INVESTIGAN IRREGULARIDADES EN PRESTACIONES

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La falta de controles sobre una de las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social (BPS) derivó en el pago de $ 837.547 a institutos de Salto y Rocha que debían brindar asistencia a niños y adultos con discapacidades, pero que no cumplieron con esos servicios.

El vicepresidente del BPS Daniel Graffigna, que asumió su cargo en julio del año pasado, tomó conocimiento de estas irregularidades durante recorridas por distintas dependencias del organismo ubicadas en todo el país.

La situación deriva del pago de las Ayudas Extraordinarias (Ayex). Se trata de “contribuciones económicas destinadas a la rehabilitación de niños y adultos con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, para favorecer su inserción social, educativa y cultural”, detalla el BPS en su sitio web oficial. Estas contribuciones pueden destinarse a la cobertura de servicios como fonoaudiología, fisiatría, psicomotricidad, psicología y también locomoción (para el traslado de personas con problemas de movilidad).

El valor de la partida dedicada a los servicios de salud se ubica en $ 6.387, mientras que asciende a $ 2.839 en el caso de gastos de transporte. Ambas son contribuciones que se pagan de forma mensual y por persona.

El dinero se vuelca a las instituciones que brindan los distintos servicios, explicó a El País el vicepresidente del BPS.

En sus visitas, a Graffigna le llamó la atención que hubiera prestadores con una gran cantidad de beneficiarios, incluso aunque sus instalaciones fueran reducidas. “El primer caso que detecté fue en Rocha; ahí pedí para concurrir a una de estas instituciones. Me acompañó un funcionario del BPS y me recibieron las personas que estaban a cargo del local. Pregunté cuántos beneficiarios del BPS tendrían que estar en ese momento recibiendo el tratamiento que se había determinado y cuando fuimos a la lista vimos que había bastante menos (usuarios) de los que deberían estar. Y ahí lo que me advirtió el gerente fue que se cobraba por la totalidad”, relató.

El jerarca detectó una situación similar en una visita a Salto, además de otras situaciones irregulares. Allí, la madre de una niña beneficiaria de las Ayex dijo en noviembre a la Unidad Descentralizada de Atención Integral del BPS que su hija estaba recibiendo clases de apoyo; no obstante, el equipo técnico del BPS había indicado que debía realizar sesiones de fisioterapia y psicomotricidad.

“Además de que algunos (beneficiarios) no concurren, lo otro que es grave es que los servicios técnicos del BPS determinan que una persona necesita un tratamiento concreto, por ejemplo fonoaudiología, y resulta que la institución en vez de poner a ese niño con un fonoaudiólogo le estaba dando clases con una maestra de apoyo. Eso no tiene nada que ver, no es lo que necesitaba y lo que determinaron los equipos técnicos”, señaló Graffigna. “El instituto le da (al beneficiario) lo que a ellos les parece y el BPS está pagando”, remarcó.

Graffigna informó sobre estas situaciones al directorio del BPS, y enfatizó en la necesidad de que “se ajusten los controles” sobre las Ayex. “Queremos invertir más y mejor, y maximizar los recursos, porque es de orden. Acá lo que se administra son recursos de la sociedad, dineros públicos”, recalcó.

Ante el planteo de Graffigna, el BPS envió cuerpos inspectivos a Salto y Rocha para evaluar las actuaciones de los prestadores.

Las inspecciones en Salto -realizadas entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre- arrojaron que en las cinco instituciones relevadas hubo bajos porcentajes de asistencia. En uno de los centros, el número de beneficiarios que debían estar presentes en el día y la hora de la inspección era de 190 personas, pero solo se encontraban 49, es decir casi un 25%. En otros institutos los niveles de asistencia fueron del entorno del 10%, 30% y 50%.

Según las inspecciones, entre los cinco prestadores sumaron $ 499.465 de “cobros indebidos” entre julio y noviembre.

“Cobraron por un servicio que no dieron. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que es imposible pagarle a una institución por un servicio que no brindó”, apuntó Graffigna.

“Se detectan irregularidades de significativa entidad en cuanto a la asistencia de los beneficiarios a los institutos, lo cual generará los correspondientes cobros indebidos”, concluyeron en el BPS.

En Rocha, el relevamiento efectuado en cuatro institutos del departamento determinó más inasistencias y un cobro indebido de $ 338.082.

Los resúmenes de los informes elaborados tras los operativos realizados en Salto y Rocha, a los que accedió El País, aclaran que los montos “pueden cambiar en función de la documentación por la que se intimó a los institutos y también por los posibles descargos presentados una vez enviada la vista previa”.

En el reporte sobre la situación en Rocha, los inspectores del BPS explican que las técnicas que los recibieron en algunos de los centros argumentaron que la ausencia de usuarios ese día se debía a que se había iniciado el período de evaluaciones finales. “Esta es la primera incongruencia hallada: en el reglamento de Ayex se especifica que el período de evaluación comienza el 15 de diciembre”, indicó Graffigna. La visita del cuerpo inspectivo fue realizada un día antes.

También se señala en ese mismo instituto una “ausencia de control interno” de las asistencias y “la falta de cohesión entre los profesionales de las distintas disciplinas que intervienen sobre los usuarios”.

Ahora, los centros observados podrán realizar sus descargos correspondientes de forma de “determinar las razones por las cuales era tanta la cantidad de usuarios que tendrían que estar” y no estaban, comentó Graffigna.

Para el vicepresidente del BPS, la falta de controles es de “larga data”.

Por otra parte, entiende que lejos de ser una situación puntual en dos departamentos, el problema podría extenderse a institutos de distintas localidades del país.

Por esa razón, el BPS prevé realizar próximamente nuevas inspecciones, por ejemplo en aquellas ciudades con más cantidad de beneficiarios de las Ayudas Extraordinarias.

“Ahora lo que se va a hacer es un ajuste en todos los controles y se va a tratar de implementar un mecanismo para evitar este tipo de situaciones”, remarcó Graffigna. Los institutos investigados están actualmente elaborando sus descargos.

El vicepresidente del BPS explicó que el objetivo es trabajar en forma coordinada a nivel de los distintos organismos del gobierno (ver recuadro). “Lo primordial es invertir bien y evitar estas cosas que son aberrantes”, concluyó.