DERECHOS

Plazo para presentar 54.000 adhesiones expirará el lunes 25.

La comisión encargada de recolectar firmas para impulsar una consulta popular sobre la ley transgénero afronta cuatro días decisivos para completar las firmas.

Desde ahora hasta el lunes 25, cuando expira el plazo para presentarse ante la Corte Electoral, debe sumar unas 8.000 firmas más para alcanzar el mínimo indispensable, indicó a El País el presidente de la comisión, el precandidato del Partido Nacional Carlos Iafigliola. El camino constitucional elegido en esta instancia es presentar las firmas del 2% de los integrantes del padrón electoral, es decir algo más de 54.000 adhesiones (el padrón actual incluyendo los nuevos votantes es de 2.719.597 ciudadanos), para habilitar un mecanismo posterior por el cual se haría una elección no obligatoria en la que se deben reunir unas 670.000 firmas, o sea un 25% del padrón, para entonces sí, habilitar la consulta a toda la ciudadanía, esta vez para votar en forma obligatoria.

Se puede firmar en la sede del movimiento Adelante, de Iafigliola, en avenida Italia esquina Hipólito Irigoyen, de 10 a 20 horas. Hay que llevar la credencial cívica o la serie y el número memorizados.

Este mecanismo es similar al que promoviera en su momento el diputado nacionalista Pablo Abdala para someter a consideración popular la ley que despenalizó el aborto.

Iafigliola explicó a El País los motivos por los cuales discrepa con esta ley, al punto tal de querer derogarla.

“Esta es una ley peligrosa e injusta”, comentó a El País, porque “le da marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización y, con autorización de los padres, el cambio de sexo”.

“Es peligrosa porque esos procesos son irreversibles”, insistió y agregó que “es injusta -yo aclaro que respeto la dignidad humana de todas las personas- porque no entiendo por qué el Estado tiene que garantizar a una persona el cambio de sexo en forma gratuita”.

La ley que otorga beneficios a las personas transgénero se aprobó en el Parlamento en el mes de octubre de 2018 tras ásperos debates. También hubo una amplia polémica a nivel de las distintas organizaciones sociales vinculadas.