena. Si se recuperan antes, se pueden autorizar salidas transitorias, como sucede hoy en el caso de internos con buena conducta.

Si transcurre la mitad del tiempo del tratamiento sin haber obtenido un grado aceptable de recuperación, y si esto se debiera a la falta de colaboración del imputado, el mismo deberá cumplir con el resto de la pena prevista en una cárcel.

Dentro del proyecto se define el “uso problemático” de drogas como la relación con sustancias que por su cantidad, frecuencia y situación física, psíquica y social, produce consecuencias negativas para el consumidor y su entorno.

¿Cómo sería?

El centro de rehabilitación que plantea construir Sodano tendría instalaciones similares a la de una cárcel: guardia perimetral y operadores penitenciarios que, en conjunto con equipos técnicos que traten la rehabilitación, estarían a cargo del recinto. También quedaría bajo la órbita del INR.

No se permitiría que se cumpla la pena sustitutiva en un centro de rehabilitación en los casos de delitos gravísimos: rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio doloso, abigeato, violación y abuso sexual especialmente agravado.

Además de los primarios, podrán rehabilitarse los que hayan cometido delitos menores y sean reincidentes, siempre y cuando no hayan participado antes del sistema de pena sustitutiva. Por otro lado, los presos que tengan problemas de adicciones y tengan buena conducta podrían recibir asistencia semanal en el centro.

El juez será el que determine en una primera instancia que la persona que delinquió tiene un consumo problemático de drogas. Sin embargo, luego el caso deberá pasar a la órbita del “Consejo Nacional Asesor en Adicciones del Sistema Carcelario y medidas sustitutivas”, quien deberá determinar si corresponde el ingreso a un centro de rehabilitación.

El ámbito será presidido por el Ministerio del Interior e integrado por delegados de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación; además de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía, el comisionado parlamentario, la Junta Nacional de Drogas, ASSE y organizaciones de la sociedad civil.

Sodano planteó que la creación de un centro “es una solución”, porque hoy en día no hay plazas disponibles en el sistema público y se mandan a cumplir condenas en ONG como Beraca. “¿Cómo vas a mandar a un procesado a una ONG?”, señaló el legislador en tono crítico.

En la actualidad hay diferentes tipos de centros: dependientes de ASSE, mutualistas, privados, policlínicas municipales, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y comunidades religiosas (que ofrecen la mayor cantidad de camas). De acuerdo al proyecto, estas últimas cuentan con 2.000 cupos y el Estado tiene 238.

Según el cabildante, los fondos para la construcción de un centro especial no dependerían del Estado, sino de organizaciones internacionales. Además, indicó que esto descomprimiría el sistema que, según dijo, hoy “está colapsado” por un aumento del número de presos.

Según el último reporte del comisionado de cárceles Juan Miguel Petit hay más de 13.000 personas privadas de libertad. Esto implica 1.500 presos más desde que asumió el nuevo gobierno e implicaría que hay “hacinamiento carcelario”.

Sodano se entrevistó con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el secretario de la JND, Daniel Radío, y autoridades de ASSE para presentar el plan un plan piloto del centro de rehabilitación. El cabildante espera que este pueda estar operativo antes de que se discuta la ley y que pueda tener capacidad para 20 personas. “Esto lo podría financiar el Estado y podríamos ver si el plan es eficaz”, señaló Sodano.

36% delinquió tras consumir

Según la iniciativa, el 60% de los consumidores desarrollan dependencia de la pasta base. Además, casi la mitad de ellos ha ingresado alguna vez a prisión. De acuerdo al proyecto, también, el 36,3% de los reclusos afirmó haber cometido delitos bajo los efectos de alguna droga. De ellos, la mayoría (47.7%) había consumido pasta base y el 29.9% se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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