RUIZ SONDEA LA OPINIÓN DE LOS LEGISLADORES

En el BPS promueven un debate por seguridad social

La delegación de los trabajadores en el organismo hizo un planteo al FA.

BPS: cada año es mayor la contribución que debe hacer Rentas Generales para que el BPS cumpla con los pagos de jubilaciones. Foto: Fernando Ponzetto
BPS: cada año es mayor la contribución que debe hacer Rentas Generales para que el BPS cumpla con los pagos de jubilaciones. Foto: Fernando Ponzetto

En una reunión con la bancada del Frente Amplio, la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) encabezada por Ramón Ruiz, planteó que es necesario discutir a futuro una reforma de la seguridad social.

El planteo fue realizado el martes, al final de un encuentro cuyo tema central era el proyecto de ley a estudio del Parlamento para modificar la elección de los directores sociales del organismo.

Antes de despedirse, Ruiz y la delegación que lo acompañó plantearon un tema que no estaba en la agenda legislativa: la reforma de la seguridad social. La delegación dijo que le interesaba conocer qué piensan los diputados acerca del punto.

"Dijeron que sería bueno tener una especie de intercambio para ver qué está pensando cada uno con respecto a las posibilidades de hacer una reforma de este tipo", señalaron a El País fuentes de la bancada oficialista. En el BPS piensan que el diálogo por este tema debería abrirse en 2019, en plena campaña electoral.

Consultado por El País, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi confirmó el planteo realizado por la delegación de trabajadores en el BPS. "Vinieron básicamente a hablar de la nueva ley de representación social. Pero también nos dijeron que ellos tenían la intención de tener una especie de ida y vuelta para ver sobre qué parámetros estábamos pensando una posible reforma futura del sistema de seguridad social de la que tanto se ha hablado", explicó.

El primero en plantear la necesidad de hacer una reforma de la seguridad social fue el presidente Tabaré Vázquez en noviembre de 2017, mientras realizaba una gira en México. "Hay que avanzar en una segunda generación de reformas, también en el sector fiscal se tiene que vislumbrar. Y también en la seguridad social donde necesariamente el Uruguay va a tener que encarar una serie de reformas para hacer sustentable y sostenible en el tiempo esos sistemas que otorgan beneficios para la sociedad con políticas públicas", explicó Vázquez. Después de estos comentarios, no volvió a opinar sobre el tema.

Esta semana, el ministro de Economía Danilo Astori planteó formalmente la necesidad de reformar la seguridad social durante el próximo gobierno para poder contener el abultado déficit fiscal que registra el país y que se ubica en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Uruguay va a tener que encarar de cualquier manera, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, una reforma importante de la seguridad social que tome nota de los cambios que ha habido en la sociedad", señaló el ministro de Economía en entrevista con radio Sarandí. Para él, la reforma debería ser implementada en el primer año de gestión del próximo gobierno.

Sin embargo, no todos dentro del Frente Amplio están de acuerdo con esta idea de reformar la seguridad social. El ministro de Trabajo Ernesto Murro se desmarcó de esta propuesta. "Nos importa el déficit fiscal, pero más la vida de la gente", aseguró en respuesta a Astori. Sus palabras dejaron en evidencia que el tema está lejos de saldarse dentro del Ejecutivo.

Impuesto a militares.

La reforma de la seguridad social apunta a reducir la asistencia que hoy recibe el BPS de parte de Rentas Generales, que representa alrededor de US$ 600 millones.

En el año 2015 la asistencia financiera de Rentas Generales al organismo encargado de pagar las jubilaciones alcanzó los $ 11.000 millones, cifra que es siete veces la asistencia del año 2014. En 2016 se reforzó esta tendencia y la asistencia al organismo rondó los $ 14.000 millones. En tanto, para 2017 se esperan nuevos incrementos alcanzando los $ 18.000 millones.

Este aumento del gasto trae de la mano mayores presiones sobre las cuentas públicas "que no fueron enteramente previstas", según se reconoce en el capítulo de la Rendición de Cuentas sobre Seguridad Social presentada en 2017.

Un año después, el escenario sigue siendo de restricción fiscal. El déficit preocupa al gobierno y es un elemento central a tener en cuenta en la elaboración de la próxima Rendición de Cuentas que se comenzó a discutir a nivel del Ejecutivo.

Por otro lado, preocupa al Ministerio de Economía el hecho de que no se termine de sancionar a nivel parlamentario la reforma de la denominada Caja Militar. Los pedidos de Astori para acelerar el tratamiento de la iniciativa —que incluye el cobro de un impuesto a las jubilaciones militares superiores a $ 50.000 nominales— no tiene los votos para ser aprobada, por lo que se sigue incrementando el déficit que el año pasado alcanzó los US$ 470 millones.

Este sábado se reúne la Liga Federal, el sector que encabeza el diputado Darío Pérez, para definir si acompaña la votación del impuesto a los militares retirados. El legislador adelantó a varios medios de prensa que la respuesta será negativa, dado que considera inconstitucional el cobro de un tributo adicional al Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

El cobro del impuesto a los militares debería ser analizado el próximo martes 17 en la Cámara de Diputados, ya que fue incluido como tema dentro del orden del día de esa sesión. Dado que no hay votos para aprobar el proyecto del gobierno, no se descarta que el oficialismo pida una nueva prórroga para tratar de negociar con los otros partidos su sanción.

Frente dialoga por rendición

Comenzó a funcionar dentro del Frente Amplio una comisión para el estudio de la Rendición de Cuentas. A la misma se integró la vicepresidenta Lucía Topolansky.

En paralelo, el presidente Tabaré Vázquez ya inició la ronda con los diferentes ministerios para analizar sus prioridades para el año próximo y el nivel de ejecución que han tenido de los montos otorgados en el Presupuesto a los diferentes programas que desarrollan.

El escenario es de restricción fiscal y por eso será el propio presidente el que se encargará de liderar la discusión sobre el proyecto que será enviado al Parlamento el 30 de junio, fecha en que vencen los plazos legales fijados en la Constitución para hacerlo. Esta será la última oportunidad para aumentar el gasto.

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