UN PROBLEMA QUE CRECE

Desde 2014 va en aumento y la representación empresarial pide cambios.

El Banco de Previsión Social (BPS) encargará este año una auditoría externa sobre la institución para salvar las diferencias de criterios técnicos ocurridas con los números de 2017, las que alcanzaron a decenas de millones de dólares entre los resultados del balance hecho por la gerencia financiera de la institución y el informe de la auditoría interna del organismo.

El anuncio fue hecho ayer por el presidente de la entidad previsional Heber Galli, en su comparecencia ante la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes respondiendo a la convocatoria del diputado nacionalista Pablo Abdala, que requirió información sobre el estado financiero de la institución y su creciente déficit, que en 2017 llegó a US$ 582 millones.

En su momento, el directorio del BPS votó dividido el balance deficitario, siendo la representante por el sector empresarial, Elvira Domínguez, quien se opuso a la mayoría.

El informe de la auditoría interna del BPS que acompañó Domínguez recomendaba una evaluación externa al banco. Ayer Domínguez no concurrió a la reunión de la comisión y en su lugar lo hizo su suplente Javier Verdino, quien ratificó el criterio opuesto a la mayoría. Esto hizo que se levantaran voces de preocupación en la comisión como la que expuso Abdala por estas "diferencias de criterios políticos y técnicos entre los servicios del banco", según dijo en la reunión.

Verdino indicó en la comisión que la representación empresarial "tiene una discrepancia con los criterios que se usaron para elaborar el balance", y se apoyan en el criterio utilizado por la auditoría interna del BPS la cual recomendó "un balance diferente" al que finalmente el directorio aprobara por mayoría, constatándose una diferencia "entre la auditoría interna y la gerencia financiera", explicó Abdala.

Para el legislador "llama la atención que se elevara al directorio un determinado proyecto de balance y que luego se retirara y se sustituyera por otro". El argumento que se utilizó fue que había "diferencias técnicas" entre ambos.

Según Verdino, las diferencias tienen que ver con diversos créditos incobrables, que son valorados de modo diferente en un balance y en el otro (auditoría y gerencia financiera), también hay criterios en los que la gerencia financiera señala como sobrevaloración los aportes de República AFAP al BPS, entre otros elementos.

La representación empresarial denunció en la comisión que hubo "un cambio de criterio" en las cifras del Fonasa. "Se cambió el criterio de lo percibido y ahora se usa lo devengado", indicó Verdino. Eso, según él, determina que el déficit del Fonasa haya sido en 2017 de $ 888 millones menos que el real, según la representación empresarial.

Como resultado de las discrepancias entre los criterios técnicos empleados para elaborar el balance 2017, según la representación empresarial en el BPS hay US$ 42 millones de diferencia en el resultado final.

Es decir que si se hubiera tomado en cuenta el estudio de la auditoría interna del BPS en vez del de la gerencia financiera, el déficit 2017 debió ser de US$ 624 millones, es decir los US$ 582 millones más US$ 42 millones, tal cual quedó expuesto en la comisión legislativa.

El déficit de 2017 de la entidad que los directores presentaron ayer ante la comisión asciende a US$ 582 millones, cifra que ha venido teniendo un crecimiento continuo, según las cifras oficiales.

Los ingresos del BPS el año pasado por aportes de trabajadores y empresas llegaron a US$ 3.340 millones a los que se sumaron otros US$ 87 millones por el concepto "otros ingresos".

Mientras, los egresos por el pago de jubilaciones y pensiones llegaron a los US$ 6.115 millones. En tanto los gastos administrativos totalizaron US$ 162 millones.

En 2016 el déficit había alcanzado los US$ 440 millones, según agregaron en la comisión. De acuerdo con la información que manejan los legisladores, el balance del BPS correspondiente a 2015 cerró con US$ 390 millones de déficit.

En la comisión Abdala preguntó qué previsiones había para 2018, y los directores quedaron en enviarla al Parlamento. El País informó en abril que el balance 2014 del BPS había registrado un déficit de US$ 28 millones, aunque había existido una recaudación extra de US$ de 130 millones por devoluciones de las AFAP producto de la Ley 19.162 de desafiliación de esas administradoras.

Según se explicó en la comisión, los egresos del BPS en 2017 fueron de US$ 6.632 millones, que representa el 11,2% del Producto Interno Bruto (PIB). El 35% de eso se financia con recursos destinados por ley al BPS, como los siete puntos de IVA, que rinden US$ 1.400 millones, el IASS con otros US$ 250 millones, y algunas fuentes de ingresos más como una partida que sustituyó al Cofis y que rinde unos US$ 100 millones.

Por concepto de asistencia financiera, que es el déficit que se debe cubrir, en el 2017 llegó a la cifra señalada de US$ 582 millones, lo que representa un 9% del total de los egresos.

Por tanto, la oposición interpreta que "la sociedad destina a financiar el Banco de Previsión una cifra cercana a los US$ 3.000 millones", estimó Abdala, los que se componen aproximadamente por US$ 2.300 millones de recursos afectados más los US$ 582 de déficit, todo en 2017. Esto, indicó, con un total de 1.400.000 cotizantes.

En 2018 el rojo del organismo social llegará hasta US$ 689 millones

El déficit del Banco de Previsión Social (BPS) llegará a los US$ 689 millones en 2018, un 56,6% más que en 2016 y 21,3% más que el proyectado para 2017. Eso surge del Mensaje de Presupuesto 2018 que el organismo envió al Poder Ejecutivo en agosto pasado.

El directorio del BPS "resolvió este Mensaje en el marco del contexto de leve mejora económica nacional, de acuerdo a las pautas determinadas por el Poder Ejecutivo, e incorpora medidas buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos", señaló.

"En lo que hace a la proyección general, se estima que los ingresos serán unos US$ 11.181 millones y los egresos US$ 11.870 millones, por lo cual habría un déficit del orden de los US$ 689 millones", agregó.

"Se verifica una nueva reducción en los gastos de funcionamiento respecto al presupuesto 2014, principalmente en bienes de consumo, servicios profesionales contratados y servicios no personales contratados", indicó el organismo.

Si no se adoptan medidas, el creciente déficit del BPS a lo largo de los últimos años tenderá a agravarse debido al envejecimiento de la población que determinará un crecimiento de los pasivos en desmedro de los activos. Por esa razón el ministro de Economía, Danilo Astori, señaló en más de una oportunidad que de aquí a 2030, Uruguay deberá realizar una "reforma del sistema previsional" que "tome nota sobre la evolución demográfica de la población uruguaya".

Recordó que actualmente, Uruguay vive una etapa de "bono demográfico" caracterizada por una mayor actividad en el mercado de trabajo respecto a los pasivos y que esa etapa culmina en 2030. "Es el período que Uruguay tiene para aprovechar y estudiar cambios en el sistema previsional", afirmó Astori. Los próximos 13 años sirven para que "vayamos pensando en imprescindibles cambios en el sistema", añadió.